Editorial: ¿Qué esperamos de la reforma al SEIA ante la situación de las zonas de sacrificio?

Postura de Fundación Terram frente la contingencia ambiental.

Pareciera que a los habitantes de la Bahía de Quintero se les agotó el tiempo y la paciencia. Transcurridos más de 50 años desde la instalación del terminal ENAP y, posteriormente, de un polo industrial que contiene la mayoría de actividades “peligrosas, contaminantes y molestas” que nadie quiso en su barrio, desde hace unas tres semanas explotó un conflicto socio-ambiental que tiene como precedente el registro de reiteradas intoxicaciones en las comunidades de Puchuncaví y Quintero.

Y es que, a lo largo de varias décadas, se han instalado industrias que desde 1997 comenzaron a contar con Resoluciones de Calificación Ambiental y donde la sinergia de los contaminantes emitidos por ellas (AES Gener, Copec, Gasmar, Fundición Codelco Ventanas, Enex, ENAP, Oxiquim, entre otras) sumadas  a las permisivas regulaciones -normas de calidad y emisión-, han llevado a un contexto territorial que explotó y dejó en evidencia la precaria situación bajo la cual se ha consagrado el sacrificio de las comunas de Puchuncaví y Quintero en la Región de Valparaíso.

Aun así, este escenario era previsible y ya había sido alertada por el Estado al declarar estas comunas como “Zona Saturada por dióxido de azufre (SO2) y material particulado grueso (MP10)” en 1993 y, posteriormente, como “Zona Saturada por material particulado fino (MP2,5) y latente en MP10” en 2015; medidas que, como las Normas de Calidad Primaria del Aire y el Plan de prevención y Descontaminación de 1992, fueron incapaces de advertir la crisis ambiental y humanitaria de la cual somos testigos hoy.

Es así como esta situación deja en evidencia la imperante necesidad de que las autoridades respeten al menos la legislación vigente que establece que la normativa ambiental debe  ser revisada y actualizada cada 5 años. Además, se deben establecer mecanismos efectivos de ordenamiento territorial, igualar nuestras normas de calidad del aire con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y asegurarle a la población local que no se instalarán más proyectos contaminantes en estas comunas, aunque cuenten con RCA. Es de conocimiento público que la expansión industrial en este territorio está lejos de detenerse, ya que hay 754 hectáreas que, según la planificación, están disponibles para instalar actividades peligrosas y molestas. Ante esto, desde Fundación Terram nos preguntamos ¿qué podemos esperar de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que las autoridades de este gobierno han usado como caballo de batalla en la materia ambiental nacional?

La pregunta no es menor entendiendo que la evaluación de los futuros proyectos de inversión responden a un cuerpo jurídico-ambiental que hoy en día es mediocre y poco exigente con las actividades que generan algún grado de impacto ambiental y que, como podemos ver, también pueden llegar a generar efectos negativos en la salud de la población.

De esta forma, advertimos que la  reforma al SEIA propuesta por el gobierno no es suficiente para dar respuesta a lo que está ocurriendo en  Puchuncaví-Quintero si no se cuenta con los estándares adecuados para evaluar el futuro de proyectos que podrían reproducir el contexto de las zonas de sacrificio de nuestro país.

Por lo mismo, hoy, más que nunca, desde Fundación Terram decimos NO MÁS ZONAS DE SACRIFICIO en Chile.