Un dictamen de la Contraloría General de la República del 30 de septiembre marcó un nuevo escenario a nivel nacional para los proyectos inmobiliarios que se desarrollen desde ahora en áreas de preservación ecológica. Esto, porque ya no bastará solo con el permiso de edificación para realizar las obras, sino que deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ese dictamen surgió tras una consulta de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto de si las iniciativas inmobiliarias que se ejecutan en zonas de preservación ecológica debían ingresar al SEIA, mencionando como ejemplo algunos proyectos en Lo Barnechea y Colina.

En síntesis, la Contraloría estableció que el nuevo criterio considera que todos los futuros proyectos tendrán que cumplir ese trámite ambiental, mientras que para que los que partieron obras antes del dictamen no será necesario gestionar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA), explican expertos del aparato estatal y del mundo inmobiliario. Esta nueva exigencia aplica a todo el país y significará un costo adicional para los desarrolladores. Consultada por el impacto territorial de dicho dictamen, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) indica que genera un efecto en casi la mitad del territorio de la Región Metropolitana. Explica que según los datos de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Minvu 2015, de la superficie total de la RM (1.539.226 hectáreas), las áreas de preservación ecológica ocupan el 48%, es decir, 737.246 hectáreas.

La CChC añade que desde 2015 el Plan Regulador Metropolitano de Santiago no ha tenido cambios en estas áreas de preservación ecológica, por lo que los datos se encuentran vigentes. Entre las comunas con zonas protegidas están San José de Maipo, Pirque, Lo Barnechea, Tiltil, Lampa y Colina, entre otras (ver mapa). El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, valoró el dictamen de Contraloría. Respecto del tamaño del territorio afectado, sostuvo que están trabajando para determinarlo con precisión, pero indicó que ‘la mayor parte de estas áreas se encuentran vinculadas a territorios de precordillera y cordillera, por ejemplo, sobre la cota mil, y son predominantemente zonas silvestres con vegetación nativa’. Juan Armando Vicuña, vicepresidente del área Vivienda de la CChC, destaca que el dictamen no sea retroactivo. ‘Como gremio, somos firmes promotores de que existan normas claras y estables, ya que esto favorece al conjunto de la sociedad.

Por ejemplo, es fundamental conocer con anterioridad el marco jurídico aplicable antes de tomar una decisión de inversión, como es el desarrollo de un proyecto de construcción’, señaló. Vicuña añadió que ‘es necesario avanzar en una mejor definición del concepto de área colocada bajo protección oficial, de forma de evitar nuevos flancos de conflicto’. Vanessa Facuse y Jorge Bofill, abogados de Inmobiliaria e Inversiones Chicureo, titular del proyecto Hacienda Guay Guay —citado en el dictamen—, indicaron que esa iniciativa había comenzado su ejecución antes del dictamen, por lo que no requiere trámite en el SEIA. Añadieron que ‘esperamos que la SMA ponga término a los procesos iniciados por un grupo de personas, desestimando sus alegaciones de conformidad al pronunciamiento de Contraloría’.