“La capacidad de desalación en Chile se duplicaría en 2026”. Así informó hace dos semanas el Diario Financiero citando un análisis realizado por la empresa ACCIONA, entre cuyos negocios está la construcción de plantas desalinizadoras.

En el texto se explica que “si se consideran las plantas de Minera Collahuasi, del Distrito Norte de Codelco y de Aguas Pacífico, que está previsto que entren en operación durante 2026, en solo seis años se habrá duplicado la capacidad de producción instalada, es decir, que entre 2020 y 2026 se habrá logrado desarrollar seis mil litros por segundo (l/s), la misma capacidad de desalación de agua de mar que el país logró consolidar en los 16 años previos, es decir, entre 2003 y 2019”.

Estos datos dan cuenta de un fenómeno creciente en el país: que ante la escasez hídrica persistente, es decir, el agotamiento de las fuentes de agua dulce, se han debido buscar nuevas fuentes de agua, destacando entre ellas la desalinización; solución usada especialmente por la minería y otras industrias, cuyo consumo hídrico es alto y que poseen los recursos para financiar los altos costos de las plantas desaladoras.

Frente a esta situación, diversas voces han levantado una alerta en relación a los impactos ambientales y sociales que puede general la desalinización, especialmente a gran escala, y también en relación al vacío normativo existente en el país para regular esta práctica.

En esta línea, la Fundación Terram, acaba de publicar el documento “Herramientas para el debate sobre desalinización: potenciales impactos y escenario en Chile”, una investigación técnica y divulgativa que busca aportar al debate público ante el aumento sostenido de proyectos de desalinización a lo largo del territorio nacional.

El informe, que expone antecedentes históricos y tecnológicos de la desalinización, sus impactos ambientales y el marco normativo que hoy regula -de forma dispersa y parcial- este tipo de proyectos, fue elaborado por la bióloga marina Elizabeth Soto Muñoz y el geógrafo Pablo Madrid Arancibia.

Para conocer detalles sobre el estudio, País Circular conversó con Elizabeth Soto Muñoz, quien además de ser asesora en Terram es directora de la ONG Territorios Colectivos.

Impacto ambiental

Entre los principales riesgos ambientales identificados por el estudio están el arrastre, daño y captura de organismos marinos por los sistemas de captación; la descarga de salmuera con alta concentración de sal, metales y productos químicos, que puede afectar a ecosistemas sensibles; el alto consumo energético de estas plantas y su consecuente huella de carbono en un contexto de crisis climática, y la acumulación de impactos por concentración de proyectos en zonas costeras con alta biodiversidad.

Elizabeth Soto comenta que entre las recomendaciones principales están las relacionadas con los impactos hacia el océano y su flora y fauna, que pueden verse afectados tanto por los procesos de captación de agua como los sistemas de emisión.

“Los procesos de captación pueden dañar, e incluso producir la muerte, de diferentes organismos. Para reducir esos impactos es importante que la ubicación de los sistemas de captación de las plantas desalinizadoras esté lejos de zonas de alta productividad biológica; que se reduzca la velocidad de los sistemas de toma de agua; y se pueden instalar barreras biológicas. También es importante tener en cuenta, al definir la ubicación, la distribución y abundancia de organismos marinos, como peces y otros organismos, de tal manera que se consideren en la decisión  las dinámicas poblacionales. (…)  En general, es muy importante tener claro el comportamiento biológico del lugar donde se van a instalar los sistemas de captación de agua”.

En cuanto a los “sistemas de emisión, o de desagüe, que tienen las plantas desalinizadoras, donde sale principalmente lo reconocido como salmuera, es importante que se reduzca el volumen de salmuera; que se eliminen los productos nocivos -químicos o metales pesados- que pueda traer la salmuera; y que tenga hartos sistemas de difusión. También que, por supuesto, se ubique lejos de zonas de productividad de organismos bentónicos, por ejemplo, lejos de zonas de áreas de manejo, porque estos elementos y los cambios de salinidad que pueden venir a través de las emisiones de la salmuera pueden tener impactos significativos sobre organismos bentónicos”.

Lo anterior porque, según indica el informe, las plantas existentes o en evaluación se emplazan en zonas costeras que pueden ser ambientalmente sensibles, y que son hábitat de especies como diatomeas bentónicas, poliquetos, nematodos, pastos marinos y comunidades planctónicas que cumplen funciones ecosistémicas clave y que son importantes para la pesca.

Consultada sobre algún daño ambiental registrado en alguna desalinizadora en funcionamiento, la bióloga marina relató un evento ocurrido en abril de 2023, cuando se constató la muerte de 105 aves de la especie Cormorán Guanay al quedar atrapadas en los sistemas de aducción de agua de mar de la planta desalinizadora que abastece a la central termoeléctrica Guacolda en Huasco, esto en la región de Atacama. “Este hecho fue constatado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y posteriormente la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó un plan urgente de contingencia pues este impacto no fue analizado en el proceso de evaluación ambiental”, relató Elizabeth Soto.

“Este es uno de los casos de los que se tiene registro de un impacto directo de plantas desalinizadoras. En general, los otros impactos, a menos que sean muy graves -como en este caso que había cientos de aves muertas-, es difícil de categorizar, especialmente si no se han tomado pruebas antes de que se instale una planta”.

Esta es una de las razones -dice- por las cuales es muy importante tener un catastro del lugar antes de que se instale una planta, para poder ir evaluando en el tiempo cómo se va observando la biodiversidad marina cercana a una desalinizadora.

Conflictos sociales

Otro aspecto destacado en el informe es el impacto en las comunas aledañas y sus actividades económicas, muchas veces vinculadas a la extracción de recursos marinos y al turismo.

“Además de la evaluación exhaustiva de los lugares donde se van a colocar los sistemas de captación y los de emisión de las plantas desaladoras, es muy importante tener un ordenamiento de la zona costera. Esto tanto para las plantas que se van a instalar como para las que está en ese proceso, de manera que no existan varias plantas juntas; por ejemplo, tres plantas para tres mineras en una misma zona, porque eso hace que se incremente el impacto”, subraya Soto Muñoz.

Este ordenamiento también debe considerar si en el lugar ya existen otras industrias, como las zonas industriales o zonas de sacrificio, agrega la investigadora, porque.

Asimismo, enfatiza que “se debe tener en cuenta si en la zona existen otros emprendimientos, como por ejemplo caletas pesqueras que tienen áreas de manejo, pues se puede producir un impacto importante. Para evitar conflictos ambientales es esencial que exista un ordenamiento adecuado de la zona costera, por lo que apelamos a que exista también una ley de las zonas costeras”.

A modo de ejemplo de un conflicto social, la bióloga marina alude a lo que ocurre actualmente con el proyecto de una planta desalinizadora en la región de Valparaíso, que tendría algunas obras marítimas en el sector donde se ubica la caleta Pichicuy  (comuna de La Ligua). “Para la mayoría de quienes viven en esa caleta su sustento proviene de la pesca o del turismo en la temporada estival. (…) La planta podría afectar la pesca y las áreas de manejo, por lo que los pescadores están en alerta y su interés es que esa desalinizadora no se instale en esta zona, porque podría perturbar fuertemente su calidad de vida”.

La investigadora comenta que “no se tiene tan claro para qué se utilizaría el agua de ese proyecto -actualmente en el SEA en proceso de Participación Ciudadana-, pero en general el agua desalinizada en un 70% en Chile se dirige tanto a la minería como a la industria, y en un menor porcentaje, en un 28%, a agua potable”.

Vacío legal

“Es fundamental comprender que, si bien la desalinización puede ser parte de la solución ante la escasez hídrica, no está exenta de impactos. Y lo más preocupante es que en Chile aún no existe una ley específica que regule su operación, ubicación, ni sus emisiones al medio marino”, dice Elizabeth Soto en relación a una de las alertas que surgen a partir del estudio.

“Se está avanzando muy rápidamente la instalación de distintas plantas desalinizadoras a lo largo del país, y esto se va a incrementar quizás aún más a propósito del impulso que está dando el gobierno al hidrógeno verde [que necesita abundante agua para su producción]. Por lo tanto es necesario tener regulaciones claras y específicas para la desalación de agua de mar, que contemplen una adecuada evaluación ambiental de las plantas, considerando todos sus aspectos: los sistemas de captación y de emisión de agua, la ubicación de la planta misma en zonas costeras, así como todo la infraestructura que se requiere para llevar el agua al lugar de destino”.

A juicio de la especialista, todos esos aspectos debiesen estar integrados en un solo proyecto para su evaluación ambiental, y no de manera dispersa, pues la afectación es de un todo. Además, enfatiza la urgencia de un ordenamiento territorial para prevenir los impactos añadidos de varias plantas juntas.

Elizabeth Soto cree, asimismo, que “todos los proyectos que contemplan plantas desalinizadoras ingresen al  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”. De acuerdo al estudio, el 46% ha ingresado con EIA y el 54% con Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Sobre una legislación específica, hasta la fecha ha existido -por lo menos- ocho mociones parlamentarias que desde diferentes ángulos han tratado de abordar el tema, comenta y añade que “la única que llegó hasta el fin fue la Ley 21.639, publicada en diciembre de 2023, y que tenía que ver con dar viabilidad a infraestructura hídrica, como desalinizadora, a través de sistemas concesionales del Ministerio de Obras Públicas. La verdad es que esta ley no aborda temas de fondo. Actualmente existe una moción parlamentaria, que está avanzando en el Senado, que aborda de manera más integral el tema de las plantas desalinizadoras”.

“Lamentablemente, la instalación de plantas va mucho más rápido de lo que avanza el trámite legislativo, y lo único que tenemos en estos momentos es la Guía para la Descripción de Proyectos de Plantas Desalinizadoras en el SEIA, que publicó en marzo de 2023 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con recomendaciones. Contiene lineamientos específicos con el propósito de unificar criterios antecedentes y requisitos en la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras, pero considerando la normativa que tenemos actualmente”.

Entonces, describe la investigadora a modo de ejemplo, “normalmente los proyectos de desaladoras ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como un emisario submarino, lo que no toma en consideración todos los aspectos y complejidades que tiene una planta de este tipo”.

“Es esencial avanzar en una legislación específica, así como en una ley para un ordenamiento de la zona costera. Ambas son esenciales para que la instalación de plantas desalinizadoras no genere conflictos ni se produzca la alteración de ambientes marinos y de las comunidades”.

El documento está disponible para libre descarga en el siguiente enlace:. “Herramientas para el debate sobre desalinización: potenciales impactos y escenario en Chile”