El caso SQM: la génesis de la corrupción minera en Chile

En esta columna, Pablo Madrid, investigador de Fundación Terram, plantea que la absolución en el caso SQM no cierra un capítulo, sino que confirma la persistencia de una estructura de impunidad que ha permitido la captura política y del Estado por parte de la empresa. A partir del historial documentado de influencias, privilegios y reformas legales hechas a medida, advierte sobre las limitaciones del sistema judicial para sancionar la corrupción y llama a impulsar reformas profundas de probidad y transparencia que garanticen que el poder público se ejerza en beneficio del bien común y no de intereses privados. Fuente: BioBioChile, 21 de noviembre de 2025.

El reciente veredicto absolutorio del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso SQM marca un punto de inflexión que revela, más que el fin de un proceso judicial, la continuidad de un largo y estructural historial de impunidad en casos de corrupción política y captura del estado en Chile.

Tras más de una década de investigación y más de dos años y medio de juicio oral, el tribunal absolvió a todos los imputados —entre ellos el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse acusado de soborno, y el ex senador Pablo Longueira acusado de cohecho— justificando, entre otros inverosímiles argumentos, una “violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”.

Pero este desenlace judicial no borra el rastro de la documentación que demuestra la captura sistemática del estado por parte de SQM.

Como muestra el informe de Fundación Terram “SQM: La génesis de la corrupción minera en Chile”, la empresa ha sido protagonista de un entramado de poder político y económico que institucionalizó el financiamiento irregular a la política, desembolsando cuantiosas sumas de dinero a funcionarios públicos. La empresa influyó directamente en la redacción de leyes que regulan su propio negocio. Lo hizo en la reforma a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, suavizando atribuciones de fiscalización de la SMA, y en la modificación de la tributación minera del año 2010, introduciendo cláusulas que le permitieron pagar menos impuestos a través del beneficio de invariabilidad tributaria. En ambos casos, sus ejecutivos y lobbistas operaron en los pasillos del Congreso con total naturalidad, a plena vista de un Estado que hasta ahora no ha dado señales de un combate robusto a este tipo de prácticas.

Esta captura no terminó con las sanciones administrativas ni con las conciliaciones entre partes durante todo el proceso legal. A pesar de lo mencionado, la empresa continúa siendo favorecida, bajo nuevos rostros y formatos, en el marco del Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060. Dicho acuerdo —suscrito sin licitación pública ni consulta ciudadana, según documentó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados— consolida un trato preferente hacia una empresa con un largo historial de irregularidades fiscales, ambientales y políticas. En los hechos— el litio— supuesto mineral estratégico y reservado para el Estado, seguirá siendo explotado sobre la base de viejos privilegios de una empresa privada.

El veredicto absolutorio del caso no representa un cierre, sino una advertencia. Expone los límites de una justicia penal incapaz de enfrentar los mecanismos estructurales de captura política y del Estado. También revela una profunda ineficiencia institucional en materia procesal: pese a que la investigación reunió abundante evidencia acusatoria, el extenso tiempo de tramitación fue considerado por las juezas razón suficiente para absolver a los imputados.

Que una década de investigaciones termine anulada por la lentitud del propio sistema judicial no solo resulta insólito, sino que erosiona gravemente la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para sancionar la corrupción.

Si hay algo que esperar de toda esta historia con final amargo, es que la corrupción debiese combatirse con reformas estructurales. Urge implementar medidas efectivas de probidad y transparencia, poniendo en marcha, por ejemplo, todas las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Integridad Pública impulsada por la SEGPRES en 2023.

Entre ellas destaca la implementación de sistemas de integridad pública a nivel central del Estado, en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas, con códigos de conducta y estructura humana a cargo de su gestión; el incremento de estándares de transparencia en el Congreso y el Poder Judicial; el deber de denunciar actos de corrupción en funcionarios públicos, y la promoción de estándares de debida diligencia para empresas privadas.

El ejercicio de la función pública, como base fundamental, tiene que estar al orientada al bien común y no a distorsionar el marco legal y político en favor de unos pocos muy poderosos.