Acusan nueva regresión ambiental en reforma al SEIA: Permite proyectos más grandes sin evaluar su impacto
Con el nuevo reglamento del SEIA, líneas eléctricas más largas, minas más intensivas y data centers con más combustible acopiado podrán construirse en Chile sin evaluar sus impactos y mitigarlos. El proyecto de reforma integral al SEIA también despierta alertas por regresión en medidas que protegen a las personas y ecosistemas. Fuente: El Desconcierto, 30 de enero de 2025.
Tanto organizaciones de base como grandes ONG especializadas en política ambiental han sido críticas con el gobierno de Gabriel Boric, acusando regresiones ambientales importantes en leyes como la reforma a los permisos sectoriales, que reemplaza evaluaciones exhaustivas de proyectos por declaraciones juradas de la empresa.
Ahora, dos iniciativas que modifican el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) han generado una nueva ola de alertas en el ambientalismo. Acusan que los cambios aprobados y los que aún están en trámite debilitan la protección ambiental al aceptar proyectos más grandes sin evaluación y al generar “fast track” para proyectos denominados como “urgentes” por criterios políticos.
Reforma al reglamento
La modificación que ha generado más preocupación es la ya aprobada y vigente modificación al reglamento del SEIA, que aumenta los umbrales de ingreso a evaluación ambiental. Así, proyectos mineros más intensivos, líneas eléctricas más grandes o instalaciones que acopian más combustible podrán construirse sin necesidad de evaluar sus impactos ambientales.
“La reforma al Reglamento del SEIA reduce el alcance de la evaluación ambiental al elevar umbrales y ampliar excepciones de ingreso bajo el argumento de la eficiencia. En la práctica, proyectos con impactos relevantes pueden quedar fuera del SEIA, como data centers de alto consumo energético e hídrico que no superan los nuevos criterios, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje inferiores a 2 kilómetros, estaciones de servicio con hasta 850 mil litros de combustible o plantas de tratamiento de residuos de mayor escala, trasladando el control ambiental a permisos sectoriales fragmentados que no permiten una evaluación integral de los impactos”, declara Catalina Salazar, abogada de la fundación Terram.
Además de aumentar los umbrales de proyectos que no deberán evaluarse, la reforma flexibiliza los cambios que se pueden hacer un proyecto de inversión, sin que estos deban ser evaluados.
“Esta flexibilización atenta contra la seguridad ambiental, ya que no considera otros factores determinantes que pueden determinar la necesidad de una evaluación adecuada, como la magnitud de una modificación o la antigüedad de la RCA. La nueva redacción tampoco permite distinguir entre el uso de diferentes tecnologías o procedimientos, elementos que puedan hacer que determinados proyectos contengan impactos ambientales sustancialmente diferentes, a pesar de corresponder a una misma tipología.
Desde los territorios, más de 200 organizaciones agrupadas bajo la Alianza Territorial por la Naturaleza y el Bienestar firmaron una carta pública acusando una “desregulación del SEIA” y exigiendo que se repongan los umbrales anteriores para proteger la salud de las personas y los ecosistemas de los que dependen.
Las organizaciones llaman a la ministra Maisa Rojas y al presidente Gabriel Boric a vetar las modificaciones. Además piden que, para determinar si un proyecto debe ser evaluado, se incorporen criterios territoriales como zonas saturadas de contaminantes, cuencas con sequía, áreas indígenas y presencia de otros proyectos que pueden generar impactos acumulativos.
Reforma al SEIA
Además de las modificaciones al reglamento, se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley de reforma integral al SEIA. Este proyecto fue inicialmente esperado por el ambientalismo, como una oportunidad para fortalecer el servicio y la evaluación.
Pero, al alero del debate sobre “permisología”, la tramitación del proyecto ha tomado un rubro calificado por especialistas en derecho ambiental como regresivo. Atravesando su primer trámite, el proyecto fue aprobado esta semana por la Comisión de Hacienda del Senado, donde se le agregaron indicaciones que aumentan las alertas.
“Durante la sesión, se votaron propuestas que no incorporan mejoras sustantivas al sistema de evaluación. Por el contrario, varias de ellas debilitan avances alcanzados previamente en la Comisión de Medio Ambiente y consolidan un enfoque que prioriza la rapidez por sobre el rigor técnico y ambiental”, declaran desde la fundación Terram.
Uno de los cambios más cuestionados corresponde a la indicación 1H, presentada por senadores de oposición, que elimina una norma clave que permitía rechazar de forma inmediata proyectos incompatibles con instrumentos de ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres y planes de adaptación al cambio climático. Con su eliminación, estos instrumentos pierden su carácter vinculante.
A esto se suma la indicación 6H, que amplía las causales para declarar proyectos como “urgentes”, habilitando evaluaciones aceleradas con menores exigencias ambientales. Para las organizaciones, esta medida abre la puerta a procesos exprés que reducen la profundidad del análisis de impactos.
En este contexto, Felipe Moreno, encargado de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, advirtió que “estas indicaciones consolidan una lógica de flexibilización que debilita el rol preventivo del SEIA. Se está priorizando la velocidad de aprobación por sobre la protección de los territorios, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades”.
Sin embargo, algunas propuestas buscan corregir retrocesos previos. La indicación 3H, por ejemplo, apunta a revertir una norma aprobada en la Comisión de Medio Ambiente que eliminaba la evaluación ambiental de modificaciones en proyectos ya aprobados. De mantenerse dicha norma, cambios relevantes podrían haberse realizado sin control ambiental.
“Si no se corrige ese punto, se abre un flanco muy peligroso: proyectos podrían transformarse sustantivamente sin pasar nuevamente por evaluación. Eso debilita todo el sistema”, agregó Moreno.
Desde Chile Sustentable y otras organizaciones, recalcaron la necesidad de que el debate continúe de manera transparente y sin presiones en el segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Finalmente, hicieron un llamado a reencauzar el proyecto hacia su objetivo original: fortalecer la institucionalidad ambiental. “Este proceso aún puede corregirse, pero requiere voluntad política para poner la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades en el centro”, concluyeron.