Desalojos en San Fabián de Alico: incongruencia política y vulneración de derechos del campesinado

Postura de Fundación Terram ante la contingencia ambiental.

En el sector precordillerano de Los Sauces y La Punilla, en la comuna de San Fabián de Alico, el día miércoles 21 de noviembre comenzaron los desalojos de las últimas familias que vivían en el sector donde se construirá el Embalse Punilla, y que no aceptaron la solución ofrecida por Astaldi, empresa concesionaria encargada de la construcción y operación del megaproyecto. Como han denunciado distintos medios y organizaciones locales, lo anterior estuvo marcado por una serie de irregularidades y atropellos a las formas de vida arriera y criancera de los vecinos del sector, lo que se aprecia a simple vista de las imágenes y videos difundidos del operativo en que participó Fuerzas Especiales de Carabineros y personal de la misma empresa Astaldi.

En contraste con estos hechos, tan solo dos días antes, el 19 de noviembre, el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, con el voto favorable de Chile. Al respecto, vale la pena llamar la atención que uno de los fundamentos expresados en su preámbulo es, precisamente, “el número cada vez mayor de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que son desalojados o desplazados por la fuerza cada año”, realidad en función de la cual la Declaración contempla importantes –y no pocas– disposiciones relativas al desalojo y traslado forzado de estos grupos humanos.

Aun cuando se encuentra pendiente la aprobación de este instrumento internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre próximo, el solo hecho que su texto haya sido aprobado con el voto favorable de Chile tan solo dos días antes de los violentos e irregulares desalojos en la precordillera de San Fabián de Alico denota, nuevamente, la inconsistencia de este gobierno en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Desde Fundación Terram condenamos el proceder del gobierno frente a estos hechos e instamos a las autoridades a respetar el derecho de las poblaciones rurales a la Tierra, a un hogar y comunidad seguros donde puedan vivir en paz y dignidad de acuerdo a sus modos tradicionales de vida, así como a estar protegidos contra todo desalojo y desplazamiento forzado que los aleje de su territorio y de los recursos naturales necesarios para su subsistencia.