Mar chileno en manos de los bancos: 40% de las concesiones salmoneras están hipotecadas
Un informe interno de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas apunta que 587 concesiones acuícolas están hipotecadas a bancos internacionales y nacionales, con compromisos que suman miles de millones de euros. La ley indica que, si caen en embargo, no pueden ser caducadas. Fuente: Interferencia, 18 de enero de 2024.
En 2010, para salvar a la industria salmonera fuertemente afectada por el virus ISA, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aprobó la modificación de la Ley de Pesca para permitir a las empresas hipotecar sus concesiones y permisos acuícolas.
Como explica el presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, “esas hipotecas están en la Ley de Pesca y Acuicultura y son prácticamente intocables. Si la empresa quiebra, la hipoteca pasa al banco y estos las rematan. Hoy en día es muy difícil caducar concesiones salmoneras porque suelen estar hipotecadas”.
A junio de 2022, en la Región de Los Lagos había 233 concesiones que estaban hipotecadas; en Aysén encontraron 277 en esta condición, y en Magallanes 77 de las 133 concesiones regionales.
Para ponerlo en perspectiva, sólo en la Región de Aysén concentra más del 50% de las 1.409 concesiones acuícolas otorgadas a la industria por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), totalizando 5.901 hectáreas de mar chileno disponible para hipotecar y embargar a manos de privados. En comparación, estamos hablando de un área similar a ¼ de la superficie de la comuna de Santiago o a 5.000 canchas del Estadio Nacional.
En esta línea, accedimos a un informe interno solicitado por el subsecretario para las FFAA, Galo Eidelstein (PC), en julio de 2022, respecto al estado de las hipotecas acuícolas en todo el país.
En dicho informe se indica que, a junio de 2022, en la Región de Los Lagos había 233 concesiones que estaban hipotecadas, lo que representa un 43,7% del total regional; en Aysén encontraron 277 en esta condición, es decir un 38,4% hipotecadas; y en Magallanes 77 de las 133 concesiones acuícolas se encontraban con esta situación.
El informe interno preparado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas también precisa que es la noruega Mowi la empresa con más concesiones hipotecadas con 145, seguida de Australis Mar con 69 y Cermaq Chile con 61.
Como contraparte el DNB Bank, la mayor institución financiera noruega, aparece como la entidad beneficiaria de 127 de estas hipotecas, seguido de cerca por Banco de Chile con un centenar y en tercer lugar el Danske Bank de Dinamarca con 91.
El principal beneficiario de las hipotecas, DNB Bank, pertenece mayoritariamente (34%) al Ministerio de Comercio e Industria noruego y es, además, uno de los principales accionistas de Salmones Camanchaca.
Consultamos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas respecto al propósito de este informe interno, sin tener respuesta hasta el cierre de este reportaje.
Hipotecas y caducidades
Ahora bien, la Ley de Pesca establece que las concesiones que no son utilizadas durante dos años deben caducar, pero el mismo cuerpo legal hace una salvedad: las concesiones que se encuentren hipotecadas en proceso de liquidación no pueden ser caducadas.
Desde el año 2016 hasta la fecha, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha denunciado 480 concesiones con causal de caducidad por diversos motivos contemplados en la Ley de Pesca, entre ellos el no uso de los permisos otorgados por el Estado.
La noruega Mowi la empresa con más concesiones hipotecadas con 145, seguida de Australis Mar con 69 y Cermaq Chile con 61.
Ahora bien, durante el último gobierno del Presidente Sebastián Piñera solo se concluyeron 25 de estas denuncias. En tanto, en la presente administración, el subsecretario Eidelstein comentó a las organizaciones que se reunieron con él para exponer esta situación que, a septiembre de 2023, se han cerrado 140 procesos de caducidad, sin precisar el resultado de estos.
Desde ONG Terram, organización que denunció la situación con las caducidades, el investigador Maximiliano Bazán explica que “no sabemos cuántas de esas fueron efectivamente caducadas porque de resolver, se puede resolver favorable o contrario a la caducidad. Sólo tuvimos acceso a la información de Sernapesca que señalaba que de todas las denuncias que realizaron, 15 ya habían sido caducadas”.
Para más información consulte el artículo Salmoneras en Áreas Protegidas: 34 concesiones operan pese a incurrir en causal de caducidad.
Consultamos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas sobre este punto, quienes señalaron que “el principal motivo de este retraso está relacionado con la acumulación histórica de expedientes. En marzo del año 2022 se registraron más de 320 expedientes pendientes relacionados con posibles causas de caducidad de concesiones acuícolas. A pesar de haber realizado una tramitación mucho más expedita en los últimos años”.
Al respecto, Bazán indica que “lo que nosotros podemos identificar es que la información que manejan los organismos públicos, que debieran tener algún grado de coordinación, difieren. No manejan la información un organismo de otro o bien el criterio con el cual Sernapesca denuncia estos casos de causales de caducidad no necesariamente es el mismo criterio que lleva la subsecretaría a caducar”.
La sospecha de las organizaciones ambientales que han impulsado la solicitud de caducar aquellas áreas denunciadas por Sernapesca es que, la decisión de no poner fin a este permiso de explotación de la superficie y fondo marino otorgadas a las empresas estaría vinculada a los derechos de las empresas bancarias que han otorgado los créditos en los que se han entregado como garantías estas concesiones.
“Hay muchas concesiones que no se ocupan, está demostrado, y eso se debe a que están hipotecadas o porque se especula con ellas”, explicó Hartmann.
Revisamos varias de las hipotecas vinculadas a concesiones denunciadas por estar con causales de caducidad y hay una cifra que se repetía en varias de ellas: mil doscientos millones de euros, es decir un billón 155 mil millones de pesos chilenos aproximadamente.
Según, Erwin Sandoval, presidente de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, “la legislación se creó asociada a los efectos del virus ISA para dotar de liquidez a estas empresas por el impacto económico que el virus generó, y la verdad, es que no tenemos mucho número respecto a cuál ha sido el impacto de esta medida”.
En la Región de Aysén, a la fecha, hay 280 concesiones que según Sernapesca, estarían incumpliendo las normas establecidas en la Ley de Pesca y Acuicultura y por ende estarían en causal de caducidad, sin embargo, los procesos no han avanzado con la celeridad que esperan las organizaciones.
Al respecto la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas respondió que “el stock acumulado anteriormente, sin duda, representa una dificultad evidente. Desde marzo de 2022, han ingresado a la subsecretaría alrededor de 250 expedientes, una cifra prácticamente igual al número de expedientes resueltos en ese mismo periodo de tiempo. Esto significa que actualmente estamos resolviendo todo lo que se recibe, pero persiste el desafío del stock acumulado, el cual se está abordando gradualmente”.
Atando cabos: caducidades hipotecadas
Accedimos al documento solicitado por organizaciones y que da cuenta del total de concesiones denunciadas por Sernapesca por estar con causales de caducidad, 280 de ellas ubicadas en la región de Aysén.
Cotejamos una por una en el registro de concesiones acuícolas de la Subsecretaría de Pesca y constatamos que 131 de ellas aparecían con trámites vigentes por hipotecas. La mayoría de los certificados son de hace 5 años atrás por lo que asumimos que no necesariamente son todos compromisos bancarios actuales.
Luego de esto viajamos hasta Puerto Cisnes, comuna ubicada en el litoral norte de la región de Aysén y revisamos algunas de ellas en los respectivos libros del Conservador de Bienes Raíces para verificar los montos vinculados a estos compromisos comerciales.
En conversaciones previas nos habían indicado que se trataba de montos elevados, que partían en los 10 millones de dólares, cerca de mil millones de pesos, por una concesión pequeña.
“Una concesión está avaluada en 7, 10 o 12 millones de dólares dependiendo de las hectáreas que tenga cada concesión. Hay unas concesiones que tienen 5, otras más de 40, entonces entre más grandes mejor cotizadas están. Además, hoy las están transando en la bolsa de comercio. Entonces, por eso están haciendo tanto ruido los salmoneros con el proyecto de biodiversidad”, explicó el Lonko de la comunidad Pu Wapi de Melinka, Daniel Caniullan.
Sin embargo, las estimaciones de nuestros entrevistados parecen estar lejos de lo que realmente estipulan los contratos.
Los registros que deben depositarse en el Conservador de Bienes Raíces están estipulados en el Código Civil, específicamente en el Título XXXVIII del Libro cuarto. Este determina que la hipoteca sólo será válida cuando esté ingresada en este registro y especifica que en el documento debe estipularse el monto de esta.
Revisamos varias de las hipotecas vinculadas a concesiones denunciadas por estar con causales de caducidad y hay una cifra que se repetía en varias de ellas. Mil doscientos millones de euros, es decir un billón 155 mil millones de pesos chilenos aproximadamente.
Cifra difícil de comprender, pero a modo de ejemplo la inversión para la construcción del Hospital Comunitario de Huasco fue de 18 mil millones de pesos, es decir con el monto comprometido en estas hipotecas se lograrían financiar 64 hospitales básicos.
El DNB Bank, la mayor institución financiera noruega, aparece como la entidad beneficiaria de 127 de estas hipotecas, seguido de cerca por Banco de Chile con un centenar y en tercer lugar el Danske Bank de Dinamarca con 91.
Otro ejemplo es que este monto, $1.200 millones de euros, es superior a la inversión total de una de las mayores obras de ingeniería actualmente en desarrollo en la zona sur, el Puente Chacao cuya inversión se estima en torno a los 930 millones de dólares.
Los contratos revisados en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Cisnes indican que la empresa financiera, en este caso en particular DNB Bank, se compromete a abrir una línea de crédito de $1.200.000 millones de euros para financiar la operación de una de las salmoneras presentes en la región de Aysén y en garantía toma una de las concesiones de poco más de 4 hectáreas otorgadas por el Estado.
“Al parecer hay un mercado importante respecto a esta materia y a propósito después de la ejecución de las hipotecas, se estaría todo concentrando en manos de empresas transnacionales, que tendrían el poder económico para poder adquirir de los bancos estas concesiones que posteriormente se liquidan cuando la hipoteca se hace efectiva”, agregó Sandoval, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
Cómo dice el dicho popular “la banca nunca pierde”. Es decir, antes de iniciar semejante negocio se realizan todas las evaluaciones para determinar que el monto otorgado pueda ser recuperado en el plazo indicado por los inversores y en caso de que esto no ocurra, poder solventar los recursos entregados a través del remate de los bienes tomados en garantía. En este caso, una concesión de poco más de 4 hectáreas del mar de todos los chilenos.
¿Qué ocurriría si esta concesión hipotecada efectivamente fuese caducada? ¿Las entidades financieras estarían dispuestas a simplemente perder lo invertido? ¿Las empresas tendrían la capacidad económica de responder a los bancos?
Consultamos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas si el estado de hipotecado de una concesión era tomado en cuenta a la hora de determinar la caducidad de estas y respondieron que sólo se hace para verificar lo señalado por la Ley de Pesca, es decir que no se puede caducar una concesión en la que “se haya trabado embargo o dictado una medida prejudicial o precautoria fundada” en este trámite bancario.
La situación expuesta anteriormente nos hace pensar que son varios miles de millones los que están en juego en las concesiones con causales de caducidad denunciadas por Sernapesca.
Preguntamos también a la institución fiscalizadora para saber cuántas de estas concesiones denunciadas corresponden a la causal de caducidad por no uso, otra de las respuestas que continuamos esperando de las instituciones públicas.
Esto es relevante ya que la Ley de Pesca y Acuicultura indica que la empresa a la que se le otorga una concesión o permiso puede hipotecarla en la medida que no exista una restricción explícita.
Consultamos con fuentes vinculadas a Sernapesca en la región de Aysén quienes señalan que, si sacáramos una fotografía de este momento en ella veríamos solo 100 de las concesiones otorgadas en Aysén funcionando y anualmente, por los ciclos productivos de esta industria, solo 300 entrarían en operación, es decir poco menos del 50% de las autorizadas en este maritorio.
“Hay algún tipo de concesiones que te exige haber operado, por ejemplo, a lo menos seis años para que tú puedas desarrollar algunos negocios jurídicos respecto de ella. Hay otras que no están limitadas. Entonces, ahí hay algunas especificidades que a lo menos establecen algunas exigencias, pero cumplidos esos requisitos, efectivamente, se puede transformar en una herramienta de especulación financiera”, señaló el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Erwin Sandoval.
Consultamos con fuentes vinculadas a Sernapesca en la región de Aysén quienes señalan que, si sacáramos una fotografía de este momento en ella veríamos solo 100 de las concesiones otorgadas en Aysén funcionando y anualmente, por los ciclos productivos de esta industria, solo 300 entrarían en operación, es decir poco menos del 50% de las autorizadas en este maritorio.
¿Qué ocurre con las otras 400 concesiones? ¿Cuántas de las que se encuentran sin uso servirán simplemente como activos para las empresas a través de las hipotecas?
“Esto que al final del día permite eternizar concesiones que no se usan, tiene que ponerse en tela de juicio y discusión, y ponerse en número sobre la mesa. Yo creo que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura debiera, a lo menos, entregar números de cuántas concesiones, de las más de 1.700 que hay a nivel nacional para el cultivo del salmón, se han acogido a estos regímenes de hipoteca y de bancarización o de garantías de obligación”, comenta el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
Pero esta figura de negocio jurídico, además de permitir financiar las operaciones de las salmoneras, eventualmente podría permitir inyectar recursos a otras inversiones muy alejadas del mar.
Según explica Sandoval, “no sabemos cómo se transa con bienes comunes, al final del día, esta hipoteca de una concesión eventualmente puede estar significando dinero fresco para otras actividades económicas. Posteriormente dejas de pagar la hipoteca, se sigue el procedimiento judicial correspondiente por parte del banco y la concesión es adquirida por otra empresa salmonera o quizás por otro tipo de empresa”.
A pesar de usar anualmente menos del 50% de las concesiones otorgadas, la industria discutió con fuerza la implementación de la norma que impedía otorgar nuevas concesiones en el mar colindante con áreas silvestres protegidas, argumentando que esta restricción afectaría gravemente la generación de empleo.
SalmonChile, principal asociación gremial de las productoras y distribuidoras de salmón chileno no quiso participar de este reportaje.
Al respecto, Daniel Caniullan, lonko de la comunidad mapuche-huilliche Pu Wapi, comenta: “Decían que vamos a tener que despedir a la gente cuando todo eso era falso… No quieren perder las concesiones que tienen en las entidades financieras y hay muchas que están instaladas en bancos naturales de recursos naturales, en caladeros de pesca y son muy pocos los compañeros que denuncian esto”.
Pero quizás el mayor problema de todo esto, es que nada de lo expuesto en los párrafos anteriores es ilegal, por el contrario, está garantizado en la legislación vigente.
¿Cuál es la capacidad del Estado para fiscalizar y tramitar las sanciones?
Son diversas las instituciones que se vinculan a la tercera mayor industria exportadora del país, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, encargada de la tramitación de las concesiones y su caducidad, la Subsecretaría de Pesca, que lleva los registros de la industria; y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, encargado de la fiscalización.
Aparentemente esta división de funciones y los recursos con los que cada uno cuenta no son suficientes para lograr llevar adelante un adecuado control de esta importante actividad económica.
Actualmente Sernapesca en la región de Aysén cuenta con una lancha arrendada para realizar la fiscalización de los 700 centros de cultivo desperdigados en el extenso mar de la Patagonia, operativos que muchas veces son coordinados con las mismas empresas según un calendario preestablecido de revisiones en terreno.
Por otra parte, fuentes de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas indican que no siempre ha estado la voluntad del gobierno para que los procesos de caducidad de las concesiones avancen en los tiempos que corresponden. Esto explicaría por ejemplo que, durante el gobierno anterior, en 4 años se tramitaron solo 28 de las denuncias, terminando en caducidad sólo 5 de ellas.
“¿Cómo van a seguir entregando más espacio cuando Sernapesca no tiene ni un bote, no tiene ni una chalupa para salir a controlar ¿Entonces quién fiscaliza? Se fiscalizan solo los salmoneros”, dijo Daniel Caniullán de la comunidad Pu Wapi.
Consultamos por la capacidad de fiscalización de Sernapesca, pero no llegó la respuesta.
Por otra parte, fuentes de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas indican que no siempre ha estado la voluntad del gobierno para que los procesos de caducidad de las concesiones avancen en los tiempos que corresponden. Esto explicaría por ejemplo que, durante el gobierno anterior, en 4 años se tramitaron solo 28 de las denuncias, terminando en caducidad sólo 5 de ellas.
El otro factor es que los equipos no cuentan con el equipo de profesionales suficientes para resolver tanto las solicitudes de nuevas concesiones pendientes, como la caducidad de aquellas denunciadas.
Según la Subsecretaría, “contamos con la capacidad y se encuentra inmersa en un proceso continuo de evaluación y mejora. En esta línea, hemos evidenciado avances significativos, como muestran los números presentados anteriormente en esta área. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, en particular en lo que respecta a resolver una serie de trámites que se acumularon durante los años pasados. No solo esperamos un crecimiento considerable de los trámites resueltos para el año 2024, sino que también aspiramos a acercarnos a la meta de resolver el stock acumulado previamente”.
Pero no todo es negativo en este panorama, si bien los antecedentes expuestos nos permiten cuestionar: ¿quién es el verdadero dueño del mar de la Patagonia?