Ministro Matus seguirá redactando fallo de Dominga pese a impugnaciones

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud de inhabilidad presentada en contra del ministro Jean Pierre Matus, quien fue cuestionado por su presunta cercanía con una de las partes en la causa en medio de la larga tramitación del proyecto. Fuente: El Día, 31 de julio de 2025.

Fue a mediados de mayo cuando sin mayor trámite ni alegatos como se podría haber esperado, la Corte Suprema dejó ‘en acuerdo’ la resolución por los recursos de casación que buscan derogar el fallo del Primer Tribunal Ambiental, que anuló el rechazo del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros, devolviendo la categoría de ‘aprobado’ a la iniciativa que busca extraer hierro desde la comuna de La Higuera.

Y si bien, se había designado para la redacción del fallo al ministro Jean Pierre Matus, el Servicio de Evaluación Ambiental –a través de un escrito-apuntó contra el integrante de la Corte Suprema, afirmando en un documento que ‘el ministro Matus tiene declarada dicha causal de inhabilidad con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien fue abogado patrocinante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo en el proceso de reclamación judicial seguido ante el Ilustre Primer Tribunal Ambiental, que dio origen a la presente causa, y quien además es parte del presente proceso judicial, según consta en el expediente de la presente causa’. Por tal motivo, pidieron recusar al ministro para que no siguiera a cargo de la redacción del fallo.

CORTE RECHAZA RECUSACIÓN

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud de inhabilidad presentada en contra del ministro Matus Acuña, petición que había sido formulada por la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental junto a organizaciones como Oceana Inc., el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de los Choros. En concreto, los recurrentes invocaron las causales de recusación contempladas en los numerales 14 y 15 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que aluden a beneficios recibidos y vínculos de amistad con alguna de las partes.

Sin embargo, la corte determinó la inexistencia de un ‘beneficio de importancia’ que comprometiera la imparcialidad del ministro, ni una amistad directa con alguna de las partes involucradas, descartando así las causales invocadas. Además, el tribunal advirtió deficiencias formales en la presentación de la solicitud, como su extemporaneidad y el incumplimiento de requisitos procesales. Con esta resolución, la Corte de Apelaciones confirmó la participación del ministro Matus en la causa del proyecto Dominga, ordenando comunicar lo resuelto a la Corte Suprema y archivar los antecedentes, así como también, poder seguir redactando el fallo por los recursos de casación, el que se ya se encuentra ‘en acuerdo’, como se señaló anteriormente.

‘ES UNA DECISIÓN CORRECTA’

Al respecto, Fernando Roco, abogado que representa a la Asociación Comunal de La Higuera, aseguró que la resolución de la Corte de Apelaciones ‘es una decisión correcta pues, tal como lo sostuvimos en el juicio, no existía ninguna razón jurídica para haber inhabilitado al ministro Matus, y en tal sentido la Corte de Apelaciones de Santiago ha hecho respetar el Estado de Derecho’. En cuanto a lo que viene ahora en el marco de la tramitación del proyecto Dominga, Roco explicó que ‘deben regresar los antecedentes a la Corte Suprema a fin de que dicho tribunal se pronuncie derechamente sobre la admisibilidad de las casaciones presentadas por los opositores y por el gobierno’.

Al respecto, aseguró que estos recursos de casación corresponden a acciones dilatorias. ‘No me cabe duda de que se hizo además como una medida para presionar a la judicatura ante el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de la admisibilidad de las casaciones. Por eso es tan relevante lo decidido al respecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, dado que resulta fortalecido el respeto a las normas legales que nos rigen y a la independencia del Poder Judicial’, recalcó.

‘UNA SEÑAL PROFUNDAMENTE PREOCUPANTE’

Para la diputada Nathalie Castillo sin embargo, la resolución de la corte ‘es una señal profundamente preocupante, sobre todo tratándose de una causa socioambiental de alta relevancia e impacto para las comunidades afectadas por el proyecto Dominga. Creemos que lo resuelto representa una vulneración, una falta al principio de imparcialidad que debe regir todo proceso judicial. La ciudadanía tiene derecho a confiar en que las decisiones de nuestras máximas autoridades se adoptan con total transparencia, independencia y libres de cualquier influencia indebida’, agregó. En esa línea, puntualizó además que ‘lo que está en juego aquí no es solo un fallo judicial: es la legitimidad de nuestras instituciones y el derecho de las comunidades a defender su territorio frente a proyectos que amenazan su sustentabilidad, su entorno y su forma de vida’.

LOS POSIBLES ESCENARIOS QUE PODRÍAN DARSE

Actualmente, y tal como ya se señaló, los recursos de casación relacionados con el proyecto Dominga están en manos de la Corte Suprema, pendientes de resolución. Al respecto, cabe recordar que la ONG Oceana presentó un recurso de casación de forma y de fondo ante la Corte Suprema, buscando anular el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había invalidado el rechazo al proyecto por parte del Comité de Ministros. A Oceana además, se sumaron la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. Paralelamente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) también interpuso una casación en la forma y en el fondo, señalando fallos técnicos, errores de interpretación legal y omisiones respecto al resguardo de la biodiversidad.

Desde mayo de este año, se sabe que la Tercera Sala de la Corte Suprema ya había llegado a un acuerdo sobre si se admitían o no los recursos, aunque aún no hay fallo definitivo sobre el fondo del caso. En cuanto a los próximos pasos esperados, la Corte Suprema debe decidir si acoge o rechaza los diferentes recursos de casación, ya sean de forma o de fondo. En caso de acogerse, se podría dictar una nueva sentencia que confirme, modifique o revierta el fallo del Tribunal Ambiental, el que fue favorable para el proyecto Dominga, devolviéndole la categoría de ‘aprobado’.