Medio Ambiente cede ante reclamos de privados y extiende consulta pública para definir “sitios prioritarios”

La titular de la cartera, Maisa Rojas, aseguró que las operaciones con permisos vigentes no se verán afectadas. Fuente: El Mercurio, 31 de octubre de 2025.

Tras el malestar del mundo empresarial por la implementación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), institucionalidad dependiente del Ministerio del Medio ambiente (MMA), el Ejecutivo buscó el jueves responder las preocupaciones levantadas por los grandes gremios.

Representantes de los sectores de la minería, construcción, agricultura, forestal, pesca y acuicultura han planteado sus inquietudes por la definición de 99 sitios prioritarios, que se encuentran en consulta pública y cuyo proceso concluía la próxima semana. Esta determinación elevaría el estándar para la protección y conservación de la biodiversidad en distintas zonas del país, lo que, según estas industrias, podría amenazar la continuidad de sus operaciones en dichas áreas y generar un ‘congelamiento a la actividad productiva’.

Los gremios propusieron extender el plazo de la consulta para contar con un análisis técnico más profundo de este tema, entre otras medidas.

Si bien acusaban que la autoridad no estaba escuchando al mundo privado, finalmente el Ejecutivo cedió ante los reclamos. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció ayer que extenderán la consulta pública para los sitios prioritarios, según adelantó en entrevista con Radio Pauta. Durante la tarde, a través de un video difundido por la cartera que lidera, detalló que el proceso se prolongará hasta fines de noviembre.

También solicitó al futuro director de SBAP, Aarón Cavieres, reunirse con los distintos gremios para ‘canalizar inquietudes, aclarar dudas y buscar puntos de acuerdo para generar certeza jurídica en cuanto a la implementación de los sitios prioritarios’, según informó Medio Ambiente en un comunicado.

Vigencia de permisos

La ministra Rojas también salió a responder a las inquietudes de los gremios respecto a las potenciales dificultades que generaría la aplicación de la normativa en las actuales operaciones productivas que se encuentran en estas zonas.

La titular del Medio Ambiente señaló que ‘no hay ninguna actividad que no se pueda realizar dentro de los sitios prioritarios, a menos que sea ilegal (…) Las actividades productivas que se están desarrollando actualmente en los sitios prioritarios no se verán afectadas’. Durante su conversación con Radio Pauta, Rojas reiteró en distintas oportunidades que las empresas que tengan su permiso ambiental (Resolución de Calificación Ambiental) mantendrán su vigencia.

No obstante, especialistas en materia ambiental aseguran que se mantiene la incertidumbre que gira en torno a esta normativa.

Marcela Klein, consultora y excoordinadora legal y jefa de Proyectos de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, señala que ‘la gran preocupación de esta ley no son las áreas protegidas, sino que son todos los instrumentos de protección que hay fuera de las áreas protegidas en el resto del país, y que no conversan adecuadamente con la inversión’. Enfatiza que ‘en el caso de los sitios prioritarios, tiene varios efectos que se declare un sitio prioritario. Por ejemplo, se puede gatillar un Estudio de Impacto Ambiental, lo que para proyectos muy pequeños sería un costo del cual no se pueden hacer cargo’.

Otros apuntan a la falta de reglamento para contar con mayores certezas.

Álvaro Jana, socio del estudio Jana Leiva, afirma que ‘el primer aspecto crítico es que el marco reglamentario no está, cuando ya se toman decisiones operativas con efectos irreversibles (…) Simultáneamente, el MMA avanza en la identificación de 99 sitios prioritarios cubriendo casi 4 millones de hectáreas mediante decretos ejecutivos. Esto produce una situación donde las empresas deben adaptarse a limitaciones territoriales, cuya justificación jurídica aún no existe formalmente’.

‘La delimitación de los sitios prioritarios es un error, ya que no solo faltan criterios técnicos y de procedimiento claros, sino que además genera incertidumbre y desincentiva la inversión’, añade Rodrigo Ropert, senior counsel de Aninat Abogados.