Los dos conflictos ambientales que complican a los Johnson Undurraga en Batuco

Acusaciones de venta ilegal de agua y reparos a proyecto inmobiliario enfrenta la familia que fue dueña del fundo El Carmen de Huechuraba. Fuente: La Segunda, 20 de septiembre de 2021.

Al menos dos nudos judiciales enfrenta la familia Johnson Undurraga en Batuco, localidad ubicada en la comuna de Lampa. El grupo empresarial, conocido por haber sido dueño del fundo El Carmen de Huechuraba, origen del barrio del mismo nombre al norte de Santiago, tiene sus negocios bajo el alero del holding Inversiones HyC, cuyo portafolio incluye más de 40 iniciativas inmobiliarias entre Chile y Estados Unidos, negocios agrícolas y sanitarios.

Pero sus proyectos en Batuco enfrentan cuestionamientos de la comunidad.

El primero incluye una planta de tratamiento de agua potable y otra de aguas servidas en su Hacienda Batuco, que pertenecen a la sociedad Aguas Santiago Norte, controlada por la familia. La operación obtuvo su permiso ambiental en 2014 y hoy es acusada de vender agua a granel de manera ilegal, generando efectos en la disponibilidad hídrica de sus vecinos.

El segundo proyecto cuestionado es el Desarrollo Inmobiliario Batuco I, iniciativa situada en la misma hacienda que involucra una inversión de US$360 millones y que obtuvo su licencia ambiental en diciembre del año pasado.

Según sus detractores, el proyecto debió evaluarse en conjunto con las plantas que lo abastecerán de agua y de tratamiento. Los opositores critican que ambas iniciativas se hayan evaluado por separado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin contemplar sus efectos sinérgicos en el medio ambiente.

El agua llegó a la Suprema

Las quejas contra Aguas Santiago Norte es que la sanitaria vende de manera ilegal agua en camiones aljibes. Por eso, grupos de vecinos y dueños de loteos presentaron en mayo del año pasado un recurso de protección, argumentando que la compañía incumplió su permiso ambiental, ya que éste solo los faculta para proveer el servicio mediante alcantarillado. Los vecinos expresaron que esta comercialización afectó a los pozos y napas en Batuco.

‘Hemos visto cómo a plena luz del día entran y salen camiones para transportar el agua. Al consultar al administrador de la planta, éste ha señalado que se trata de ‘venta de agua’, la cual extraen directamente del punto de captación. La sustracción de agua comenzó a perjudicar a muchos vecinos’, expone Patricia Soto, presidenta del loteo Privado Hacienda El Sol y la Luna, en su reclamación.

El recurso fue acogido por la Tercera Sala de la Corte Suprema, quien en un fallo del 2 de septiembre pasado ordenó suspender la venta de agua y pidió investigar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El regulador puede multar o incluso revocar la licencia ambiental en caso de incumplimientos graves.

‘Efectivamente, la compañía estaba enajenando las aguas a un tercero sin tener autorización para ello’, confirma Emanuel Ibarra, fiscal de la SMA, quien agrega que el proceso se encuentra en plena investigación.

En la sanitaria reconocen que vendieron agua para actividades distintas del consumo humano sólo entre marzo y abril del año 2020, pero aclaran que suspendieron esa actividad cumpliendo el dictamen de la justicia.

‘Hemos estudiado el fallo e ingresado un recurso de aclaración respecto del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, respetamos y respetaremos la legalidad vigente y los fallos de nuestros tribunales’, comenta la firma mediante un comunicado.

En una arista adicional, en abril del año pasado, el Comité de Agua Potable Rural Batuco Santa Sara presentó una demanda al Segundo Tribunal Ambiental contra la sanitaria argumentando que la compañía no sólo vendía agua a granel a consumidores rurales, sino que comercializó agua a la minera Anglo American. Este caso aún está en etapas preliminares.

Lío inmobiliario

El otro problema que enfrenta los Johnson está relacionado con un proyecto inmobiliario que cuenta con su permiso ambiental, pero agrupaciones de parceleros de Batuco sostienen que hubo falencias en el proceso de participación ciudadana. Por eso, el proyecto debe ser ratificado por el Comité de Ministros, presidido por la titular del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

La principal queja es que existe una distorsión en la medición de los impactos ambientales, dado que ambos proyectos, el sanitario y el inmobiliario, fueron evaluados por separado.

El proyecto contempla 1.637 unidades habitacionales (de las cuales 214 ya están construidas y recepcionadas) y urbanizaciones asociadas, en una superficie aproximada de 48,3 hectáreas.

‘Es posible diferenciar un fraccionamiento intencional de los proyectos, precisamente para diluir un estudio de impacto ambiental, que certificase la interacción y sumatoria de emisiones y contaminantes de ambos proyectos en conjunto’, expone Ximena Muñoz, representante de los parceleros en su reclamación.

Según fuentes de HyC, el proyecto cumplió con cada paso en el SEIA y en el proceso de participación ciudadana que se desarrolló entre el 28 de junio y el 29 de septiembre del 2018 se respondieron todas las inquietudes de manera ‘completa, precisa y suficiente’.

Además, un informe enviado por Mauricio y Gustavo Johnson Undurraga al Comité de Ministros argumenta que no hay riesgos combinados entre ambos proyectos y que se descartaron ’emisiones atmosféricas y odorantes, efectos sinérgicos en materia de efluentes, residuos, (y) extracción de recursos naturales renovables’.