Gobierno presenta proyecto de nuevo Código de Minas con enfoque ambiental
La iniciativa busca actualizar la legislación minera vigente desde hace más de 25 años, incorporando mayores exigencias ambientales y sociales para las empresas del sector. Fuente: Redimin, 29 de julio de 2026.
El Gobierno de Chile ha presentado un nuevo proyecto de ley para reemplazar el actual Código de Minas, con un enfoque en la vigilancia ambiental más estricta y mayores obligaciones para las empresas mineras. Esta iniciativa, defendida por la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, tiene como objetivo modernizar una legislación que, según el Ejecutivo, ya no responde a las necesidades ambientales, sociales y económicas del país.
Licencia ambiental integral para proyectos mineros
Entre las principales modificaciones que propone el Gobierno se encuentra la creación de una licencia ambiental integral. Esta licencia permitirá un seguimiento exhaustivo de todas las fases de un proyecto minero, desde la etapa de exploración hasta el cierre y el poscierre de las operaciones. La viceministra Aroca destacó que este control es fundamental para asegurar que las actividades mineras se realicen de manera responsable y sostenible.
Caducidad de títulos mineros por daños ambientales
Otro aspecto central de la propuesta es la posibilidad de cancelar títulos mineros cuando se comprueben afectaciones a las fuentes hídricas. Esta medida busca establecer una mayor responsabilidad por parte de las empresas en la protección de los recursos hídricos, un tema crítico en un país donde la minería juega un papel fundamental en la economía, pero también puede tener un impacto significativo en el medio ambiente.
Además, el proyecto amplía las restricciones para excluir determinadas zonas por razones ambientales, sociales o culturales, lo que podría afectar a futuros proyectos mineros en áreas sensibles. La viceministra afirmó que estas medidas buscan corregir los pasivos ambientales que la actividad minera ha dejado durante décadas.
Formalización de pequeños mineros
La iniciativa también incluye un régimen especial para facilitar la formalización de pequeños mineros. Según Aroca, el objetivo es ofrecer herramientas que permitan a este segmento operar dentro de la legalidad y con un mayor acompañamiento institucional. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la minería ilegal ha crecido en diversas regiones del país.
El Gobierno espera que estas reformas no solo fortalezcan la regulación del sector, sino que también promuevan alternativas productivas en los territorios donde se desarrolla la minería. Aroca enfatizó que el proyecto busca dejar atrás un modelo centrado únicamente en la extracción de minerales, promoviendo en cambio un enfoque que genere mayor valor en las regiones y fortalezca la relación entre la minería y su entorno social y ambiental.
Relación con la inversión extranjera
Frente a las preocupaciones sobre el impacto de estas nuevas exigencias en la inversión extranjera, Aroca aseguró que el Gobierno mantiene una relación positiva con las empresas del sector. Los inversionistas, según la viceministra, comprenden la necesidad de reforzar los controles ambientales y están dispuestos a adaptarse a las nuevas normativas.
La propuesta de nuevo Código de Minas se enmarca en un contexto de creciente demanda por parte de la sociedad civil y las comunidades locales por una minería más responsable y sostenible. Con este proyecto, el Gobierno espera avanzar hacia una actividad minera con un mayor seguimiento institucional y mejores condiciones para quienes desarrollan su trabajo de manera legal.
El proyecto de ley, que ha sido objeto de consultas y participación de diversos actores, incluyendo comunidades, gremios y entidades públicas, es un paso significativo hacia la modernización de la legislación minera en Chile. La viceministra Aroca concluyó que estas reformas son esenciales para el futuro económico y ambiental del país, y que fortalecerán la capacidad de las autoridades para planificar y supervisar la actividad minera.
En este contexto, se espera que el proyecto sea discutido en el Congreso en los próximos meses, donde se evaluarán las implicancias de las nuevas regulaciones y su impacto en el sector minero. La fecha exacta para el inicio de las discusiones aún no ha sido confirmada, pero el Gobierno está comprometido en avanzar con este proceso legislativo.