Estudio U. de Chile advierte los desafíos ambientales y sociales que plantea la minería submarina
Una revisión publicada en Minerals, liderada por Fernanda Espínola, candidata a doctora en Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, analiza los impactos ambientales, sociales y económicos de la extracción de minerales desde fondos marinos profundos. El trabajo plantea que, aunque esta actividad podría abrir una nueva fuente de minerales críticos para la electromovilidad y las tecnologías limpias, aún existen importantes incertidumbres científicas, regulatorias y socioeconómicas antes de pensar en una explotación comercial a gran escala. Fuente: U de Chile, 7 de julio de 2026.
La demanda global por minerales críticos para baterías, redes eléctricas, turbinas eólicas y vehículos eléctricos ha instalado una pregunta cada vez más presente en la discusión internacional: ¿podría el fondo del mar transformarse en una nueva frontera para abastecer la transición energética? Un estudio liderado desde la Universidad de Chile advierte que la respuesta requiere cautela.
Publicado en la revista Minerals, el trabajo Can Deep-Sea Mining Contribute to the Supply of Critical Minerals Without Compromising Sustainability? fue desarrollado por Fernanda Espínola, candidata a doctora en Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, junto a Luis Felipe Orellana y Emilio Castillo, investigadores del Departamento de Ingeniería de Minas y del Advanced Mining Technology Center de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
La investigación analiza el estado actual del conocimiento sobre la llamada minería submarina, actividad que consiste en la extracción de recursos minerales ubicados en el fondo marino, especialmente en zonas profundas del océano. Aunque existen distintos tipos de recursos, la investigación y el desarrollo tecnológico se han concentrado principalmente en tres depósitos: nódulos polimetálicos, costras ferromanganesíferas y sulfuros masivos del fondo marino.
Estos depósitos pueden concentrar elementos de alto valor estratégico. En los nódulos polimetálicos, por ejemplo, se busca principalmente manganeso, níquel, cobre y cobalto. En las costras ferromanganesíferas pueden encontrarse cobalto, níquel, cobre, titanio, molibdeno y tierras raras. En tanto, los sulfuros masivos del fondo marino pueden contener cobre, zinc, plomo, oro y plata.
“El interés global se explica principalmente por la creciente demanda de minerales críticos. Hoy existe una presión importante por asegurar el suministro de metales necesarios para la transición energética, la electromovilidad y las tecnologías limpias“, explica Fernanda Espínola.
La investigadora de la U. de Chile detalla que elementos como el cobalto y el níquel son utilizados en baterías; el cobre es clave para infraestructura eléctrica, motores, transformadores y redes; y algunas tierras raras se emplean en imanes de alto rendimiento, presentes en turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Por eso, dice, la minería submarina aparece como una posible fuente alternativa de minerales estratégicos. Sin embargo, advierte que ese potencial no puede analizarse de manera aislada.
“Más que entenderla solo como una nueva oportunidad minera, la minería submarina debe analizarse con cautela, porque todavía existen importantes incertidumbres ambientales, regulatorias y socioeconómicas“, dice Fernanda Espínola.
Ecosistemas profundos y de lenta recuperación
Uno de los principales aportes del estudio publicado en Minerals es la propuesta de una clasificación sistemática de los impactos ambientales asociados a la minería submarina. La revisión distingue dos grandes grupos: aquellos que afectan directamente a la biodiversidad y aquellos que comprometen el medio geológico del fondo marino.
En el primer grupo se incluyen efectos como la eliminación de hábitat, la contaminación acústica y lumínica, la resuspensión de sedimentos, la generación de plumas de descarga y la posible liberación de toxinas. Estos impactos podrían afectar a organismos bentónicos, especies filtradoras y comunidades adaptadas a condiciones de oscuridad, baja perturbación y alta estabilidad ambiental.
El segundo grupo considera impactos sobre la estructura física y geoquímica del fondo marino, como la alteración del sustrato, la liberación de carbono, la alteración térmica y la contaminación operacional. En palabras simples, plantea Espínola, el problema no se limita a la vida marina visible, sino que también involucra el soporte físico, químico y biogeoquímico de ecosistemas todavía poco conocidos.
“Estamos hablando de intervenir ecosistemas de profundidad que han permanecido relativamente estables durante miles o incluso millones de años, y de los cuales todavía sabemos poco”, sostiene.
La autora advierte que estos impactos no deben evaluarse únicamente como eventos puntuales. Muchos de estos ecosistemas presentan tasas de crecimiento biológico y geológico extremadamente lentas, por lo que persisten dudas sobre la duración de los impactos, la sensibilidad de las comunidades abisales y su capacidad real de recuperación.
“Más que hablar solo de impactos individuales, el desafío es entender los efectos acumulativos y de largo plazo de intervenir ambientes que todavía conocemos de manera limitada”, plantea.
El llamado a la cautela
El debate internacional sobre minería submarina se ha intensificado en los últimos años. Mientras algunos países y empresas observan en esta actividad una posible vía para diversificar el suministro de minerales críticos, parte de la comunidad científica y diversas organizaciones han pedido moratorias o pausas precautorias ante la falta de evidencia suficiente sobre sus consecuencias.
Para Espínola, la discusión no debe plantearse como una oposición simple entre estar a favor o en contra. A su juicio, la minería submarina puede representar una alternativa frente a la creciente demanda de minerales críticos, pero eso no significa que hoy existan todas las condiciones para avanzar hacia una explotación comercial a gran escala.
“Todavía existen brechas importantes. Hay más investigación que hace algunos años, especialmente en términos ambientales, tecnológicos y regulatorios, pero aún falta evidencia sobre impactos acumulativos, efectos de largo plazo, capacidad real de recuperación de los ecosistemas profundos y también sobre las consecuencias sociales y económicas que podría generar esta actividad”, señala.
Esta mirada dialoga con un trabajo bibliométrico anterior de la misma línea de investigación, publicado en Mining, que analizó 911 publicaciones sobre minería submarina. Ese estudio mostró que la investigación científica se ha concentrado principalmente en las dimensiones tecnológica y ambiental, mientras que los aspectos sociales y económicos siguen siendo menos abordados.
Desde esa perspectiva, la autora de la Casa de Bello plantea que la postura más responsable es avanzar con un enfoque precautorio, fortaleciendo primero las líneas base ambientales, los sistemas de monitoreo, los estándares de desempeño, la fiscalización y los mecanismos de gobernanza.
“No necesariamente hay que verlo como una prohibición definitiva, sino como una forma de que, antes de intervenir ecosistemas que conocemos poco y que pueden tener una recuperación muy lenta, necesitamos mayor certeza científica y una regulación mucho más robusta“, afirma.
¿Qué significa este debate para nuestro país?
Para una nación minera como Chile, la discusión también abre preguntas estratégicas. La experiencia nacional en minería, procesamiento de minerales, regulación, evaluación ambiental y desarrollo científico podría ser relevante en un debate que avanza a nivel internacional. A la vez, una nueva fuente de suministro desde el fondo marino podría modificar mercados, competir con la minería terrestre o generar nuevas presiones ambientales y reputacionales.
Espínola señala que existen estudios que identifican potencial de recursos minerales marinos en áreas asociadas a la Zona Económica Exclusiva chilena, especialmente nódulos polimetálicos. Sin embargo, llama a no confundir ese potencial geológico con una alternativa de explotación inmediata.
“Una cosa es que exista potencial geológico y otra muy distinta es que exista una alternativa real de explotación en el corto plazo. Todavía hay poca información a nivel nacional, el conocimiento está bastante disperso y falta mucha investigación para entender la magnitud de esos recursos, su viabilidad técnica, económica, ambiental y regulatoria”, advierte.
En ese escenario, la investigadora propone que Chile participe activamente en la discusión internacional, pero desde una mirada de largo plazo, basada en evidencia científica y no en expectativas de explotación inmediata.
“Yo no lo vería solo como una amenaza ni como una oportunidad inmediata. Más bien, creo que Chile debería estudiar más este tema y participar activamente en la discusión internacional, no necesariamente pensando en explotar mañana, sino desde una posición responsable: con investigación científica, análisis ambiental, evaluación económica y una mirada estratégica de largo plazo”, concluye.