Desde incluso antes que la Convención Constitucional iniciara su trabajo, uno de los ejes transversales de la discusión fue el agua. Los artículos aprobados en el actual borrador constitucional apuntan a una gestión diferente del recurso a la que consagra la Carta Magna en ejercicio, centrándose ahora en el Derecho humano al agua y estableciendo los recursos hídricos como bienes inapropiables e incomerciables. Estas normas terminarían con las instituciones como la Dirección General de Aguas, el Código de aguas y los Derechos de aprovechamientos, uno de los puntos más criticados por activistas medioambientales y organizaciones. El trabajo de gestión se realizaría a través de una Agencia Nacional del Agua junto con el trabajo de Concejos de Cuenca, que reuniría a los distintos actores involucrados. Según algunos expertos, estos artículos reforman un sistema de legislación que no puede responder a la crisis hídrica que afecta al país hace más de diez años. “Nos parece importante destacar el reconocimiento del agua como un bien común natural inapropiable sobre el cual el Estado tiene un rol de custodio, pudiendo otorgar autorizaciones administrativas para su uso de manera temporal, sin generar derecho de propiedad alguno, a diferencia de lo que ocurre con la constitución vigente. Sin embargo, nos preocupa cómo se abordará la situación de los derechos de aprovechamiento ya otorgados, en particular, la definición sobre el mecanismo que asegurará el cumplimiento a las prioridades de uso establecidas en la nueva carta fundamental”, plantea el abogado Ignacio Martínez. Fuente: El Mostrador, 14 de mayo de 2022.