Cámara aprueba de forma unánime Comisión Investigadora contra Aguas San Isidro por problemas sanitarios y ambientales en 5 regiones del país
La iniciativa surgió a partir de una serie de antecedentes presentados por parlamentarias que dan cuenta de distintos conflictos en los que se ha visto involucrada la empresa sanitaria, la que cuenta con más de 30.000 clientes en 14 concesiones distribuidas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. Fuente: Interferencia, 24 de agosto de 2023.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente la conformación de dos nuevas comisiones investigadoras, una de ellas por los problemas generados por una empresa sanitaria en cinco regiones y la respectiva fiscalización que debieron hacer los organismos del Estado al respecto.
El foco de las indagatorias serán los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.
Esta petición se fundamenta en las múltiples denuncias ciudadanas respecto a la mala calidad del agua potable que suministra y la contaminación ambiental que genera.
Así, esta comisión estará encargada de reunir información sobre actos del Gobierno, especialmente del Ministerio de Medio Ambiente; la Superintendencia de Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental; el Ministerio de Obras Públicas; la Superintendencia de Servicios Sanitarios; el Ministerio de Salud y sus respectivas secretarías regionales ministeriales.
Esta comisión estará encargada de reunir información sobre actos del Gobierno, especialmente del Ministerio de Medio Ambiente; la Superintendencia de Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental; el Ministerio de Obras Públicas; la Superintendencia de Servicios Sanitarios; el Ministerio de Salud y sus respectivas secretarías regionales ministeriales.
“Lo anterior, respecto de los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro (ESSSI) en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para el buen desempeño de su mandato”, se lee en la solicitud a la que tuvo acceso Interferencia en su momento.
La iniciativa fue impulsada por las diputadas Viviana Delgado y Camila Musante, ambas independientes electas por Apruebo Dignidad. Esta última parlamentaria señaló a este medio que “se trata de una empresa que cuenta con muchos casos en todo el país y no sólo de contaminación, sino también de un comportamiento incumplidor con la normativa. Conozco de cerca su realidad por lo que han hecho en sectores como Isla de Maipo, y entiendo la necesidad de fiscalizar sus externalidades negativas para las comunidades”.
Reacciones de comunidades
Tras conocerse la conformación de esta Comisión Investigadora, distintas organizaciones y representantes de comunidades afectadas entregaron sus impresiones al respecto.
Así, Jessica Pizarro González, presidenta de la ONG Quilidangui, manifestó que “la empresa San Isidro no cumple con la dotación en la calidad del agua al sector de Pichidangui. No contento con ello comienza a operar una desaladora donde todas las inmediaciones se encuentran en la localidad de Quilimarí, causando graves daños ambientales en la cuenca del río Quilimarí y así también a su humedal ya que los residuos salinos son vertidos en el lugar, además contaminando los pozos de agua legales de pequeños agricultores y así perdiendo toda la producción de sus hortalizas y fruticultivos”.
“Ya que esto presenta extrema urgencia, y daños constantes por más de una década a la salud pública y salud ambiental, pedimos las sanciones correspondientes con toda severidad, y la caducidad de la concesión de esta empresa”, expresó Pizarro.
“En Pichidangui, desde el año 2009, existe la empresa ESSSI, la cual ha perjudicado notablemente la calidad de vida de las personas por mala gestión de empresa sanitaria y por la incompetencia de las autoridades, permitiendo un abuso constante en mala calidad del agua y en tratamiento de aguas servidas provocando menoscabo en población residente y dañando la economía del lugar por ser de interés turístico. Nos urge poner fin a una concesión que no cumple en lo más mínimo con los reglamentos sanitarios vigentes”, complementó Juan Olguín, dirigente social de Pichidangui.
Sebastian Villegas, dirigente del Comité Mirador Santa Inés – Pichidangui, opinó que se encuentran “felices de que hayamos logrado al fin sacar una revisión a esta compleja empresa que ha vulnerado la vida de las personas en muchos lugares más de nuestro país. Pero con esta esperanza que ya tenemos hoy de que este grupo importante de diputados y diputadas ya están al tanto de los hechos y ahora listos para avanzar con decisiones concretas den esperanza a este balneario. San Isidro no puede seguir haciendo de las suyas. La vida de las personas es lo primero y el medio ambiente”.
Camila Musante señaló a este medio que “se trata de una empresa que cuenta con muchos casos en todo el país y no sólo de contaminación, sino también de un comportamiento incumplidor con la normativa. Conozco de cerca su realidad por lo que han hecho en sectores como Isla de Maipo, y entiendo la necesidad de fiscalizar sus externalidades negativas para las comunidades”.
Por su parte, desde la organización Resistencia Socioambiental Quilicura, afirmaron que “la comunidad quilicurana se ha opuesto de forma rotunda a la instalación de la empresa Aguas San Isidro en Quilicura, por sus potenciales emisiones de malos olores y las afectaciones ambientales a los humedales de la comuna. Debido a esto se presentaron más de 28.000 observaciones ciudadanas en contra de los dos proyectos que presentó la empresa en la comuna, lo que representa el 50% del total histórico de observantes en los procesos de participación ciudadana en Declaraciones de Impacto Ambiental en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo los proyectos con mayor oposición en la historia de este servicio”.
“A pesar de aquello, el último proyecto fue aprobado por unanimidad por los seremis de la Región Metropolitana, lo que ha generado un elevado descontento en la comunidad, además de las acusaciones de la ex seremi de Desarrollo Social hacia el Gobierno por presiones indebidas para aprobar la Planta de tratamiento en Quilicura. Es por esto que la Comisión Investigadora aprobada en el Congreso, nos resulta fundamental para saber qué es lo que realmente pasó y por qué el Gobierno autoproclamado como ‘ecologista’ aprobó el proyecto de una empresa que tiene un largo historial en Chile de atentados contra la salubridad pública y el medio ambiente”, continúan desde Resistencia Socioambiental Quilicura.
Desde Labranza, uno de los sectores más afectados por el accionar de la compañía, apuntaron que “San Isidro siempre es una empresa que no cumple con las normativas vigentes de calidad de aguas, afectado a nuestros vecinos de Labranza, con enfermedades intestinales por mala calidad de agua, vertiendo aguas servidas al estero Botrolhue y con lluvias de caca. Esta comisión servirá para pedir la máxima sanción contra ella y mejorará la legislación vigente”, dijo Fernando Arzola, vecino de Labranza.
Carola Hernández, representante de vecinos de la Villa Vintor Pablo Burchard de Padre Hurtado, describió que “desde que entregaron las viviendas en septiembre del 2020, hemos tenido problemas con los servicios entregados por Aguas San Isidro. Desde que nos entregaron las casas, lo que más ha durado una vivienda con agua caliente son 7 días, incluso menos; muchos hemos optado por cambiar los calefón e incluso les han puesto termos de agua caliente”.
“El problema radica en la calidad del agua, como ejemplo, puedo indicar que se realizó por parte de la empresa sanitaria la limpieza de cañerías con bomba, lo cual a muchos les duraba aproximadamente entre dos días a una semana. La dureza del agua entregada por la empresa ha provocado que en la mayoría de las viviendas cambien sus juegos de llaves, las lavadoras y los hervidores. El agua tiene tanta dureza que sale con piedrecillas de sarro. A pesar de que he reclamado a la empresa, en vez de entregar una solución, informaron que desde el mes de julio comenzarán a cobrar por el destape de cañerías”, dice además Hernández.
Bárbara Astudillo, asesora ambiental de Protege los Molles, aseveró que “en la localidad de Los Molles la sanitaria ha incurrido en frecuentes episodios de calidad, discontinuidad del servicio básico, contaminación del Humedal Estuario de los molles, entrega de factibilidad hídrica al complejo inmobiliario emplazado en el relleno de humedal. Una fatalidad de daño por descarga de residuos y uso de cañerías de asbesto sin inversión. Además haciendo elusión a permisos de obra de su planta de tratamiento, urge una sanción y poner fin a una concesión que pone en peligro la salud de la comunidad”.