[Reportea.cl] Fiscalía abre investigación por cartas entre abogado de los dueños de la salmonera Australis y oficial de la PDI

La Fiscalía abrió una investigación de oficio para indagar la eventual existencia de delitos en las comunicaciones entre Hugo Rivera, abogado de Joyvio —la gigante china que controla la salmonera Australis—, y un jefe de la PDI. El funcionario respondió una carta enviada por Rivera y le entregó información que ahora es utilizada por los abogados de Joyvio para intentar reabrir la causa en que se investigan delitos de estafa y administración desleal contra Isidoro Quiroga, el empresario que les vendió Australis por US$921 millones. El problema es que esa información podría ser falsa. Fuente: Reportea.cl, 7 de octubre de 2026.

Por Reportea.cl

Es una guerra judicial que se libra en varios frentes, y que tiene a la investigación penal por estafa y administración desleal que conduce la Fiscalía Oriente como escenario central. Se enfrentan la gigante china Joyvio con el empresario Isidoro Quiroga, quien en 2019 les vendió la salmonera Australis en US$921 millones. Cuatro años después los chinos acusaron un sobreprecio en esa transacción y presentaron una querella contra Quiroga. Ese fue el inicio de la guerra.

Ahora, los abogados que representan a los actuales dueños de Australis luchan por mantener la investigación judicial abierta. El pasado 28 de agosto se decretó el cierre de la indagatoria, y una semana después la fiscalía comunicó la decisión de no perseverar, lo que constituyó un triunfo para Quiroga. Pero los abogados tenían, literalmente, una carta bajo la manga.

La tesis de los abogados de Australis es que cuando Joyvio compró la empresa, desconocía el esquema de sobreproducción que se ejecutaba en la salmonera —que en simple significa producir más que lo autorizado por la autoridad—, que ese antecedente no les fue informado por Quiroga y que, por tanto, el precio de venta estaba inflado. Para fundamentar su punto, confiaron en un informe pericial que la fiscalía le encargó al Laboratorio de Criminalística de la PDI que buscaba calcular los supuestos perjuicios para los chinos.

El problema fue que la perito concluyó que no era posible realizar ese cálculo. El pasado 19 de mayo la perito Paula Lebuy, de la PDI, envió su informe a la fiscalía: «Del análisis de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y de las respuestas evacuadas por las entidades oficiadas, fue posible constatar la inexistencia de información objetiva, verificable y suficiente relativa al precio de venta de los productos consultados y demás antecedentes necesarios para efectuar una determinación técnica del eventual perjuicio económico investigado«, señaló la perito en su informe, el que Reportea revisó para este reportaje.

Hubo un nuevo intento para realizar el peritaje con el envío de antecedentes adicionales que habían sido aportados por la Aduana, pero el 17 de junio la perito de la PDI insistió en su punto: no era posible hacer el cálculo de los supuestos perjuicios.

Fue entonces que uno de los abogados de Australis, el penalista Hugo Rivera —abogado de la UC que ha representado a Andrónico Luksic, Mario Kreutzberger y al exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati—, tomó una decisión audaz: escribirle directamente al jefe nacional de los laboratorios de criminalística de la PDI, el Prefecto Inspector Carlos Rojas, para consultarle por los antecedentes que el organismo tuvo a la vista para elaborar el peritaje.

Rojas le respondió por escrito a través de otra misiva, fechada el pasado 27 de agosto. Allí le señaló a Rivera que los peritos de su repartición contaban con las capacidades técnicas para elaborar los peritajes requeridos, pero que no habían recibido los antecedentes que solicitaron para hacer el estudio. Sus palabras exactas fueron: «La funcionaria a cargo de la labor pericial requirió en su oportunidad los antecedentes objetivos, los que no fueron remitidos» (vea aquí la carta).

Esa respuesta encendió todas las alarmas entre los abogados de Joyvio, y un día después, la abogada Bárbara Yévenes, del estudio de Jorge Bofill (quienes integran el grupo de abogados de la querellante), pidió incorporar la carta del oficial de la PDI en la carpeta de la investigación.

Pero ahora la jugada realizada por Hugo Rivera abrió otro campo de batalla, porque la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación paralela para indagar la existencia de delitos en la comunicación entre el abogado y el jefe policial. El pasado viernes el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó al Fiscal Regional del Ñuble, Rolando Canahuete, para que asuma el control de esa nueva causa, confirmaron a Reportea desde el Ministerio Público.

El Fiscal Nacional tomó esa decisión de oficio luego de que recibió dos cartas de los abogados de Isidoro Quiroga en la que acusan un actuar ilegal del funcionario de la PDI. En las misivas, que Reportea tuvo a la vista, indican que en el escrito enviado por el jefe policial a Hugo Rivera se «efectúan afirmaciones contrarias a la realidad y a los antecedentes objetivos que constan en la carpeta investigativa, afirmaciones que están siendo usadas para influir en la discusión de la reapertura de la investigación promovida por los abogados querellantes«.

En paralelo al reclamo que hicieron ante el Fiscal Nacional, los abogados del bando de Isidoro Quiroga —integrado, entre otros, por Cristóbal Eyzaguirre, Juan Domingo Acosta, Alex Van Weezel, Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves—, también le escribieron al director de la PDI, Eduardo Cerna. En esa carta, que aún no ha sido respondida, los abogados acusaron que «el señor Rojas Ramírez, Jefe Nacional de Ciencias Forenses, mantuvo comunicación directa con un abogado querellante, sin la intervención ni conocimiento del Ministerio Público, respecto de una causa cuya investigación se encontraba abierta en ese momento. La comunicación dice además relación con diligencias de investigación en las que el señor Rojas Ramírez no participó y respecto de las cuales no tiene competencia por disposición legal expresa«.

Los abogados defensores le solicitaron a Cerna que les enviara una copia de la carta recibida por el jefe policial el pasado 19 de agosto, y de cualquier otra «comunicación» que el oficial hubiera sostenido con otros abogados vinculados a Australis.

Desde la PDI le dijeron a Reportea que la comunicación entre el Prefecto Inspector Rojas y el abogado Hugo Rivera «se dio en el contexto de una carta reclamo enviada a nuestra institución, respecto a un peritaje contable. Es por ello, que se derivó la misma al ente técnico institucional, correspondiente a la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses de donde dependen los Laboratorios de Criminalística de todo del país, a fin que recopilara la información y se le diera respuesta directa al recurrente mediante correo electrónico».

El abogado Hugo Rivera no contestó los mensajes que le enviamos para conocer su versión sobre este asunto.

Distintos abogados penalistas y del Ministerio Público comentaron a Reportea que resulta inédito que un interviniente particular de una causa solicite información a un oficial de la policía que opera como auxiliar en investigaciones dirigidas exclusivamente por los fiscales. En todo caso, el punto más complejo de la carta que le respondió el oficial de la PDI al abogado Rivera, es que allí afirma algo distinto a lo que la perito a su cargo había informado al Ministerio Público.

En los informes de la perito Paula Lebuy no se menciona que ella haya solicitado antecedentes que no le fueron enviados, como afirma el Prefecto Inspector Carlos Rojas. En el informe del 19 de mayo que Lebuy entregó a la Fiscalía Oriente, a cargo de la investigación por estafa y administración desleal contra Quiroga, señala que no fue posible calcular los supuestos perjuicios sufridos por Joyvio por otras razones: en la carpeta investigativa y en las respuestas que entregaron los organismos a los que se les solicitó información no habían datos objetivos y verificables; existían «antecedentes de carácter eminentemente técnico que exceden el ámbito de competencia de esta Perito Contador«; «documentación en idiomas distintos al español, planillas sin validación respecto de su origen, integridad o autoría y antecedentes vinculados a entidades distintas de la querellada«, aseguró la perito (vea aquí ese informe).

Los abogados de Joyvio solicitarán la reapertura del caso en una audiencia programada para el próximo 8 de octubre en el Cuarto Juzgado de Garantía. En esa instancia los abogados de cada parte tendrán a la vista los informes periciales que ahora están en el foco de la polémica. La pregunta clave que deberá resolver el juez a cargo de la audiencia será si la fiscalía envió o no la información necesaria a la perito para que ella pudiera realizar el análisis que le solicitaron. Si no fue así, el largo enfrentamiento entre Joyvio y Quiroga tendrá un nuevo vuelco. De lo contrario, la situación del oficial de la PDI y del abogado Hugo Rivera podría complicarse y el foco se trasladará a la investigación que acaba de abrirse en la Fiscalía del Ñuble.

Esta no es la primera polémica que enfrentan los abogados que representan a Australis. Quien lidera ese equipo, Alberto Eguiguren, fue denunciado por un exejecutivo de la salmonera que afirmó que el abogado conoció de un fallo favorable para la empresa emitido por la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuando este aún era reservado. La denuncia subrayó un posible vínculo entre Eguiguren y Ángela Vivanco, quien entonces integraba esa sala del máximo tribunal, y que actualmente está formalizada en otra causa que indaga la venta de fallos judiciales. Otro de los abogados que ha formado parte del equipo de Australis es Gabriel Zaliasnik —quien renunció al patrocinio a fines de mayo, justo antes de asumir como embajador de Chile en Israel—, y que ahora está imputado en una arista del caso Hermosilla que se abrió luego de que Reportea reveló parte de sus chats con Luis Hermosillla.