Lo que la industria salmonera paga, y lo que debería pagar
En esta columna, Cristopher Toledo, economista de Fundación Terram, analiza el actual sistema de pagos de patentes de la industria salmonera en Chile y sus efectos en las finanzas locales. A partir de los datos de un informe reciente, advierte sobre los riesgos de dependencia fiscal y captura política que podrían enfrentar los municipios costeros. Propone la necesidad de una reforma tributaria especial para el sector, que compatible con la autonomía local, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo justo de las comunidades costeras. Fuente: BioBioChile, 21 de julio de 2025.
Desde Fundación Terram elaboramos el informe “Reporte del pago de patentes de la industria salmonera en Chile (2012-2022)”, que analiza el aporte fiscal local que realiza la industria salmonera en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
El estudio se centra en dos instrumentos clave: la patente municipal, que grava actividades comerciales, industriales y de servicios; y la Patente Única de Acuicultura, un tributo específico aplicado al uso de concesiones acuícolas para el cultivo de especies hidrobiológicas, que en el caso de ser peces exóticos pagaran 20 UTM por hectáreas y solo 2 UTM en el caso de ser otras especies.
Ambas representan hoy las principales fuentes de recaudación directa que los municipios costeros reciben por parte de esta industria. Su análisis permite dimensionar la magnitud del ingreso que reciben las comunas donde se desarrolla la industria salmonera, así como la proporción que este representa en sus presupuestos locales.
Lo que la industria salmonera paga, y lo que debería pagar
Los datos recopilados muestran un escenario que plantea dos desafíos estrechamente vinculados. Por una parte, en comunas con bajos niveles de ingresos, los pagos realizados por la industria salmonera pueden representar una fracción significativa del financiamiento municipal. Si bien este aporte es valioso para los territorios, también puede generar una dependencia fiscal riesgosa, que deja a las comunas vulnerables ante las posibles fluctuaciones de mercado o interrupciones de la actividad salmonera, expuesta a constantes crisis sanitarias y ambientales.
Esta situación se observa con particular claridad en comunas como Cisnes, Aysén, Río Verde o Chaitén, donde estos tributos llegan a representar entre un 14% y un 29% del total de ingresos municipales anuales.
Este contexto también abre la puerta a riesgos de captura política. La necesidad de asegurar el flujo de ingresos puede limitar la capacidad de los gobiernos locales para asegurar el cumplimiento legal de la propia industria, establecer restricciones ambientales o condicionar proyectos que entren en conflicto con sus intereses. Esta influencia puede erosionar la autonomía de las autoridades comunales y debilitar los principios de transparencia y gobernanza democrática, especialmente en territorios alejados, con baja densidad poblacional e institucionalmente más frágiles.
Ahora bien, los riesgos descritos no implican que la industria deba pagar menos, sino todo lo contrario: dada su rentabilidad y su uso intensivo de bienes nacionales de uso público como el mar, es legítimo y necesario exigir un mayor aporte tributario. El problema está en cómo se distribuyen y gestionan esos recursos. La solución no pasa por incrementar los pagos directos a los municipios, reforzando la dependencia, sino por diseñar un sistema tributario más justo, redistributivo y con resguardos institucionales.
Un eventual royalty o impuesto específico debe ser recaudado a nivel central y redistribuido con criterios de equidad territorial, justicia ambiental y fortalecimiento de capacidades locales, evitando que los beneficios fiscales terminen condicionando las decisiones municipales.
La evidencia está sobre la mesa
Chile es el segundo productor mundial de salmones, solo superado por Noruega, país que aprobó e implementó un impuesto especial y adicional sobre la renta del recurso, vigente desde el 1 de enero de 2023. En contraste, Chile aún carece de un régimen tributario diferenciado para esta industria, que permita capturar parte de las rentas extraordinarias y los costos y/o impactos que impone a los ecosistemas, representados a través de un conjunto de externalidades negativas.
Esta omisión no solo es injusta: también es ineficiente, ya que abarata artificialmente los costos de producción e incentiva un modelo de expansión y sobreproducción que han sido constantes en esta industria, los cuales desde Fundación Terram hemos denunciado en varias ocasiones.
La evidencia está sobre la mesa. Es momento de reformar el esquema tributario de la salmonicultura en Chile, no solo para garantizar una mayor recaudación fiscal, sino para que esta sea compatible con la autonomía local, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo justo de las comunidades costeras.