CDE y vecinos inician alegatos por desalojos del Punilla

Este jueves continuarán los alegatos en la Corte de Apelaciones de Chillán respecto a los polémicos desalojos en San Fabián, para dar arranque a la construcción del Embalse Punilla, obra entregada en concesión a la empresa Astaldi por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Fuente: La Discusión. 9 enero de 2019.

En las audiencias que comenzaron este miércoles, respecto a la discusión de la validez que tendrían los recursos de protección interpuestos por representantes de las familias afectadas, se pide a los ministros del Tribunal de Alzada que se pronuncien sobre la validez de las decisiones del MOP respecto a los desolojos y compensanciones entregadas a los afectados.

Quien representó a los vecinos de San Fabián fue la ONG de Defensa Ambiental, a través del abogado Ricardo Frez, y por parte del MOP estuvo el Consejo de Defensa del Estado (CDE), representada por la procuradora en Ñuble, Mariella Dentone.

Para el abogado Frez la presentación de una demanda por daño ambiental, en el Tribunal Ambiental de Valdivia, el pasado 28 de diciembre, ‘pone en evidencia todas las vulneraciones que se generaron a raíz del acto de desalojo que el Ministerio de Obras Públicas, junto a la sociedad concesionaria, llevaron adelante’.

Se argumentó en esos escritos que el proceso se había desarrollado sin el resguardo de las condiciones medioambientales ‘y eso constituye un acto ilegal que tuvo consecuencias dañinas tanto para el medio humano como para los animales y el medio ambiente en general en Punilla y Los Sauces’.

Por el momento, el Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó como cautelar el no innovar, ordenando la paralización de las obras relacionadas al embalse, al menos mientras dure el proceso de litigios judiciales.

Por tal razón la postura del CDE fue la de deslegitimar esta instancia como la competente para dirimir la controversia.

‘Independiente de que existan o no otras cuestiones que pudieran ser validadas como argumentos, no es la sede el recurso de protección para discutirla, por lo que en opinión de esta parte, el recurso debiera ser rechazado’, explicó la abogada.

Respecto a los cuestionamientos de fondo hechos por los recurrentes a una supuesta ilegalidad en el proceder del MOP, Dentone respaldó el actuar de la entidad estatal basándose en el marco de acción que la garantiza la ley.

‘El propósito de nuestra comparecencia es sostener y afirmarle al tribunal que todas las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas han sido dentro del marco legal vigente y autorizadas debidamente por tribunales, de manera que no existe un actuar ni ilegal ni arbitrario’, propuso.

Este jueves en el Tribunal Ambiental de Valdivia, se estará a la espera que los demandados efectúen la contestación al recurso interpuesto por los desalojados, acción que debería realizarse, dependiendo de las notificaciones, dentro de 15 a 20 días.

No se discute el desalojo

En la ONG de Defensa Medioambiental no desconocer la legitimidad de orden de desalojo de sus representados.

Los postulados apuntan más bien a la necesidad de garantizar el cumplimiento de una serie de resguardos ambientales respecto a los desalojados.

‘Lo que se vino a alegar fue una vulneración de derechos a algunos vecinos, quienes están en la calle, puesto que al no cumplirse con las medidas pactadas, es decir, que se les entregue una casa y un terreno a su nombre, ni al dar solución a la actividad productiva que desarrollan, se están vulnerando sus derechos’, manifestó el abogado Frez.

En cuanto el recurso de protección que se discutirá hoy, y que sí apunta a eventuales irregularidades en las que habría incurrido el MOP, el abogado Giovani Gotelli, representante de quienes fueron sacados, cita que ‘algunas personas que fueron sacadas de sus casas tuvieron que dormir un par de noches a la intemperie y con lluvia, lo que demuestra que las cosas no se están haciendo en orden’.

Para Gotelli el MOP y la empresa Astaldi han insistido que el respaldar la expropiación en un marco legal, ‘les permite validar todo lo que se ha hecho, pero la ley no respalda las arbitrariedades, sin embargo con eso ellos quieren confundir a la opinión pública e incluso al mismo tribunal’.

Gotelli refuerza la queja del no cumplimiento de un plan de desarrollo social en favor de los desafectados.

‘Y el Estado, a sabiendas de que estos procesos compensatorios no están concluidos, les permite actuar y avalan las expropiaciones’, acusa.

Y otros no reciben nada

Los recurrentes están buscando las maneras de ayudar a aquellos actores secundarios de las expropiaciones y que no recibirán nada de parte del Estado.

‘Lo que tenemos acá es una compensación a las familias que, nominalmente, son los propietarios de los terrenos que se deben ocupar para la construcción del embalse, sin embargo hay muchas otras personas que estaban por décadas en esos lugares, trabajando esas tierras como arrendatarios o como inquilinos de las familias titulares. Ellos no fueron considerados en ningún plan de compensación ni de desarrollo social’, acusa el profesional.

Se espera que, como el tribunal valdiviano, la Corte local resuelva este mes.