[La Tercera] Reforma al SEIA: gobierno ingresa indicaciones para fijar “reglas claras” y agilizar los plazos de respuestas
Este miércoles, la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados reactivará la discusión y comenzará a votar las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo. Fuente: 18 de noviembre de 2026.
Este miércoles a las 15 horas la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Humanos de la Cámara retomará la discusión del proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para ello, el gobierno ingresó una serie de indicaciones con modificaciones que apuntan a agilizar el tiempo de respuesta de las reclamaciones.
Desde el Ministerio de Medio ambiente señalaron que “las indicaciones buscan otorgar reglas claras en materia de recursos interpuestos en contra de resoluciones de calificación ambiental y agilizar la respuesta de estas, en línea con los objetivos planteados por el ministerio y perfeccionar la institucionalidad vigente”.
Así, entre los cambios se incluye uno al artículo 20, que establece que en contra de la resolución que califique ambientalmente una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el director ejecutivo del servicio.
Además, el texto indica que “en contra de la resolución que califique ambientalmente un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por el ministro del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería.
El comité deberá sesionar con la periodicidad necesaria para el oportuno conocimiento y resolución de las reclamaciones de su competencia”.
Asimismo, se menciona que “un reglamento dictado por el Ministerio del Medio ambiente regulará su organización y funcionamiento, periodicidad de sesiones, así como el procedimiento aplicable a las reclamaciones de su competencia, incluyendo las oportunidades y modalidades de sesión, los plazos de actuación, la adopción de acuerdos y las demás materias necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones”.
En las indicaciones se detalla que “el recurso podrá ser interpuesto por el titular del proyecto o actividad; por cualquier persona cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas de conformidad con los artículos 29 y 30 bis; o por cualquier persona que, sin haber participado del procedimiento de evaluación ambiental, alegue la existencia de vicios que le generen una afectación directa”.
También se establece que el plazo para interponer el recurso será de treinta días contado desde la notificación o publicación de la resolución recurrida, según corresponda.
“Para dichos efectos, el Servicio deberá publicar en el Diario Oficial, dentro del plazo de diez días contado desde su dictación, un extracto que contenga, a lo menos, el nombre del proyecto y de su titular, el número y la fecha de la resolución, el órgano que la dictó, así como la región y comuna en que se ubicará el proyecto”.
Se especifica que “interpuesto uno o más recursos de reclamación sobre un mismo acto, estos podrán acumularse y resolverse conjuntamente”.
En la indicación se establece que excepcionalmente, y “cuando se requiera para resolver el recurso, el director ejecutivo o comité de ministros según corresponda, podrá solicitar informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental”.
Se precisa que “el órgano competente resolverá el recurso, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de 30 o 60 días, según se trate de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental.
Este plazo se computará desde el día siguiente al vencimiento del último plazo para interponer el recurso de reclamación en contra de la resolución recurrida”.
El texto menciona que la resolución del director ejecutivo o Comité de Ministros que resuelve el recurso de reclamación o el rechazo solo podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental competente dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación.
“Vencido el plazo para resolver el recurso de reclamación, sin que el director ejecutivo o Comité de Ministros se haya pronunciado sobre el mismo, el reclamante podrá solicitar que se resuelva dentro del plazo de cinco días.
Cumplido dicho plazo sin que se hubiese resuelto, cualquiera de las partes interesadas en el procedimiento podrá solicitar que se certifique esta circunstancia, de forma automática y sin más trámite, en el expediente”, se plantea.
En otro de los ejes del proyecto, se fija que los proyectos serán calificados por una Comisión de Evaluación o por el director ejecutivo del servicio, según corresponda.
Así, el texto sostiene que “la Comisión señalada en el inciso anterior será presidida por el delegado Presidencial Regional, y estará integrada por los secretarios regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Turismo, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, y de Minería. El director regional del Servicio actuará como secretario de la referida Comisión”.
Ahora bien, se especifica que “las Direcciones Regionales o la Dirección Ejecutiva, según corresponda, presidirán un Comité Técnico.
Cuando la evaluación del proyecto o actividad corresponda a una Dirección Regional, el Comité Técnico estará integrado por los directores o autoridades regionales de los servicios públicos que se hayan pronunciado durante la evaluación.
En caso de que la calificación corresponda al director ejecutivo, el Comité Técnico estará integrado por las autoridades o jefes de servicio de los organismos de la Administración del Estado que se hayan pronunciado”.
El Comité Técnico deberá ser convocado a sesionar por su presidente, el director regional o el director ejecutivo del servicio, según corresponda, a lo menos cinco días antes a la calificación de un proyecto o actividad.
De esta sesión se levantará un acta que constará en el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental, y que podrá contener “recomendaciones, sugerencias de condiciones, medidas u otras, en relación con la evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad, las que deberán ser congruentes con los pronunciamientos de los organismos de la Administración del Estado que se hayan emitido durante su evaluación”.