Cueto, Lería y LarrainVial: las poderosas manos por las que ha pasado el controvertido proyecto de tierras raras en Penco
Con la participación de influyentes grupos económicos, hasta llegar a la actual administración de Aclara Resources, la iniciativa ha tenido varios traspiés sin lograr la aprobación ambiental e hizo noticia recientemente por un duro revés en la Corte Suprema en una causa contra ambientalistas opositores. Fuente: Interferencia, 3 de julio de 2025.
El pasado martes 10 de junio, la Corte Suprema se pronunció en favor de los ambientalistas Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, a quienes la empresa Aclara -minera detrás de un proyecto en Penco– apuntó en febrero de este año mediante un recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción como los responsables de una cuenta de redes sociales en la que se publicaban cuestionamientos al proyecto minero, como también críticas a rostros visibles de la empresa.
Esto significó un nuevo escollo en el desarrollo de la iniciativa minera de tierras raras -un grupo de elementos químicos que contienen propiedades únicas y son cruciales para diversas tecnologías modernas, como la electrónica, las energías renovables y el armamento de guerra- en Penco, cuya demanda se ha acentuado y evidenciado en el escenario global producto de las tensiones bélicas y geopolíticas entre países como Estados Unidos, China, Rusia y Ucrania.
La sociedad tras este proyecto de tierras raras es Ree Uno SpA, constituida en 2011 por Manuel José Barros Lecaros. El objeto de la sociedad desde un principio fue la “búsqueda de oportunidades de inversión en la industria minera, la realización de actividades de inversión en todo tipo de derechos mineros”, y otros fines.
Ree Uno SpA tuvo distintos aumentos de capital a lo largo de los años. Ya para 2019, su capital superaba los $14 mil millones, y tenía como socios a distintos accionistas de renombre. Entre estos destacaba el Fondo de Inversión Privado Lantánidos, administrado por Minera Activa, el brazo minero de LarrainVial.
Una publicación de Ciper entregó los nombres de los aportantes de este FIP Lantánidos. Figuraba allí una sociedad ligada a Nicolás Noguera, el ejecutivo histórico de la familia Piñera Morel, que hasta hace un tiempo conducía las empresas familiares del ex presidente. También estaba la sociedad Costa Verde Portfolio S.A., ligada a los Cueto Plaza, ex socios mayoritarios de la aerolínea Latam (actualmente los Piñera Morel también participan en Costa Verde Portfolio, según un artículo de El Mercurio). Por último, figuraba Inversiones Sierra de Cameros Limitada, propiedad de la familia del empresario inmobiliario Óscar Lería Chateau.
Actualmente la administración del proyecto está a cargo de Aclara, que tiene al grupo Hochschild (Perú) como su controlador. Estos llegaron a hacerse cargo tras adquirir la propiedad en 2019, y se lo compraron precisamente al FIP Lantánidos de LarrainVial. La prensa nacional cubrió la adquisición que hizo Hochschild, pagando US$ 56,3 millones por casi la totalidad del depósito.
Otro hito importante en la historia de Aclara fue la entrada del grupo CAP a su propiedad. Según la carta a los accionistas del gerente general de CAP, incluida en la memoria anual de 2024, “en diciembre, profundizamos nuestro compromiso con las tierras raras mediante un acuerdo para adquirir el 10,18% de la matriz de Aclara Resources, operación que se materializó en febrero 2025 que marca nuestro ingreso al mercado canadiense y nuestra participación indirecta en Carina, iniciativa emblema de la firma canadiense en Brasil enfocada en la extracción de tierras raras pesadas y clave en el desarrollo de este negocio en América”.
A comienzos del mes pasado, el gerente de Aclara, Nelson Donoso, fue nombrado en el cargo de presidente de Irade, corporación que agrupa a las principales empresas de la Región del Biobío, entre ellas, las forestales Arauco y CMPC; las pesqueras Blumar, Pacific Blu y Camanchaca; las inmobiliarias Valmar y Aitue, la Universidad San Sebastián, Enap, el diario El Sur de la familia Edwards, entre muchas otras.
Hoy en día, el proyecto se encuentra ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuya calificación está en curso. En el pasado, la iniciativa ya había sido desistida por la misma empresa y ha recibido múltiples rechazos desde distintos sectores de la comunidad y de grupos ambientalistas de la zona, quienes acusan los efectos nocivos que tendría la instalación, tanto para el medioambiente como para los residentes del sector.
Respecto a la reciente decisión de la Suprema, la activista Camila Arriagada declaró en conversación con Interferencia que “lo que se falló acá no es solamente decirle a la minera que no puede perseguirnos por hacer algún tipo de publicación, sino que está diciendo que tener una oposición a un proyecto de inversión también es válido dentro de todo lo que se puede hacer legal y administrativamente”.
Junto a ello, Arriagada se refirió a la nueva ley de ‘permisología’ y describió que “las empresas tienen todo el tiempo del mundo, pueden pedir todos los plazos de la evaluación ambiental, demorarse hasta llegar también a ese otro momento donde se empiecen a implementar estos nuevos procedimientos para la evaluación ambiental. Y lo otro también que es complejo, que está como dentro de este mismo análisis, es el plan de fortalecimiento regional que lleva adelante el ministro Grau, donde la minería de tierras raras está mencionada como estratégica”.
Sobre el fallo del máximo tribunal, la minera Aclara respondió tras una solicitud de Resumen afirmando que “creemos profundamente en la libertad de expresión, en el diálogo directo para abordar nuestras diferencias, y en el respeto entre las personas y hacia los procesos institucionales. Por eso es que valoramos el reciente fallo de la Corte Suprema, que, si bien no acreditó la autoría de las publicaciones que motivaron el recurso de protección presentado por nuestra empresa, reafirma un principio que consideramos esencial: ningún actor debe vulnerar los derechos de las personas”.