Bahía de Quintero: ONGs exigen que empresas se sometan a un proceso de Evaluación Ambiental
Directores ejecutivos de Greenpeace, Oceana y Fundación Terram consideran que es una medida clave que se debe aplicar al cordón industrial de la bahía de Quintero, si lo que se persigue es descontaminar la zona. Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 13 de abril de 2019.
Sin una recalificación ambiental de las empresas instaladas en el cordón industrial de la bahía de Quintero y Puchuncaví, es complejo viabilizar una efectiva descontaminación de la zona. Así lo creen las ONG Greenpeace, Oceana y Fundación Terram que, a su vez, hacen hincapié en que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), vigente desde el 30 de marzo pasado para estas comunas y Concón, no es suficiente para solucionar los impactos causados por la polución que se arrastra por décadas.
El plan “no obliga a revisar los permisos ambientales y las RCA ya disponibles en el lugar. Y al no revisarse las resoluciones de Calificación Ambiental, en la práctica no hay ninguna forma de saber de manera sinérgica cuáles son todos los impactos que están ocurriendo en el lugar, planteó el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, aclarando que la medida más apropiada para descontaminar la zona sería cerrar las empresas causantes de esta situación. “Así sería un plan de descontaminación real”, puntualizó.
“El plan no cierra las centrales contaminantes, no compromete el cierre de la fundición de Ventanas, no compromete el cierre de las centrales termoeléctricas y, por lo tanto, se perpetúa el uso del carbón como una energía fundamental, contaminando y destruyendo las vidas, algo que ha reconocido cualquier entidad de derechos humanos que haya visitado la zona”, enfatizó. La aplicación de esta medida permitiría, a su juicio, congelar el funcionamiento de aquellas industrias “que simplemente no son compatibles con el respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales”.
DEFICIENCIA
Similar opinión expresó la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth Van Der Meer, quien junto con proponer el establecimiento de un plazo perentorio para la implementación de este proceso de recalificación, emplazó desde ya a las empresas estatales ubicadas en la bahía a tomar la iniciativa en este sentido y dar el ejemplo.
“Toda empresa, aunque haya estado funcionando antes de la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debería evaluarse, estableciéndose un plazo específico para que esto ocurra y entregando un periodo a las empresas para que desarrollen sus estudios de impacto ambiental”, expresó.
Para Van der Meer, “es evidente que esto es una de las grandes deficiencias que existen hoy en día, por lo que para remediarlo las distintas industrias deben evaluarse, deben conocer la nueva línea de base y deben establecer medidas de mitigación, reparación y compensación que aseguren un ambiente libre de contaminación. Muchas de estas industrias operan con tecnología antigua y no cumplen con los estándares que se pediría a cualquier empresa que pretenda operar en la actualidad. Las empresas estatales deberían comenzar dando el ejemplo. ingresando voluntariamente al SEIA, ya que son las más contaminantes en la actualidad”.
Además, como entidad ligada específicamente a la conservación marina, recordó que el problema de contaminación que afecta a Quintero y Puchuncaví no se limita al aire. “En 2012 hicimos un estudio para analizar la presencia de metales pesados en 12 muestras de 130 individuos de cinco especies: locos, almejas, lapas, jaibas y erizos negros. Las muestras se recolectaron en seis puntos de la bahía, desde la playa. El Tebo hasta el bajo La Boca, detectando que el 100% de las especies estaban contaminadas con arsénico, cobre y cadmio. Los locos fueron las especies más contaminadas, detectándose cinco veces más de cobre y cuatro veces más arsénico que los valores máximos permitidos, mientras que las jaibas presentaron cuatro veces más cobre y arsénico”.
Por tanto, para la directora ejecutiva de Oeana en Chile es clave “efectuar eventualmente un plan de descontaminación sólo para los océanos”.
“LOS HABITANTES SUFREN”
Desde la Fundación Terram, su directora ejecutiva, Flavia Liberona, también consideró de suma importancia aplicar una evaluación ambiental a las empresas del cordón industrial. De hecho, precisó que la institución que preside elaboró un catastro “y resulta increíble que muchos proyectos no hayan sido evaluados ambientalmente en su operación principal y cuenten con un montón de permisos ambientales para obras anexas, ampliaciones u obras accesorias vía Declaración de Impacto Ambiental. Desde nuestro punto de vista, todos los proyectos que operan en la bahía deberían ser evaluados vía Estudio de Impacto Ambiental en todas sus instalaciones”.
En las actuales condiciones, ¿es posible la convivencia entre el cordón industrial de la bahía de Quintero y las comunidades que habitan a su alrededor? Para la también bióloga y experta en institucionalidad ambiental “es difícil, pues sabemos que las empresas contaminan y los habitantes sufren los efectos de esta contaminación, y hay que avanzar en soluciones que den garantías a la población. Sin embargo, si se quiere mejorar la situación de los habitantes, se debe tomar un conjunto de medidas de forma rápida como, por ejemplo, no permitir la instalación del nuevo terminal de Oxiquim ni de ninguna otra empresa. Por tanto, se deberían desafectar de uso industrial los terrenos que están en el cordón industrial en el plan regulador (PREMVAL) , además de establecer algunas medidas obligatorias para evitar el polvo en suspensión, establecer franjas de vegetación que protejan a los habitantes y establecer sistemas de monitoreo permanente a la salud de las personas”.
EFECTIVIDAD EN DUDA
Y si bien Flavia Liberona consideró un avance la puesta en marcha del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, subrayó que el instrumento “es para material particulado respirable y nada más”.
Por lo tanto, remarcó que “para proteger de verdad a la población falta mucho y lo primero es establecer una norma primaria de calidad de arsénico respirable, pues la que existía fue derogada en el gobierno de Eduardo Frei: también se debería establecer una revisión de las normas existentes de acuerdo a las recomendaciones de las Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, Chile debería dar un paso significativo y avanzar en generar una normativa para compuestos orgánicos volátiles (COVs) y compuestos orgánicos persistentes (COPs), los cuales, pese a todo lo que se diga, al parecer fueron los causantes de los episodios vividos en 2018. Esto sólo en materia de aire”.
Ahora, para el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Marías Asún, “que sea o no sea un avance es algo que va a tener que abordar la experiencia del funcionamiento del primer año”. Sin embargo, es categórico: “Nosotros ya tenemos la convicción que como tal, el plan no es suficiente para descontaminar realmente el lugar: por lo tanto, no es suficiente para que se restituya el Estado de derecho en la zona de Quintero y Puchuncaví.
A su juicio, “descontaminar y prevenir accidentes son dos cosas distintas. Cuando uno tiene una carretera mal hecha no construye un hospital al lado, lo que hace es volver a hacer la carretera. En este caso lo que tenemos es un territorio que está profundamente contaminado y lo que necesitamos no es prevenir que no se siga contaminando, sino realmente descontaminarlo. Esto significa medidas de remediación ambiental y además medidas de cierre de las industrias hasta que no haya una evaluación ambiental sinérgica”.
De lo contrario, aseveró, “va a volver a ocurrir otra crisis”.