Denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente se triplican en un año y organismo pide duplicar su dotación por mayor demanda

Un significativo aumento en la cantidad de denuncias recibidas registró la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al cierre del año pasado. El organismo recepcionó 5.697 acusaciones en 2021, cantidad que triplicó el promedio histórico anual de 1.641 denuncias desde que se creó la entidad en 2013. Fuente: El Mercurio, 13 de marzo de 2022.

El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, cuenta que esta inusitada cantidad de casos es consecuencia de que las personas pueden ingresar denuncias en línea desde el 31 de diciembre de 2020. ‘La reacción fue inmediata. La ciudadanía ha ido tomando cada vez mayor conciencia de los problemas ambientales, pero eso no se veía reflejado en el trabajo y en la demanda por servicio de la superintendencia. Antes se limitaba artificialmente el acceso de las personas a la justicia ambiental, ya que se exigía una denuncia presencial en las oficinas de la SMA, que están en las capitales de las regiones. Ahora sí es posible reflejar de mejor forma esta mayor exigencia de la comunidad en la protección ambiental’, afirma la autoridad. Este adelanto se suma a que el año pasado se logró la digitalización del 100% de los trámites que se gestionan ante la autoridad.

Del total de las denuncias registradas, un 61% tiene que ver con situaciones ligadas a ruidos y olores. El resto se vincula con materias vinculadas a residuos, emisiones atmosféricas, construcción de obras no autorizadas y afectación de flora y fauna nativa.

Otro de los aspectos relevantes se vincula con la gestión de las denuncias, que ha subido sostenidamente a través del tiempo y alcanzó su punto más alto el año pasado. Así, en 2021 se tramitó el 60% del total de denuncias acumuladas, cifra que denota un avance en comparación con el 50% de 2020. Al crearse la entidad, en 2013, la gestión de este tipo de acusaciones solo llegaba al 24%. ‘Antes el foco estaba puesto en actividades como la minería y la energía. Hoy nuestro abanico se compone de otros sectores que antes no estaban suficientemente cubiertos, como áridos, temas inmobiliarios, salmones, loteos ilegales, transmisión de energía o la agroindustria. Son materias que afectan la vida diaria de muchas personas y que hoy están teniendo respuesta de la autoridad’, destaca De La Maza.

En relación con las fiscalizaciones ambientales, el organismo realizó el año pasado un total de 4.142 procesos, cantidad que refleja un aumento de 11,3% en comparación con los 3.721 de 2020. Al crearse la SMA, el número de fiscalizaciones fue de 1.314 al cierre de 2013. ‘Intensificamos nuestro accionar en territorios ambientalmente vulnerables. Definimos 28 territorios que incluyen zonas que, por su carga ambiental, han sido expuestas a la contaminación por décadas, como Quintero, Puchuncaví, Coronel, Huasco y Arica, entre otros. Y añadimos territorios menos conocidos, pero que están con una importante presión ambiental, como Tierra Amarilla, Rahue y Teno, entre otras zonas que requerían una mayor presencia desde el punto de vista de la protección ambiental’, cuenta el superintendente. Así, agrega que se definió un número de instalaciones relevantes para controlar y se cumplió con la fiscalización del 100% de ellas. ‘Iniciamos procedimientos sancionatorios —a unas 300 instalaciones— que ya están implementando mejoras ambientales y que generarán un alivio a estas comunidades’, dice la autoridad.

Los programas de cumplimiento es otra de las herramientas que se han posicionado como un elemento relevante de colaboración entre el Estado y el sector privado con el fin de cumplir con la norma ambiental y evitar incumplimientos. ‘Debe contemplar una solución integral, ser verificable y tener eficacia, de manera que se puedan evitar todos aquellos impactos negativos al medio ambiente’, sostiene De La Maza. Un total de 146 programas de cumplimiento aprobó la superintendencia en 2021 en comparación con los 123 de 2020, lo que contempla una suma de US$ 113 millones para la ejecución de mejoras ambientales en los proyectos.

Minera Caserones se comprometió al mayor monto en materia de programas de cumplimiento en 2021, con un total de US$ 37,7 millones.

Las multas que se aplicaron sumaron US$ 12,2 millones, monto que fue relativamente similar a las sanciones por US$ 12 millones de 2020. La multa más alta que cursó la SMA en 2021 (US$ 2 millones) fue a InterChile por incumplimientos en materia de ruidos en la construcción de la línea de transmisión Cardones – Polpaico, que une las regiones de Atacama y Metropolitana.

Debido al aumento de la demanda en denuncias, fiscalizaciones y trámites, un análisis de la SMA, elaborado por PwC, concluyó que el organismo debería aumentar a más del doble su dotación a 2025, sobre todo en regiones. Hoy la dotación total es de 249 funcionarios, mientras que lo ideal a ese año sería contar con una dotación de 545 personas. ‘Creemos que es necesario invertir en fiscalización y cumplimiento con el fin de dar continuidad a que el Estado tenga una mayor presencia en estas materias. Por ejemplo, el presupuesto que tenemos como país en materia de fiscalización ambiental es siete veces menor que Perú’, advierte De La Maza.