El Proyecto GEF “Instrumentos Económicos y Herramientas para la Conservación de la Biodiversidad” (IECB), también conocido como GEF “Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad” (ICB), es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa surge en el contexto de las crecientes amenazas que enfrentan los ecosistemas en Chile, producto del cambio de uso del suelo, la sobreexplotación de recursos y la degradación ambiental. Si bien existen regulaciones y políticas en esa dirección, se requiere promover nuevas formas de conservar la naturaleza y detener la pérdida de especies.

Es precisamente a lo que apunta este proyecto GEF, que busca incorporar herramientas innovadoras que generen incentivos para la conservación y fortalezcan la gestión de los territorios. Objetivo para el que trabaja en base a dos tipos de instrumentos: los normativos, que establecen reglas para compensar los impactos ambientales y garantizar la protección de la biodiversidad a largo plazo; y los económicos, que fomentan incentivos y oportunidades de financiamiento para la conservación.

No obstante, para asegurar que estos mecanismos sean viables, el proyecto está desarrollando seis experiencias demostrativas en las regiones de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos. La finalidad es forjar acuerdos con comunidades y organizaciones locales, para probar y adaptar estos instrumentos, en el marco de la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El Proyecto GEF “Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad”, que comenzó a ejecutarse a fines de 2023 y se extenderá hasta fines de 2027, cuenta con un financiamiento entregado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de 2,3 millones de dólares, además de un cofinanciamiento de 9,2 millones de dólares de diversas instituciones, y organizaciones públicas y privadas.

Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente, comenta que el proyecto tiene como principales metas institucionalizar cuatro instrumentos clave: “Retribución por Servicios Ecosistémicos, Compensaciones de Biodiversidad, Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y Derecho Real de Conservación”.

Junto con implementar y evaluar las seis experiencias piloto, en contextos locales, el proyecto también “busca fortalecer las capacidades de gobernanza a nivel nacional y regional, a través de un Comité Técnico Nacional y tres Comités Técnicos Regionales, que articulan instituciones, sector privado y sociedad civil”.

“Además de integrar el conocimiento adquirido mediante reglamentos, guías técnicas y un sistema de información para el seguimiento y evaluación de estos instrumentos”, indica Maximiliano Proaño.

Con respecto al Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (SCBSE), el pasado 16 de octubre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó su reglamento. A través de este lineamiento, por tanto, se definirán estándares claros para certificar acciones de conservación y restauración realizadas por actores públicos y privados.

-En cuanto a los instrumentos normativos,  ¿a través de qué mecanismo buscan compensar los impactos medioambientales?

El reglamento de Compensación de Biodiversidad, elaborado en el marco de la Ley 21.600 y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de junio pasado, es el principal instrumento orientado a reglamentar aquellos proyectos de inversión que generen impactos significativos en la biodiversidad, para que puedan ser compensados, garantizando así una mayor protección de los ecosistemas de nuestro país.

Este instrumento está basado en una jerarquía de medidas donde, en primer lugar, se deben evitar los impactos, minimizar, reparar. Y solo cuando existan daños residuales, aplicar las compensaciones. Además, establece un registro público y georreferenciado de medidas de compensación que, como todo el reglamento, será administrado por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

-Y en el mismo ítem, ¿qué instrumento apunta a un plan de conservación a largo plazo?

El Derecho Real de Conservación (DRC) corresponde a una figura legal con fines ambientales, creada en 2016 mediante la Ley 20.930, que permite a un propietario de un predio establecer, de manera voluntaria, restricciones de uso sobre su predio para asegurar su conservación. Este derecho se constituye mediante un contrato por escritura pública entre el propietario y un titular o garante de conservación (como una fundación, ONG o comunidad), y se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces, lo que garantiza su validez frente a terceros y su continuidad, aunque el terreno cambie de dueño.

El contrato puede incluir obligaciones como limitar usos productivos, mantener o restaurar ecosistemas y ejecutar planes de manejo del área. De esta forma, el DRC crea una alianza entre propietarios y garantes, otorgando seguridad jurídica a los compromisos de conservación sin necesidad de traspasar responsabilidades ni la propiedad al Estado. Se puede adaptar a distintos fines, como conservación de bosques, humedales o protección de cuencas, y puede coexistir con otros usos productivos, siempre que no contradigan las acciones de manejo de los objetos de conservación.

Actualmente, los proyectos GEF “Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad” y GEF “Restauración de Paisajes”, ambos ejecutados por el Ministerio del Medio Ambiente, trabajan conjuntamente en la elaboración de lineamientos y buenas prácticas para la implementación efectiva del Derecho Real de Conservación, promoviendo altos estándares en la creación y gestión de esta herramienta de conservación voluntaria.

-Respecto a los instrumentos económicos, ¿cómo se concibe la estrategia para generar incentivos y oportunidades de financiamiento a la conservación?

Los nuevos instrumentos económicos definidos por la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, permitirán abordar los desafíos que nuestro país enfrente en esta materia. Más de la mitad de los ecosistemas de Chile presentan algún grado de amenaza, lo que compromete el patrimonio natural y servicios esenciales como el agua, los suelos y los recursos marinos.

Por medio de estos instrumentos, se busca que la conservación no dependa únicamente de regulaciones o del financiamiento público, sino que la protección, y uso sustentable y consciente de la naturaleza, se integre en las decisiones económicas de los distintos actores de la sociedad, movilizando recursos financieros para reducir la brecha de financiamiento que hoy existe para el cuidado de la biodiversidad.

La estrategia está concebida con un enfoque integral que promueve instrumentos innovadores, condiciones habilitantes y una gobernanza sostenible, que incluye el diseño, prueba y evaluación de dos mecanismos en contextos reales: las Retribuciones por Servicios Ecosistémicos, que permiten que quienes se benefician de la naturaleza, como consumidores de agua o sectores productivos, aporten financiamiento para su protección y restauración; y las Certificaciones de Biodiversidad, que reconocen actividades, prácticas o sitios que contribuyen a la conservación, aumentando su valor en el mercado y promoviendo la adopción de buenas prácticas.

-A través de las experiencias demostrativas, ¿cuál es el rol que juegan las comunidades locales en este Proyecto GEF?

Para avanzar en la implementación de estos nuevos instrumentos, es necesario alcanzar acuerdos entre distintos sectores, así como incorporar la experiencia de las propias comunidades. En este marco, el Proyecto GEF cumple un rol destacado al acompañar y facilitar este proceso, a través de la puesta en marcha de seis experiencias piloto y la creación de espacios de comunicación entre comunidades locales, personas expertas y autoridades.

En cada experiencia piloto se trabaja en alianza con organizaciones sociales, como sindicatos de pescadores, comités de Agua Potable Rural y comunidades indígenas, en las regiones de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos. Esto permite implementar en forma temprana los instrumentos, identificar oportunidades de ajuste y generar aprendizajes que servirán para su escalamiento a otros territorios. En este modelo, las comunidades actúan como garantes de conservación y beneficiarios de las actividades en sus propios territorios.

-¿Qué papel desempeñan las autoridades regionales?

Las autoridades regionales y los servicios públicos con competencia en la materia, liderados por las y los Seremi del Medio Ambiente, articulan los instrumentos de gestión pública para una implementación exitosa. Aquí es esencial la colaboración entre ambos niveles de toma de decisiones para que las iniciativas se traduzcan en beneficios concretos, tanto para las personas como para los ecosistemas que se busca resguardar.

-Para estas experiencias piloto, ¿en qué se basaron al momento de escoger las localidades?

El Proyecto GEF trabaja en seis experiencias piloto: Caleta Maitencillo y Ventanas en la Región de Valparaíso; Mashue y Liquiñe, en la Región de Los Ríos; y Chepu y Caleta Huellelhue, en la Región de Los Lagos. La selección de estas localidades consideró criterios clave, entre ellos, trabajar con comunidades diversas, en ecosistemas de alto valor natural, con distintas actividades productivas y con experiencias previas en conservación.

-¿Qué resultados han obtenido a la fecha?

Las experiencias han demostrado que los incentivos económicos pueden generar impactos concretos: desde mejorar la gestión del agua en comunidades rurales, hasta fortalecer el turismo sustentable en zonas costeras.

En Mashue, por ejemplo, los contratos por Retribución por Servicios Ecosistémicos han podido concretar un acceso más seguro al agua y fortalecer la restauración del bosque nativo. En Liquiñe, se explora un modelo en el que la actividad turística aporte directamente al cuidado de los ecosistemas. En la zona costera, en tanto, sindicatos de pescadores de Ventanas y Chepu están impulsando refugios marinos que protegen, de manera voluntaria, la biodiversidad y permiten recuperar los recursos marinos.

-En el marco de estas demostraciones, ¿qué tan relevante es la educación ambiental a la comunidad?

La educación ambiental es un componente relevante en las experiencias piloto del proyecto para promover la participación comunitaria y la sostenibilidad a largo plazo de estos instrumentos. Dado que parte importante de los instrumentos impulsados por el proyecto son voluntarios, como los contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, el Sistema de Certificación o el Derecho Real de Conservación, la educación ambiental facilita que los actores locales comprendan los beneficios sociales y ambientales, y sientan motivación a participar de estos reconocimientos.

A través de los programas de educación ambiental, las comunidades identifican las relaciones entre sociedad y naturaleza, así como las dinámicas ecológicas que sostienen los servicios ecosistémicos de los que dependen su bienestar y desarrollo. Esto no solo fomenta la disposición a participar en esquemas de conservación y producción más sostenibles, sino que también fortalece la legitimidad social de estos instrumentos cuando son promovidos por organizaciones locales.

-¿De qué modo harán seguimiento a estos mecanismos para evaluar sus impactos?

Se trabaja en el diseño de un sistema de monitoreo integrado, que permitirá llevar un registro geográfico de la aplicación de los nuevos instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad y las compensaciones por impactos residuales en la biodiversidad, que estará integrado al Sistema Nacional de Información y Monitoreo de la Biodiversidad del SBAP.

Esta nueva plataforma multipropósito buscará facilitar la gestión, el monitoreo y la evaluación de estos mecanismos, asegurando transparencia y acceso a información estandarizada para la toma de decisiones.

-Con el fin de ampliar esta estrategia sectorial a nivel nacional, ¿qué avances puede mencionar en esa línea?

Como Ministerio del Medio Ambiente destacamos tres hitos que nos parecen claves. El primero es el trabajo de participación ciudadana temprana, desarrollado por el MMA junto al equipo del proyecto, que ha permitido ampliar el alcance de los procesos de participación formales, más allá de las exigencias legales.

En segundo lugar está el plan de fortalecimiento de capacidades sobre instrumentos económicos que desarrollará el proyecto, cuyo objetivo es entregar capacitación y acompañamiento técnico a comunidades, instituciones públicas y sector privado, para que puedan contar con las herramientas necesarias para implementar estos nuevos instrumentos en sus territorios.

Finalmente, los aprendizajes obtenidos de las seis experiencias demostrativas están siendo sistematizados para servir como modelos de aplicación en distintos ecosistemas y regiones, lo que permitirá escalar la estrategia desde los pilotos actuales hacia un marco nacional de implementación.

-¿Cuáles son las claves para que las prácticas de conservación sean efectivas y sostenibles financieramente?

Como Ministerio del Medio Ambiente consideramos que la gestión ambiental sostenible requiere de instrumentos económicos con respaldo normativo y financiero, como las Retribuciones por Servicios Ecosistémicos, la Certificación de Biodiversidad o las Compensaciones por Impactos Residuales a la Biodiversidad, que permiten que la conservación tenga un sustento real en el desarrollo económico.

Para que estos mecanismos sean efectivos se requiere de tres condiciones clave: participación comunitaria, a través de la cual actores locales -como los comités de Agua Potable Rural en la Región de Los Ríos- actúan como garantes de conservación, generando legitimidad y sostenibilidad; la diversificación del financiamiento, integrando aportes públicos, privados, comunitarios e internacionales; y experiencias piloto y gobernanza, para probar, ajustar y luego escalar los instrumentos, con apoyo institucional. Estas tres variables, en conjunto, permiten que la conservación sea vista como una oportunidad real de desarrollo sostenible y no como un costo.

-Finalmente, ¿el turismo desempeña algún rol en el marco de este Proyecto GEF?

El proyecto no aborda directamente el turismo dentro de sus líneas de trabajo. Sin embargo, es un rubro económico que no solo depende de la buena salud de los ecosistemas en los que se inserta, sino que también puede transformarse en una fuente de financiamiento para su conservación.

Por ejemplo, en la experiencia piloto de Liquiñe, en la Región de Los Ríos, se explora implementar un modelo de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el que las y los visitantes aporten al financiamiento de la conservación de los bosques y fuentes de agua que hacen posible la actividad turística en el territorio. Este modelo buscará asegurar que aquellas características del lugar que atraen a los visitantes, como el paisaje, la cultura y la naturaleza, se mantengan en el tiempo.