De perseguir la pesca ilegal a integrar red criminal: cae exjefe de Sernapesca
El exdirector regional (s) de Sernapesca en Los Ríos, Guillermo Quiroz, figura entre los 56 detenidos por integrar una red de comercio ilegal de recursos hidrobiológicos. La organización habría movido cerca de $9 mil millones y contaba con apoyo de carabineros para proteger la mercancía ilegal. Fuente: El Mostrador, 8 de junio de 2026.
Hasta hace pocos meses, Guillermo Quiroz era uno de los rostros institucionales de Sernapesca en la Región de Los Ríos. Como director regional subrogante, aparecía ante la prensa informando sobre fiscalizaciones, incautaciones y procedimientos contra el comercio ilegal de recursos hidrobiológicos. Hoy, sin embargo, figura entre los 56 detenidos en una investigación que desbarató una poderosa organización criminal dedicada precisamente a la comercialización ilegal de productos del mar.
El biólogo marino, exdirector regional (s) de Sernapesca en Los Ríos y excandidato a diputado por el PPD, fue detenido en el marco de un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público que permitió desarticular una red que, según la investigación, habría generado ingresos por casi $9 mil millones entre 2023 y 2024.
Quiroz se encontraba suspendido de sus funciones desde junio del año pasado y fue desvinculado de la institución durante mayo. Su nombre aparece ahora entre los integrantes de una estructura criminal que operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, con ramificaciones en otros puntos del país.
La investigación permitió establecer la existencia de una asociación criminal conformada por tres grupos organizados dedicados a adquirir recursos hidrobiológicos sin acreditar su origen legal ni su trazabilidad para posteriormente comercializarlos en mercados formales.
Una red con apoyo desde organismos públicos
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la participación de funcionarios públicos en la operación.
Entre los detenidos figuran al menos tres funcionarios activos de Carabineros, el mencionado funcionario de Sernapesca y un trabajador municipal de Valdivia, quienes habrían cumplido distintos roles para facilitar el funcionamiento de la organización.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, la red adquiría recursos hidrobiológicos en la zona de Calbuco, en la Región de Los Lagos, para luego trasladarlos durante la madrugada hacia Los Ríos utilizando mecanismos destinados a evadir controles y fiscalizaciones.
Los funcionarios involucrados habrían proporcionado información privilegiada sobre operativos y puntos de control, facilitando el desplazamiento de los cargamentos.
La investigación también detectó la participación de cinco trabajadoras del peaje Troncal La Unión, quienes alertaban sobre fiscalizaciones en las rutas utilizadas por la organización.
El negocio ilegal
De acuerdo con los antecedentes de la PDI, una vez ingresados a la Región de Los Ríos, los productos eran comercializados en algunos de los principales centros de venta de Valdivia, entre ellos el Mercado Municipal y la Feria Fluvial.
Parte importante de la mercancía también era enviada al Terminal Pesquero de la Región Metropolitana y a distintos puntos de comercialización en las regiones de La Araucanía y Los Lagos.
Los investigadores sostienen que la organización logró posicionarse como uno de los principales actores de este mercado ilícito, afectando directamente a comerciantes y pescadores que operan dentro del marco legal.
El análisis financiero realizado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Valdivia determinó que la organización registró ingresos observados por más de $8.811 millones entre 2023 y 2024.
Sin embargo, durante los años tributarios 2024 y 2025 los involucrados declararon poco más de $550 millones ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que deja una diferencia superior a los $8.261 millones que, según la investigación, corresponderían a ingresos no declarados.
La indagatoria también detectó la adquisición de un importante patrimonio, compuesto por 29 vehículos avaluados en más de $581 millones, cuatro inmuebles cercanos a los $395 millones y un gimnasio en Valdivia valorizado en aproximadamente $100 millones.
La causa contempla delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Los detenidos pasaron hoy a control de detención y serán formalizados en la jornada de este martes.