Informe de Sernapesca: 40 % de las concesiones salmoneras tienen causal de caducidad y podrían ser retiradas por la Subsecretaría de FF.AA.

De las 1134 concesiones salmoneras en el país, 457 tienen causal de caducidad. Mowi tiene 115 de sus 149 concesiones en esta condición; y AquaChile -de AgroSuper- 93 de 295. Al estar en el borde costero, a cargo de la Armada, el Ministerio de Defensa podría retirarlas. Fuente: Interferencia, 17 de octubre de 2023.

A comienzos de octubre, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) informó al Consejo Regional de Los Lagos sobre las concesiones acuícolas destinadas a cultivo de salmones que reportaban causales de caducidad. A nivel nacional, el servicio reportó 457 concesiones de la industria salmonera que podrían ser retiradas por el organismo a cargo, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), dirigida por Galo Eidelstein (PC).

Para ponerlo en perspectiva, según el último informe de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) sobre concesiones otorgadas, hay un total de 1134 concesiones acuícolas destinadas a cultivo de salmones a septiembre de 2023. Esto significa que el 40,3 % de las concesiones de la industria salmonera podrían caducar si la SSFFAA lo requiere.

Al respecto, cabe señalar que según la Ley de Pesca una concesión puede caducar si es que no comienza a operar en el primer año tras ser entregada o si es que no reporta actividad por dos años consecutivos.

Del total de 149 concesiones, Mowi mantiene 115 con causales de caducidad. Vale decir, el 77,2 % de la compañía transnacional podría ser retirado si la SSFFAA así lo dispusiera.

Interferencia tuvo acceso al detalle del informe de Sernapesca, y analizó las 457 concesiones según su causal de caducidad, las empresas propietarias y la región en que se emplazan.

Agrupando a los titulares por compañías, ya que varias concesiones figuran a nombres de empresas filiales, pudimos obtener la siguiente tabla que revela el porcentaje de concesiones con caducidad por empresa propietaria.

En primer lugar se ubica AquaChile, compañía salmonera de AgroSuper, perteneciente a la familia Vial Concha. En suma, AquaChile reporta 295 concesiones para salmonicultura de las cuales 93 tienen causal de caducidad según el informe.

Al segundo lugar escala la salmonera noruega Mowi, la cual resulta ser la empresa con mayor porcentaje de concesiones con causales de caducidad. Del total de 149 concesiones entregadas por el Ministerio de Defensa, Mowi mantiene 115 con causales de caducidad. Vale decir, el 77,2 % de la compañía transnacional podría ser retirado si la SSFFAA así lo dispusiera.

En tercer lugar queda la japonesa Cermaq, controlada por el grupo Mitsubishi. De 113 concesiones reportadas por Subpesca en septiembre, Sernapesca informó que 44 están sujetas a caducidad.

Así mismo, las razones para entrar en causal de caducidad son, en su mayoría, por no operar durante dos años en la concesión otorgada, con 431 casos. En tanto, la causal en que la empresa solicitó una concesión acuícola y no la operó en el primer año tuvo 26 casos según reportó Sernapesca.

La SSFFAA asegura que “los concesionarios pueden presentar coberturas legales que justifiquen los periodos de no actividad”, siendo respaldados por la ley.

Del mismo modo, a partir de estos datos se pudo geolocalizar la ubicación de los centros de cultivos y su respectiva región. De los 457 centros con causal de caducidad, 240 se encuentran en Aysén, 189 en Los Lagos y 28 en Magallanes, más otros cuatro de los que no se pudo determinar su ubicación exacta. Utilizando información de la Subpesca se pueden visualizar los siguientes mapas en que cada punto rojo indica la ubicación de la concesión con causal de caducidad.

La visión del territorio: un mercado de concesiones

Interferencia conversó con el lonko de la comunidad Pu Wapi y miembro del Comité Bentónico de la Región de Aysén, Daniel Caniullán, sobre las concesiones con caducidad en el área de la Reserva Nacional Las Guaitecas, donde trabaja como buzo mariscador.

Al respecto, Caniullán comenta: “Nosotros siempre estamos trabajando en todo el territorio, y donde estos tipos no están funcionando, no hay nada. Aparecen en el sistema de la Subsecretaría de Pesca, pero en la práctica vas al punto exacto y no hay nada. Esas son las 400 concesiones que están con causal de caducidad”.

El lonko Daniel Caniullán apunta a la utilidad de las concesiones como propiedad para obtener créditos: “Según la jurisdicción, la concesión se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Y, una vez inscrita, al titular se le entrega un carácter de propiedad”. Además, Caniullán señala a los fiscalizadores: “El problema es que como Sernapesca no tiene un bote y están encerrados en una oficina, no pueden ir a contrastar la información que entregan las salmoneras”.

En esta línea, Caniullán apunta a la utilidad de las concesiones como propiedad para obtener créditos: “Según la jurisdicción, la concesión se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Y, una vez inscrita, al titular se le entrega un carácter de propiedad”. De este modo, las empresas pueden hipotecar sus concesiones salmoneras.

La opinión es compartida por Álvaro Montaña, geógrafo y miembro de Defendamos Chiloé: “Estas concesiones son objeto de prenda, un activo comercial. Son trozos del mar chileno que están siendo utilizados para especular en la banca como un instrumento financiero y no uno productivo”. En el fondo, según Montaña las salmoneras tienen un “mercado que considera la compra, venta, arriendo e hipoteca de las concesiones”.

En Magallanes, Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, comparte la visión de Montaña y Caniullán: “Es demasiado el tiempo que se le da a la industria para ocupar espacios que no utilizan, por tanto con los antecedentes recabados y que figuran en Subpesca ya se debiera haber hecho por último un pronunciamiento de parte de las entidades encargadas de este trabajo”.

Caro apunta a que “la industria salmonera es lo peor que le pudo pasar a nuestro territorio, industria establecida con favor estatal y que continúa con el etnocidio tal como fuese en la época más oscura para nuestros taiwakseles hoyok. El Estado debe dar garantías de no repetición y eso no está ocurriendo en la actualidad”.

No obstante, la falta de coordinación entre Subpesca, Sernapesca y la SSFFAA compromete la rapidez estatal a la hora de fiscalizar a las salmoneras. Al respecto, Montaña, que ha podido reunirse con el subsecretario Eidelstein, afirma que “le hicimos la pregunta por la coordinación. Y claro, ellos no están coordinados y al no estar coordinados pasa piola y no se caduca”.

“Entonces, uno se pregunta ingenuamente si es que el Estado no tiene recursos para tener un sistema informático coordinado o es un modus operandi para que la industria siga operando generando ganancias de un capital especulativo que sería el mar chileno”, tantea el geógrafo.

Desde la SSFFAA comentaron que Sernapesca debe informar sobre las concesiones que registran periodos de no operación o inactividad a la Subsecretaría, pero que “dicha situación de ‘no actividad’ no siempre significa una causal de caducidad”. En esta línea, asegura que “el cancelar las concesiones no afectaría la producción de la industria, porque en el fondo son concesiones que no se han ocupado, pero sí afectaría el principal activo comercial de la industria que son los derechos de propiedad sobre el mar. En realidad, pueden vender, arrendar e hipotecar, pero no son propietarios. Ocurre como con los derechos de agua, que dicen que el agua es un bien nacional de uso público, pero ocurre que al constitucionalizar los derechos de agua, se instauran derechos de propiedad en que cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana con el agua dulce, y acá con el mar ocurre lo mismo”.

Al respecto, cabe recordar que en septiembre de 2022 la Fundación Terram publicó dos artículos en que señalaba a las concesiones con causal de caducidad operando en las áreas protegidas Las Guaitecas y la Reserva Nacional Kawésqar. En ese momento, se estimó que había 397 concesiones salmoneras ubicadas dentro de áreas protegidas, de las que 280 incurrieron en causales de caducidad: 210 suspendieron operaciones durante más de dos años y 70 no iniciaron actividades dentro del plazo legal, por lo que debían haber sido retiradas. No obstante, 76 de estos centros retomaron actividades.

SSFFAA: Tramitaron 100 cierres de concesiones, pero los concesionarios se pueden defender legalmente

Con los datos de Sernapesca en mano, se realizaron consultas a la Subsecretaría para las FF. AA. para conocer sobre el proceso de cierre de las concesiones salmoneras.

Desde la SSFFAA comentaron que Sernapesca debe informar sobre las concesiones que registran periodos de no operación o inactividad a la Subsecretaría, pero que “dicha situación de ‘no actividad’ no siempre significa una causal de caducidad”.
Al respecto, desde la cartera afirmaron que “la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tiene la obligación, sobre cada uno de los casos informados por Sernapesca, de verificar las posibles coberturas legales que puedan justificar la falta de actividad de las concesiones acuícolas informadas”.

“A modo de ejemplo, algunas de estas coberturas legales son: ampliación de plazo de paralización voluntaria de actividades, contenida en el artículo 69 bis de la Ley General de Pesca y acuicultura, y permisos excepcionales derivadas de la Pandemia por Covid 19”, señalaron.

Según la Subsecretaría, desde marzo de 2022, “se completó la total tramitación de más de un centenar de procedimientos de caducidades de concesiones acuícolas”.
Interferencia consultó sobre la cantidad de concesiones acuícolas retiradas durante el gobierno de Gabriel Boric (CS) y la dirección de Galo Eidelstein a cargo de la SSFFAA.

Según la Subsecretaría, el Gobierno ha impulsado el trabajo vinculado a la Zona Costera y la tramitación de caducidades. “Desde marzo de 2022 a la fecha, se completó la total tramitación de más de un centenar de procedimientos de caducidades de concesiones acuícolas, lo que significa una importante alza respecto a los años anteriores. Entre 2018 y 2021 se completó la total tramitación de solo 28 procedimientos de caducidad”, afirmaron.

De todas formas, la SSFFAA asegura que el proceso de tramitación de caducidades es más complejo que dejar de operar por un periodo, ya que “los concesionarios pueden presentar coberturas legales que justifiquen los periodos de no actividad”, siendo respaldados por la ley.

SalmonChile: “La salmonicultura no mantiene concesiones en caducidad”

Interferencia consultó a la asociación gremial SalmonChile por los alcances de las caducidades informadas por Sernapesca al Consejo Regional de Los Lagos.

Para la asociación “es importante recalcar que la salmonicultura no mantiene concesiones en caducidad. Sus plazos de operación están fijados por la Ley General de Pesca y Acuicultura”.

El problema “se origina en problemas de ‘permisología’ que, como sector productivo, hemos expuesto a las autoridades pertinentes en el último tiempo”, explican desde SalmonChile.

“En ese contexto, existen concesiones que, según datos de Sernapesca, estarían en causal de caducidad (lo que no significa que estén caducadas); sin embargo, ese tema se origina en problemas de ‘permisología’ que, como sector productivo, hemos expuesto a las autoridades pertinentes en el último tiempo”, explican desde SalmonChile.
Según la asociación, actualmente existe un retraso de dos a tres años en los trámites administrativos que regulan su actividad y que dependen de la SSFFAA.

“El problema es que la autorización de este trámite es lento y genera el escenario de ‘causal de caducidad’ expuesto en los datos de Sernapesca: mientras el titular de una concesión está tramitando la extensión de este plazo en la SSFFAA, Sernapesca y Subpesca consideran que la concesión está en causal de caducidad y no otorgan el certificado de operación ni dan curso a trámite a las solicitudes de cualquier tipo”, afirma SalmonChile.

“Hemos trabajado en conjunto con los organismos públicos correspondientes para que rectifiquen esta situación. La salmonicultura es un sector altamente regulado y fiscalizado por más de 25 organismos públicos, y que cumple con la normativa vigente”, concluyen.