Pandemia paraliza el 40% de la inversión en trámite ambiental
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) trabaja en la definición de un mecanismo de participación para las comunidades, que se ajuste a los nuevos protocolos sanitarios, sin afectar el acceso de todos los involucrados. Consultores advierten que es clave que la fórmula que se implemente garantice la legitimidad de estos procesos para así evitar conflictos o abrir espacios para la judicialización de los proyectos. Fuente: El Mercurio, 21 de junio de 2020.
Este martes la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) renovó la suspensión del trámite de todos los proyectos que están en evaluación en los que corresponde realizar participación ciudadana (PAC) y/o consulta indígena.
Esta es la cuarta vez desde el 20 de marzo, cuando se decretó por primera vez, que la paralización se renueva. ¿La razón? En su gran mayoría, estos procesos de participación y consulta se realizan en forma presencial, algo no permitido en tiempos de pandemia, por el riesgo de contagio del covid-19. Esta vez la suspensión se extiende hasta el 30 de junio.
La medida afecta a 68 de los 558 proyectos que hoy están en evaluación, es decir, al 12% del total, pues hay proyectos que no requieren participación ciudadana, que por lo general corresponden a inversiones más simples y que entran como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y otros ya finalizaron sus PAC. Los suspendidos, en cambio, en su mayoría son Estudios de Impacto Ambiental (EIA), es decir, iniciativas de mayor escala y que totalizan el 40% de la inversión total en trámite (US$ 18.296 millones).
La medida implica que hay regiones como Valparaíso, Tarapacá y Atacama que tienen el 87%, 74% y 68% de su inversión en trámite paralizada, aunque en términos de montos lidera Antofagasta con US$ 5.102 millones suspendidos (ver mapa).
‘Estamos enfocados en mantener el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con las medidas adecuadas para proteger a todos los actores del sistema y a los funcionarios del SEA. Pero tampoco podemos perder de vista nuestro rol público. Estos 68 proyectos suspendidos consideran 27.904 empleos y tenemos el deber de evaluarlos de forma sustentable, considerando a la ciudadanía y teniendo en cuenta también que para la reactivación post covid-19 se requiere la mayor eficiencia del Estado’, explica el director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher.
A juicio de consultores que tramitan proyectos en el sistema de evaluación, no era necesario suspender los proyectos, sino que diferir las participaciones ciudadanas, de modo de no alterar los plazos globales de tramitación, como sucede con los proyectos no suspendidos, cuyos plazos -coinciden varios especialistas- no se han visto afectados porque los servicios están operando en forma remota.
‘El SEA podría haber suspendido las PAC, pero haber seguido con el resto de la evaluación, dejando las observaciones ciudadanas para una etapa posterior y no incluyéndolas en el primer set de preguntas y observaciones que remite a los titulares de los proyectos, como se ha vuelto habitual aunque no está regulado así. Esto está provocando una demora que redunda en la inversión, que ya está en el suelo a causa de la pandemia’, comenta Jaime Solari, presidente ejecutivo de la consultora SGA.
Buscando un modelo que dé garantías
Dada la evolución de la pandemia, que impide vislumbrar un horizonte de normalización de las actividades, en el SEA buscan una fórmula para reanudar las PAC y retomar la revisión de los proyectos suspendidos.
Como parte de este proceso, la semana pasada el SEA empezó a trabajar con sus equipos internos para idear la adecuación del sistema de participación ciudadana a los nuevos estándares de control sanitario. ‘Es nuestro deber mantener el estándar de estos procesos, el derecho a la información, a formular observaciones y tener respuesta fundada. Podemos adecuar metodologías dentro del proceso y es un tema que estamos discutiendo teniendo en cuenta el debido resguardo de nuestros funcionarios, las comunidades y consultores. Tenemos una función pública que cumplir y debemos cooperar con el desarrollo sustentable del país’, plantea Brücher.
A juicio de los consultores -que junto a las empresas titulares de los proyectos son la contraparte del SEA en la evaluación ambiental-, no solo se trata de que las PAC ahora sean en forma telemática, sino que es clave que la autoridad defina un mecanismo que garantice el acceso de todos los involucrados.
Manuel Tejos, director de la consultora Anagea, destaca que ya hay algunas experiencias positivas, como la de esta semana, cuando por primera vez una asociación indígena participó en una reunión por videoconferencia, en el marco de la consulta indígena del EIA del proyecto de expansión de la mina Collahuasi.
Sin embargo, el gerente general de la consultora Sustentable, Manuel Silva, plantea reparos: ‘Una plataforma puede ser un medio complementario, pero en ningún caso hay que dejar de buscar una forma de, en algún momento, poder volver a hacer la PAC en forma presencial, dado que su importancia en la evaluación ambiental es tal, que se deben realizar de forma que todos puedan acceder, manteniendo la legitimidad de estos procesos y sin que se preste como argumento para que las comunidades recusen los proyectos ‘, opina.
Jaime Solari dice que es urgente plantearse una ley corta de digitalización de la tramitación de las PAC, pues estas ‘no pueden estar paralizando el proceso. Hay que encontrar formas para desarrollarlas en forma segura y de pleno acceso, porque mientras no haya vacuna para el covid-19 -lo que se espera para un año y medio o dos- seguiremos teniendo este problema, porque las restricciones continuarán. Hay que enfocar el procedimiento de una manera distinta, pero no paralizar la evaluación’, asegura.
Una de las inquietudes que rondan en el sector privado es la posibilidad de que cuando se retome la evaluación de los proyectos suspendidos se produzca un cuello de botella en la tramitación. ‘Estamos preocupados dado los plazos que por lo general tienen las participaciones, que son muy reducidos para los titulares; y tenemos que estar preparados para responder al sistema y al trámite que se defina’, comenta Silva.
Hernán Brücher agrega que en paralelo a la nueva modalidad de PAC, están buscando agilizar otros procesos administrativos que se han visto afectados por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, ‘pero sin afectar la calidad ni rigurosidad de los procesos ni normativas ambientales’, dice. En este sentido, menciona la posibilidad de que los titulares de proyectos puedan extender los plazos para entregar sus respuestas a las observaciones de los servicios públicos.
Mejorar los tiempos de tramitación es clave, considerando que este año ha habido un alza en el número y el monto de los proyectos ingresados a trámite ambiental. Al primer trimestre entraron al SEIA 255 iniciativas, por US$ 22.512 millones, mientras que en el mismo período del año pasado ingresaron 159 iniciativas, por US$ 7.100 millones, es decir, este año hubo un 60% más de proyectos ingresados. En tanto, hubo un 35% más de proyectos aprobados en el mismo período.
En abril la tendencia se mantuvo y recién en mayo se observó una leve baja, aunque el monto de inversión se duplicó, llegando en ese mes a US$ 5.157 millones.
En lo que va del segundo trimestre se registran 45 proyectos desistidos, una cifra menor si se compara con los 64 del mismo lapso de 2019, razón por la que el director del SEA no advierte aún una desaceleración.
De hecho, respecto de los planes de reactivación, plasmados en el acuerdo nacional, donde la aceleración de los permisos de inversión es uno de los puntos, Brücher dice que allí se estipula expresamente que la reactivación económica, la generación de empleos e ingresos para las familias deberán ser sustentables con énfasis verde y cuidado al medio ambiente. ‘Cualquier iniciativa que se impulse deberá ser siempre manteniendo los altos estándares en materia ambiental y que, a su vez, permitan asegurar la adecuada participación ciudadana’ puntualiza.