Excontralor Bermúdez destaca aporte de los Tribunales Ambientales y ve mejoras en el diseño institucional
En el marco de la Cuenta Pública 2023 del Segundo Tribunal, su presidenta apuntó a repensar las dificultades que han tenido estas instancias en su conformación a través de una reforma legal al sistema de nombramientos. Fuente: Diario Financiero, 15 de marzo de 2024.
Por primera vez en once años de funcionamiento, el Segundo Tribunal Ambiental, organismo especializado con sede en Santiago, realizó este martes la ceremonia de su Cuenta Pública en la Región de Valparaíso donde se revisó la actividad de la entidad durante el año pasado. Pero también, fue la instancia de reflejar la mirada del impacto de estas entidades en los conflictos medioambientales tanto desde la vereda legal como de la ciencia.
Junto con recordar los incendios ocurridos en febrero en la región que provocaron la muerte de 133 personas y la destrucción de más de 8 mil hectáreas de bosque y vegetación, la ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy, puso sobre la mesa -entre otros aspectos- la constante demora en los procesos de nombramiento de ministros de los Tribunales Ambientales.
‘Actualmente, nuestro Tribunal cuenta (solo) con dos ministros titulares abogados y un ministro suplente en ciencias, lo que evidentemente genera un desmedro en la gestión de nuestro órgano colegiado impidiendo una mayor eficiencia’, dijo.
Si bien sostuvo que esta ausencia de ministros titulares y suplentes ha sido mitigada a través del fortalecimiento de la gestión interna del Tribunal, ‘la ampliación de nuestra competencia a partir de las nuevas reclamaciones que el legislador ha implementado podría hacer insostenible esta situación, al impactar en la gestión de las causas’.
Y alertó: ‘Dado que, desde esta tribuna, ya varios presidentes de nuestro Tribunal han exhortado a agilizar los nombramientos correspondientes, sin que se observen que esta necesidad sea resuelta, es que quizás sea el momento de repensar esta situación a través de una reforma legal al sistema de nombramientos’.
Parte de ese análisis fue abordado posteriormente en el conversatorio ‘Aportes del Segundo Tribunal Ambiental en la resolución de conflictos ambientales acontecidos en la región de Valparaíso’, el que reunió al abogado, académico y excontralor General de la República, Jorge Bermúdez, y la bióloga marina y directora del Laboratorio de Investigación Ambiental Acuático de la Universidad de Playa Ancha, Paula Celis Plá. Ambos tienen una estrecha relación con la región.
El análisis de Bermúdez
A casi tres meses de dejar su rol como contralor, Bermúdez relató que este año se reincorporó a la Universidad Católica de Valparaíso, la que había dejado antes de asumir el cargo. Y, además, reveló que está tratando de empezar a juntar los materiales para poder hacer una actualización de su libro titulado ‘Fundamentos de Derecho Ambiental’, teniendo en cuenta los cambios legislativos del último tiempo. De hecho, comentó que antes de salir de Contraloría pidió que le hicieran una recopilación de los dictámenes importantes en materia ambiental.
Bermúdez reconoció que ‘evidentemente estamos mucho mejor’ con tribunales ambientales que sin estos desde el punto de vista de la resolución de conflictos ambientales. Eso sí, dio cuenta que hay elementos que todavía se pueden mejorar respecto al diseño de la institucionalidad.
En ese análisis, dijo que el carácter multidisciplinario -al integrar a la vereda científica- sí fue un acierto en los tribunales ambientales. ‘Cuando me invitaron al Congreso a exponer sobre el proyecto de ley de los tribunales ambientales, lo que dije es que probablemente debía ser un tribunal letrado solamente, sin ministro científico y que el apoyo científico estuviera dado por profesionales que estuvieran allí en el tribunal. Pero en realidad no es lo mismo que el que está tomando la decisión es un científico, el que tiene esa mirada y que su voto vale lo mismo que el voto que tiene el ministro letrado y que está aportando una visión que en realidad los abogados no tienen’, reconoció.
Asimismo, sobre la duración de los ministros en sus roles, indicó que ‘tal vez la renovación debería ser automática o a lo mejor la renovación debería ser mientras no se nombre a otro. Hay múltiples fórmulas para evitar lo que está pasando hoy’. ‘A pesar de que hay continuidad del servicio de justicia, porque se integra con ministros de Corte, pero se desvirtúa la idea que había original de que fuera un tribunal especializado’, enfatizó. Y planteó en su reflexión que en el fondo existen dos jurisdiccionales ambientales: la especializada y, en paralelo, todavía se tiene el recurso de protección.
Frente a los conflictos ambientales de la zona, identificó -entre otras características- que, a pesar de lo que se cree, ‘hay pocas normas técnicas ambientales’. ‘Uno se queda con las grandes normas, tal vez con la resolución de calificación ambiental, que respecto de un proyecto puede ser muy específica, pero que no es extrapolable a otro caso porque es la resolución para ese proyecto y por lo tanto, no existe una normativa muchas veces que debería ser aplicable a todos los casos. Allí de nuevo surge la necesidad de que haya una jurisdicción ambiental para que evidentemente esa carencia normativa, ese vacío normativo, se llene a través de la aplicación o de la resolución del Tribunal’.