El dilema detrás de los 99 Sitios Prioritarios
En esta columna, Flavia Liberona analiza el proceso de reconocimiento de Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad en Chile tras la entrada en vigor de la Ley N° 21.600. A partir del reciente proceso de consulta pública impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, reflexiona sobre las tensiones entre sectores productivos y organizaciones ambientales, y plantea la urgencia de avanzar hacia una protección efectiva del patrimonio natural del país en el marco de los compromisos internacionales asumidos por Chile. Fuente: InduAmbiente, 1 de noviembre de 2025.
A lo largo de los años y bajo gobiernos de distinto color político, el país ha mantenido su compromiso con la conservación de su patrimonio natural. En los últimos 10 a 15 años, las superficies de áreas protegidas terrestres y marinas han aumentado significativamente. Con la aprobación en 2023 de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con los compromisos asumidos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, se da inicio a una nueva etapa.
Respecto a la conservación de la biodiversidad, la ley aborda la planificación ecológica y la identificación de sitios prioritarios, definiéndolos como “áreas de valor ecológico, terrestres o acuáticas, marinas o continentales, identificadas por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitats de especies amenazadas, priorizadas para la conservación de su biodiversidad”.
Adicionalmente, en el artículo 8° transitorio se establece que tanto los sitios prioritarios identificados en las Estrategias Regionales de Biodiversidad como en la Estrategia Nacional, mantendrán los efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la Ley N° 21.600 y además dispone que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) cuenta con un plazo de 5 años para publicar los decretos que reconozcan estos sitios al alero de la nueva regulación.
El proceso de consulta pública fue iniciado por el MMA en septiembre y contempla el establecimiento de 99 sitios prioritarios. Esto ha generado confusión, debate y tensiones. Por una parte, los sectores empresariales señalan que no podrán realizar actividades económicas productivas, mientras que las organizaciones ambientales locales han manifestado su preocupación y frustración debido a que algunos lugares muy valiosos en biodiversidad no fueron considerados en el listado.
Con el inicio de este proceso nos volvemos a enfrentar a visiones distintas de lo que es importante para el país. Por un lado, los sectores productivos tradicionales tienen interés en incrementar la producción, independiente de si esto afecta o no a los ecosistemas. Por otro, las ONGs locales tienen arraigo en los territorios y muchas veces han emprendido iniciativas de conservación para proteger la naturaleza de sus entornos.
Sin embargo, hay cosas sobre las cuales no debería haber duda. El mundo enfrenta una crisis climática y de pérdida de biodiversidad que se incrementa con el paso del tiempo. Además, Chile se comprometió con la meta 30 x 30 de Kunming-Montreal, es decir que el 30% de ecosistemas relevantes deben estar bajo protección para el año 2030. Esto significa que tenemos que aumentar el número y representatividad de los ecosistemas que tengan alguna figura de protección, para lo cual el establecimiento de sitios prioritarios puede ser una herramienta interesante.
Las especies y ecosistemas nativos presentes en el territorio nacional son muy valiosos y deben ser resguardados. Su sobrevivencia no es un capricho: está relacionada con nuestras formas de vida, por lo que es importante buscar salidas a la tensión existente.