Litio ‘carbono neutral’ de Brasil se apoyó en un proyecto cuestionado por deforestación

El supuesto ‘litio verde‘ de una empresa minera canadiense utilizaba créditos de carbono procedentes de un proyecto de compensación en la Amazonía, ahora suspendido en medio de una investigación federal. Fuente: Dialogue Earth, 30 de octubre de 2025.

La empresa Sigma Lithium suele decir que su modelo minero en Brasil está elevando la calidad del negocio global del litio.

La compañía canadiense ”está a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental y social en la cadena de suministro de materiales para baterías de vehículos eléctricos”, según sus comunicados de prensa. A su producto estrella, que extrae en el norte de Minas Gerais, Sigma lo bautizó primero como “litio verde triple cero” y más recientemente como “litio verde quíntuple cero”.

Esos múltiples “ceros” aluden a las tecnologías con que Sigma dice estar trazando “un nuevo estándar para la minería” y “el camino hacia delante para el sector metalúrgico”. Según explica, utiliza “cero agua potable” (ya que toda es agua sucia tratada y recirculada), tiene “cero presas de relaves” (dado que elimina sus residuos vendiéndolos o reciclándolos para pavimentar carreteras), usa “cero electricidad carbono intensiva” (porque toda la que usa viene de fuentes renovables) y genera “cero químicos tóxicos” (gracias a que emplea un método llamado “separación de medios densos”). Es una narrativa que está en el centro de su marketing, pero también parte de una estrategia de negocios que le ha permitido cosechar precios más altos en el mercado.

Hay un quinto cero fundamental en la narrativa de Sigma: su operación minera, dice, es “cero carbono” o “cero emisiones netas de carbono”. Eso significa que la cantidad de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que arroja a la atmósfera es igual a la que ha eliminado. Algo que ha logrado, en sus palabras, “reduciendo eficazmente su huella de carbono con una serie de iniciativas pioneras”, como las compensaciones u offsets de carbono.

Cuando Sigma Lithium anunció el 26 de julio de 2023 su primer envío de 30.000 toneladas de litio y subproductos (enviados a China en presencia del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema), explicó que había logrado la neutralidad en carbono para su envío “compensando el carbono restante «difícil de reducir o abatir» emitido durante su proceso de producción” tanto en su mina como en su planta de procesamiento. Lo hizo mediante la compra de 59.000 créditos de carbono de un proyecto del mercado voluntario de carbono en la Amazonía brasileña.

Según se informa, este proyecto redujo a cero la huella de carbono de su operación minera en su primer año de producción. Sin embargo, ha sido objeto de investigación por parte de la justicia brasileña durante más de un año, por sospechas de deforestación ilegal, apropiación indebida de tierras públicas, corrupción y otros posibles delitos, como lo demuestran una investigación periodística y la “Operación Greenwashing” de la Policía Federal de junio de 2024. Ese señalamiento llevó a que la certificadora internacional que lo avaló en su momento lo suspendiera. A hoy el proyecto sigue en pausa.

Cuando fue consultada por los periodistas para este reportaje, Sigma Lithium afirmó que no ha utilizado créditos de carbono desde 2024, cuando cambió su estrategia de utilizar compensaciones ambientales por reducir las emisiones de su propia producción: “La empresa reafirma su compromiso con una minería de muy bajo impacto ambiental, basada en la innovación tecnológica, la salud, la seguridad y la responsabilidad socioambiental, en línea con los objetivos globales de descarbonización”.

Estos son los hallazgos de una investigación periodística hecha por Repórter Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el proyecto Litio en Conflicto que reunió a diez medios de la región para entender algunos de los conflictos que rodean a la industria del litio en América Latina. Esta investigación también contó con el apoyo del Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center.

Litio verde en Brasil

La mayor atención en el mercado del litio la suelen tener Argentina, Bolivia y Chile, el llamado “triángulo del litio”, que contiene las mayores reservas del mundo.

Brasil, que alberga unos 1,3 millones de toneladas de recursos de litio, según el informe anual sobre minerales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también está tratando de entrar en este mercado. Ocupa el décimo lugar a nivel global en depósitos de litio de extracción económica o técnicamente factible. A diferencia de sus vecinos al oeste, cuyo litio se encuentra en piscinas de salmuera en lo alto de los Andes, el brasileño suele hallarse en rocas de origen volcánico.

Una de estas empresas es Sigma Lithium, una minera canadiense que lleva una década operando en el valle de Jequitinhonha, en el noreste de Minas Gerais. Allí, en los municipios de Itinga y Araçuaí, a 600 kilómetros al norte de la capital del estado, Belo Horizonte, se encuentran sus principales activos: la mina Grota de Cirilo y la planta de procesamiento Greentech.

En octubre de 2024, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del estado brasileño aprobó un financiamiento de 486,8 millones de reales brasileños (unos 89,37 millones de dólares, al tipo de cambio de la época) para la puesta en marcha de una nueva unidad de procesamiento que Sigma denomina su “segunda fábrica neutra en carbono Greentech”.

El posicionamiento público de Sigma gira en torno a los logros tecnológicos que actualmente le permiten vender su litio como “verde” y “quíntuple cero”. Es una narrativa que la empresa ha presentado en varias cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático, entre ellas las de Glasgow en 2021, Sharm al Sheikh en 2022 y Dubái en 2023.

‘Un producto premium con precio premium’

El 26 de julio de 2023, Sigma Lithium anunció con orgullo que había hecho su envío inaugural de 15.000 toneladas de “litio sostenible de alta pureza apto para baterías” y otras 15.000 toneladas de subproductos desde el puerto de Vitória.

“Fuimos fundados con la misión de producir litio ambientalmente sostenible con las menores emisiones de gases de efecto invernadero posibles”, declaró en su momento Ana Cabral, directora ejecutiva de Sigma.

Ese carácter ambientalmente sostenible y carbono neutro le permitió a Sigma vender su litio a un precio más alto en el mercado de 3.500 dólares por tonelada de litio y 350 dólares por tonelada de subproductos. “Un producto premium con precio premium”, en palabras de la minera.

Su cliente fue Yahua International Investment and Development Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong que forma parte del grupo chino Yahua. Provee hidróxido de litio a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla en Estados Unidos y BYD en China.

Para cumplir su promesa de alcanzar la carbono neutralidad en toda su cadena de producción de litio, Sigma acudió al mercado voluntario de carbono. Compró 59.000 créditos de carbono para compensar el mismo número de toneladas de CO2 emitido.

El negocio es, en el papel, un gana gana. Los proyectos REDD+, el tipo de iniciativa del mercado de carbono que eligió la minera, suelen enlazar a comunidades locales o propietarios privados que evitan la deforestación en ecosistemas estratégicos para frenar la crisis climática con empresas que buscan, como Sigma, compensar su huella de carbono pagándoles a los primeros por poder usar sus resultados ambientales.

Para ello, Sigma firmó un acuerdo con la empresa Carbonext, una de las mayores en el mercado de carbono en Brasil. Ambas celebraron públicamente la alianza. La minera enfatizó que “los créditos de carbono generados por Carbonext y sus socios son de alta calidad e integridad”. Janaína Dallan, la presidenta de Carbonext, subrayó que “proyectos como los que apoya Sigma protegen más de dos millones de hectáreas del bioma amazónico, con seguimiento constante por satélite y sobre el terreno para garantizar la alta integridad y calidad de los proyectos de conservación forestal”. Como anunciaría Sigma, gracias a ese esquema “logró exitosamente emisiones netas de carbono cero” en su envío pionero.

Sigma no es la única empresa minera que destaca públicamente su desempeño ambiental.

“Hoy resulta cada vez más beneficioso económicamente tener un discurso sobre sostenibilidad. Muchas empresas lo están haciendo no solo para tranquilizar a la sociedad civil o a los reguladores, sino que ha surgido una especie de mercado secundario para el ‘litio verde‘”, dijo a esta alianza periodística Thea Riofrancos, investigadora estadounidense y autora del libro recientemente publicado Extraction: The Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del capitalismo verde).

Un proyecto de carbono que escondía deforestación

Solo que el proyecto de carbono que terminó eligiendo Sigma Lithium a mediados de 2023 para compensar sus emisiones, llamado Unitor REDD+ Project, arrastraba un problema grave que saldría a la luz pública casi un año después.

El 28 de agosto de 2023, Sigma Mineração S.A., una de las dos filiales brasileras de Sigma, canjeó 59.000 créditos, según el registro de transacciones de la certificadora estadounidense Verra que avaló la iniciativa. Lo hizo, según el propio registro que desglosa seis transacciones, con el objetivo de “compensación ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la producción anual de Sigma Lithium en Brasil”.

El proyecto elegido gira en torno a 15 propiedades agrícolas vecinas en Lábrea, en el suroeste del estado de Amazonas. Según el documento de diseño del proyecto, este municipio tuvo la cuarta tasa más alta de deforestación de Brasil entre 2008 y 2020. Al unirse al proyecto, estas propiedades privadas, que suman un total de 99 035 hectáreas, buscaban evitar la deforestación y la venta de madera ilegal.

Los promotores del proyecto eran la empresa desarrolladora del mercado de carbono Carbonext Consultoria Ltd; y la empresa agrícola Ituxi Administração e Participação Ltd, propietaria de una de las propiedades incluidas en el esquema ambiental.  La cara visible de toda la iniciativa ambiental era el empresario Ricardo Stoppe Junior, un médico de São Paulo descrito por un portal de noticias económicas como el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil.

Validado por la auditora española Aenor y certificado por Verra en mayo de 2022, el proyecto Unitor vendió sus primeros créditos ese mismo año.

Sin embargo, no todo es lo que parecía. En mayo de 2024, se descubrió que Unitor y otro proyecto llamado Fortaleza Ituxi, (ambos ligados a Ricardo Stoppe Jr.) presentaban inconsistencias entre el volumen de madera declarado a las autoridades y la cantidad realmente talada, según imágenes de satélite. El análisis de las imágenes fue realizado por el Center for Climate Crime Analysis (CCCA) para la investigación periodística de Mongabay, en el marco del proyecto colaborativo Carbono Opaco, liderado por el CLIP.

La discrepancia encontrada en las imágenes sugería irregularidades en la gestión de la madera. El Grupo Ituxi, empresa responsable de ambos proyectos, negó a Mongabay cualquier relación con las sospechas y afirmó que todas sus iniciativas están auditadas y certificadas.

Dos semanas después de la publicación de la investigación, la Policía Federal lanzó la Operación Greenwashing contra los responsables de los proyectos de carbono, investigando posibles vínculos con el acaparamiento de tierras y la deforestación ilegal. Este año, la Policía Federal concluyó la investigación e indició a Stoppe Junior y a otras 30 personas por apropiación indebida de tierras públicas para la generación de créditos de carbono, entre otros delitos, según reveló en octubre el periódico Folha de Sao Paulo. Para la Policía Federal, existía una organización criminal en torno al esquema.

Stoppe fue detenido en junio de 2024, pero se encuentra actualmente en libertad provisional, con vigilancia electrónica. El informe final de la investigación de la Policía Federal está siendo analizado por el Ministerio Público Federal, que decidirá si denuncia el caso ante la justicia.

El 13 de junio de 2024, una semana tras la Operación Greenwashing, la certificadora Verra —que había aprobado los proyectos originalmente— los suspendió “hasta que se hayan resuelto todos los problemas o incertidumbres detectados”. Carbonext señaló a esta alianza periodística que el 8 de junio escribió a Verra informando del operativo policial y de su decisión de “suspender cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”. A octubre de 2025 Unitor aparecía en la plataforma de Verra como “en pausa”.

Sigma Lithium dijo a nuestros periodistas que está centrada en su estrategia “Quíntuple Cero”, que describió como un “modelo pionero en el sector de la minería sostenible”.

Además de Sigma, entre las empresas que compraron créditos a Unitor se encuentran la firma auditora PwC International, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la petrolera estatal austriaca OMV, la empresa belga de chocolate Guylian y la concesionaria del aeropuerto de Belo Horizonte.

Un problema de posible integridad ambiental para Sigma

Aunque Sigma Lithium no es responsable de las acciones de los promotores del proyecto Unitor y hasta donde esta alianza periodística ha podido comprobar no está señalada en la investigación policial, su nombre y su condición de compradora de créditos del proyecto apareció en al menos un documento de las autoridades brasileñas.

“Hay información sobre grandes empresas y marcas globales que utilizan los créditos irregulares mencionados para hacerse pasar por sostenibles ante sus consumidores”, afirma una recomendación legal del Ministerio Público Federal de Amazonas. En ella se pide la suspensión de los proyectos REDD+ en el estado.

Al menos desde mediados de 2024 le debió quedar claro a Sigma que los créditos de Unitor que usó para compensar sus emisiones —y anunciar la carbono neutralidad de sus operaciones el año anterior— eran problemáticos. Era un problema porque la meta de carbono neutralidad de la minera está fuertemente amarrada a las compensaciones u offsets. Como explica en un informe a sus accionistas, sus “ambiciosas metas de cero emisiones netas” son “medidas como emisiones menos créditos de carbono”.

Otro informe similar de 2023 detallaba su estrategia de cero emisiones netas. Sigma asumiría la responsabilidad de todas sus emisiones, tanto del ámbito 1 (emisiones directas), como del ámbito 2 (emisiones por consumo de energía) y del ámbito 3 (emisiones de la cadena de valor). Para este último, proponía lograrlo en dos fases: la primera en 2023, que incluiría las emisiones del transporte de sus mercancías a lo largo de los 700 kilómetros que separan Minas Gerais del puerto de Vitória; y otra a partir de 2024, que incluiría las emisiones del transporte marítimo. Para el transporte, tenía previsto utilizar biocombustibles, mientras que para las emisiones residuales —o aquellas que no pudieran reducirse por otros métodos— recurriría a créditos de carbono.

Dado que el mercado del carbono es relativamente nuevo, no hay una metodología clara y explícita sobre cómo deberían proceder las empresas que se percatan de que los créditos que compraron y usaron resultaron ser tener problemas graves ambientales o sociales. Sin embargo, tres expertos consultados por Repórter Brasil y el CLIP coinciden en que hay una responsabilidad de transparencia de esas empresas hacia sus clientes, inversionistas y la ciudadanía.

“Si se trata de una empresa seria, al tener conocimiento del caso, debería informar a los inversionistas y clientes, avisar que va a descartar los 59.000 créditos por no estar segura de su integridad y comprar otros para garantizar la producción carbono cero, esta vez prestando más atención a su calidad”, afirmó Shigueo Watanabe Jr, investigador de la organización medioambiental ClimaInfo.

Otra investigadora entrevistada por el reportaje, que prefirió permanecer en el anonimato por trabajar en el sector, coincide en que las empresas deberían actuar de forma pública y transparente. “Una empresa que sea parte interesada en un proyecto involucrado en un escándalo por posibles delitos ambientales debería hacer algún tipo de notificación pública, además de indicar su postura y lo que está haciendo para remediar la situación. Es una cuestión de reputación”, dijo.

Carbonext señaló a esta alianza periodística que, tan pronto tuvo conocimiento de las investigaciones, rescindió judicialmente los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de los tres proyectos de carbono y notificó a Verra.

A raíz de que “dichos créditos podrían verse afectados en cuanto a su propiedad y legalidad”, explicó la desarrolladora de proyectos de carbono, decidió suspender “cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”.

Carbonext no respondió si notificó de la suspensión de Unitor a las empresas que usaron sus créditos, ni si recomienda algún procedimiento a los compradores para reemplazarlos. En su visión, “no ha habido ningún problema de integridad ambiental” dado que “los trabajos propuestos por el proyecto se han implementado, auditado y sus resultados se han comprobado”.

La certificadora Verra dijo a esta alianza periodística que no informa a los usuarios de créditos de la suspensión de un proyecto dado que “Verra no participa en transacciones de mercado, lo que significa que no tenemos una relación directa con el ‘usuario final’”.

Al menos uno de los principales accionistas de Sigma tiene un interés declarado de que sus inversiones sean cada vez más bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. El Norges Bank Investment Management, que administra el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega y a través de éste el fondo soberano de inversión más grande del mundo, busca que todas las empresas en su portafolio “se comprometan a alcanzar la carbono neutralidad para 2050 o antes y que alineen sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París” y “establezcan objetivos intermedios de reducción de emisiones basados en datos científicos”.

Consultado por si estaba al tanto de los problemas de posible falta de integridad ambiental de los créditos de carbono usados por Sigma para certificar su carbono neutralidad en 2023, Norges Bank Investment Management dijo a esta alianza periodística que “no tiene ningún comentario”.

Entre el centenar de accionistas de Sigma hay sobre todo gestoras globales de inversiones (asset managers, en inglés) y bancos de todo el mundo. La mayor inversionista, con 43% de las acciones, es la empresa brasilera A10 Investimentos Ltda, una gestora de inversiones que es representada legalmente por la presidenta de Sigma Ana Cabral y controlada, según el informe financiero anual más reciente de la minera, por Marcelo Freire da Paiva, co-presidente con Cabral de la junta directiva de Sigma.

El destino del litio ‘quíntuple cero’

El comprador del primer cargamento de litio, que Sigma declaró “carbono neutral” tras comprar créditos del proyecto Unitor, fue la empresa hongkonesa Ya Hua International Investment and Development Co. Limited, una filial de la empresa china Sichuan Yahua Industrial Group Co. más conocida como Yahua Group.

Fundada en 1952, Yahua Group es una de las empresas químicas más antiguas de China. Actualmente, sus negocios se dividen entre explosivos no militares y la cadena de producción de litio, que incluye la exploración minera, el procesamiento y la venta de productos.

La empresa afirma desempeñar un “papel fundamental en la cadena de valor de la energía limpia” y cuenta con una importante cartera de clientes. Entre sus proveedores directos se encuentran empresas de vehículos eléctricos y baterías, como Tesla, BYD y CATL. Además, Yahua destaca que sus productos llegan a otras empresas del sector, como BMW y Volkswagen.

Al igual que su proveedor Sigma, Yahua concede gran importancia a la reducción de sus emisiones y ha “firmado varios compromisos para reducir la huella de carbono de sus productos”, que describe en su último informe de sostenibilidad como “verdes y con bajas emisiones de carbono”.

Esta alianza periodística preguntó a Yahua si Sigma Lithium le informó que su carga vendida en 2023 fue compensada con créditos de carbono de un proyecto que estaba siendo investigado por la Policía Federal y que había sido suspendido. Hasta la fecha de publicación, Yahua no había respondido.

El fabricante de baterías CATL confirmó que Yahua Group forma parte de su cadena de suministro, pero señaló que “según nuestro sistema de trazabilidad y el mapeo de nuestra cadena de suministro, podemos verificar que los materiales suministrados a CATL por Yahua no provienen de Sigma Lithium”. La empresa añadió que realiza “rigurosos protocolos de debida diligencia” a sus proveedores.

BYD no respondió a un correo electrónico preguntando qué medidas adoptó para verificar el origen del litio comprado a Yahua Group y garantizar que no presenta irregularidades sociales o ambientales. Tesla también fue contactada pero no respondió.

Alertas por posibles impactos en el territorio

El cuestionamiento en torno al “litio carbono cero” no es el único tema que rodea a la empresa. Asociaciones de pueblos tradicionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos han denunciado los posibles impactos negativos de la industria del litio en la región.

“Más de 100 familias afectadas alrededor del proyecto sufren a diario impactos negativos, daños colectivos e individuales, como altos índices de ruido, polvo, grietas en las casas, problemas de salud y pérdidas en la producción de alimentos”, afirma una carta firmada el 21 de agosto por 68 entidades. Entre ellas se encuentran organizaciones quilombolas (comunidades formadas por descendientes de esclavos africanos) e indígenas, sindicatos de trabajadores y políticos locales. Un mes después, el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) publicó un estudio retomando algunas de esas preocupaciones y cuestionando la pertinencia del financiamiento concedido por el BNDES estatal en el marco de su programa Guía de Bancos Responsables. Entre otras cosas, el Idec señala una “posible contradicción entre el discurso de sostenibilidad y las prácticas efectivas de Sigma”.

La carta fue una respuesta al homenaje rendido por la asamblea legislativa de Minas Gerais a la directora ejecutiva y cofundadora de Sigma Lithium, Ana Cabral. Dos días después, recibió el título de ciudadana honoraria del estado por sus “relevantes servicios prestados a Minas Gerais”.

En un dictamen publicado en diciembre de 2024, el Ministerio Público Federal (MPF) advirtió que la explotación del litio es una actividad de alto impacto ambiental “con potencial para agravar la vulnerabilidad de comunidades tradicionales”. El documento identificó 258 comunidades tradicionales afectadas por diversas empresas. “El punto central es la negación y la invisibilización de las comunidades tradicionales y la interferencia en su modo de vida sin consulta previa”, señaló Helder Magno da Silva, fiscal del MPF que solicitó el dictamen.

A principios de septiembre, el MPF envió una recomendación a la Agencia Nacional de Minería solicitando la suspensión y revisión de las autorizaciones de exploración y extracción de litio en Araçuaí, donde Sigma opera. El documento enfatiza la necesidad de una consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas que no hayan sido debidamente escuchadas antes de la aprobación de los proyectos.

Además del acceso al agua, otro problema señalado por el MPF es la emisión de polvo y la presencia de residuos tóxicos “asociados a problemas respiratorios y enfermedades de la piel en las poblaciones cercanas”. Una de ellas es la comunidad de Piauí Poço Dantas, una aldea de agricultores familiares cercana al complejo minero Grota do Cirilo. “Respiramos polvo las 24 horas del día”, contó un residente que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, refiriéndose a una de las veces que el polvo invadió la comunidad.

Los residentes de Piauí Poço Dantas también informaron del aumento del ruido en la comunidad y de grietas en las casas provocadas por las sacudidas generadas por las detonaciones. Estas percepciones figuran en un informe técnico de la Fiscalía del Estado de Minas Gerais (MPMG), en el que se escuchó a cuatro comunidades de los alrededores del proyecto.

Esta alianza periodística preguntó a Sigma por el informe del Idec cuestionando la financiación concedida por el BNDES, por los documentos del Ministerio Público Federal y por la carta firmada por 68 organizaciones. La empresa no respondió, pero en otros medios negó cualquier irregularidad en la consulta previa, relación con comunidades vecinas o su récord ambiental.

Mientras tanto, Sigma ha seguido vendiendo su “litio quíntuple cero”, que incluye la garantía de neutralidad en carbono, a otras empresas globales.

En septiembre de 2024, la minera informó que envió 22.000 toneladas al gigante automotriz japonés Mitsubishi. Entre ese mismo mes y abril de 2025, reportó haber hecho cuatro cargamentos sumando 76.000 toneladas a la empresa comercializadora de metales y minerales críticos IRH Global Trading Ltd de Emiratos Árabes Unidos, propiedad del Royal Group de Abu Dhabi.

En todas esas transacciones la minera enfatizó el “cero emisiones”, aunque no reportó públicamente si usó créditos de carbono o a cuáles proyectos acudió para lograrlo. El registro público de transacciones de Verra no lista más operaciones en las que Sigma figura como beneficiario, aunque el mercado voluntario de carbono permite a los usuarios elegir que su nombre no figure públicamente. Ante la consulta, Sigma respondió que no usa créditos de carbono desde 2024, aunque no detalló las medidas de descarbonización y eficiencia ambiental que incorporó en sus operaciones.

Al final, Sigma dio un revolcón a su estrategia de compensaciones ambientales después de que los créditos que usó para reducir las emisiones de su primer año de producción vinieron de un proyecto que está bajo investigación de la Policía Federal por posibles delitos ambientales. A pesar de eso, la minera hasta hoy sigue sin hablar de ese problema públicamente.