Impuesto verde anota leve caída por menores emisiones contaminantes

La ampliación del gravamen a instalaciones de otros sectores productivos, como el cementero o la minería -debido a los cambios de este gravamen que se consideran en el proyecto de reforma tributaria-, implicaría un incremento promedio de US$ 47 millones por año en el pago que realizarían las empresas. Fuente: El Mercurio, 28 de abril de 2019.


En su segundo año de operación, la recaudación del impuesto verde a las emisiones de fuentes fijas estuvo en línea con las proyecciones efectuadas en la reforma tributaria de 2014. En 2018, los 93 establecimientos que están afectos a este gravamen totalizaron pagos por este concepto por US$ 188,3 millones, según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Este monto corresponde a la valorización de las emisiones reportadas por cada establecimiento según la fórmula de cálculo establecida para los contaminantes locales, que en el caso del dióxido de carbono (CO {-2}) corresponde a un cargo de US$ 5 por tonelada emitida.

El monto es similar a los U$ 186,6 millones que se proyectaban como recaudación para el año pasado en el informe financiero de la reforma tributaria de 2014 y es levemente inferior (-1%) a la recaudación de 2017, el primer año en que se aplicó este impuesto, cuando implicó un aporte a las arcas fiscales de US$ 190,1 millones.

Esta baja, explican en el MMA, se explicaría por la disminución de las emisiones contaminantes sujetas a este tributo. Por ejemplo, el CO {-2} se redujo en 1,1%, el material particulado en 7%, los óxidos de nitrógeno (NOx) en 2% y las toneladas de dióxido de azufre (SO {-2} ) cayeron 0,01%, todo en comparación con 2017. «Es de suponer que la incorporación de tecnologías más eficientes y la implementación de mecanismos de abatimiento de emisiones hayan tenido los efectos esperados por la aplicación de los impuestos», comentaron en la secretaría de Estado.

El análisis de las cifras muestra que el 58% de los 93 establecimientos afectos a este gravamen -los cuales agrupan a un total de 317 fuentes de emisión o chimeneas- corresponden a centrales de generación eléctrica, mientras que el 14% son unidades relacionadas con el sector pesquero, 7,5% vinculadas a los sectores de celulosa y papel, e igual porcentaje relacionado con unidades agrícolas. El resto se distribuye entre el área maderera (4,3%) y otro tipo de recintos (8,6%).

Medido por tipo de contaminantes, el 88% del total recaudado corresponde a CO {-2}, mientras que en términos de sector económico, casi la totalidad de la recaudación será enterada por la generación termoeléctrica, con el 94%, lo que circunscribe a empresas de este ámbito en las diez primeras posiciones como los principales contribuyentes de este impuesto verde. Según los datos del Ministerio del Medio Ambiente, el 68% del total recaudado por este concepto fue aportado por estas empresas que, por motivos de confidencialidad tributaria, no pueden ser individualizadas. Este porcentaje es equivalente a US$ 128 millones.

En 2017, en tanto, y según datos del Servicio de Impuestos Internos, a las empresas eléctricas les correspondió un pago de US$ 171 millones, muy similar a los US$ 176,6 millones de 2018. El incremento, explican conocedores del sector, se debe a la mayor participación que las unidades de tipo térmico tuvieron en el total de la generación, explicando del orden del 38% del total de electricidad producida el año pasado, de acuerdo con las estadísticas del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Las perspectivas para este año, en tanto, apuntan a que la generación térmica aumentará, debido a restricciones de tipo hidrológico.

«Los impuestos verdes son un importante instrumento de gestión ambiental que ha demostrado su efectividad a nivel global, basado en el principio de ‘quien contamina paga’, generando un incentivo para que los privados incorporen con mayor fuerza tecnologías limpias y, así, avanzar en un Chile más limpio y sustentable que se compromete en la acción climática», explica la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Proyecto de modernización tributaria incrementaría la recaudación en torno al 25%

Entre las modificaciones que plantea el proyecto de modernización tributaria de este gobierno figura precisamente el impuesto verde a las emisiones de fuentes fijas.

Básicamente son tres los cambios que plantea la normativa. El primero de ellos tiene que ver con un cambio en el criterio de afectación, lo que implica que si hasta ahora el impuesto rige para establecimientos con calderas y/o turbinas con capacidad superior a 50 MWt, en el proyecto se considera que lo que determinará el pago será la intensidad de las emisiones. Así, toda unidad que anualmente libere 25 mil toneladas de CO {-2} o cien toneladas de material particulado en forma anual quedará sujeta a este tributo.

«Hoy día están afectas más de 40 plantas termoeléctricas que tienen emisiones del orden de 40 millones de toneladas de CO {-2} anuales. Con la propuesta de reforma se incorporan todas las fuentes fijas que emitan más de 25 mil ton CO {-2} anuales, entre ellas las cementeras, plantas de celulosa, fundiciones, mineras y otras, estimándose que las emisiones incrementales afectas estarán en el rango de las 18 millones de toneladas de CO {-2} por año», explica Aldo Cerda, CEO de SCX Bolsa de Clima de Santiago.

En el Ministerio del Medio Ambiente complementan que entre los sectores no sujetos a la ley de impuestos verdes toman importancia las fuentes como hornos utilizados en diferentes industrias y por otro lado, diversos procesos productivos que involucran actividades asociadas a procesos sin combustión, como moliendas y chancadoras, que son importantes emisores de material particulado.

En el Ministerio de Hacienda explican que en la revisión del impuesto verde se busca hacer más eficiente este gravamen y, según sus cálculos, «el número de establecimientos aumenta respecto de la situación actual en no más de 10%, pero la medida está en proceso de revisión», apuntan.

El informe financiero del proyecto de modernización tributaria establece que el impacto de la modificación del impuesto verde será en promedio de US$ 47 millones por año, lo que implica un alza del 25% comparado con la recaudación del año pasado.

El máximo de recaudación adicional se produciría en 2020 con US$ 54 millones, mientras que el mínimo sería de US$ 40 millones cuando el tributo esté en régimen. Esto último equivale, explican en el documento, a los parámetros estimados al año 2023.

En la cartera del Medio Ambiente, en tanto, explicaron que esperan que la modernización tributaria «intensifique los esfuerzos de cada empresa por reducir sus emisiones, debido a la posibilidad latente de enfrentarse a una eventual afectación del impuesto verde, dado el cambio en el criterio de afectación según la intensidad de sus emisiones, por tanto, su gestión ambiental debiese mostrar resultados positivos en cuanto a sus emisiones».

La industria cementera, una de las que quedarán afectas al impuesto verde a partir de la propuesta de modernización que amplía el universo de fuentes fijas que estarán afectas, ha manifestado una posición crítica respecto de este cambio.

El gerente del Instituto del Cemento y Hormigón de Chile (ICH), Augusto Holmberg, explica que como está planteado el impuesto llevaría al inminente cierre de los hornos de generación de clínker, que es la materia prima para la preparación del cemento, lo que obligará a las empresas nacionales a incrementar la importación de este insumo, que provendrían de países con normas de emisión menos exigentes, a lo que además habría que sumarle las emisiones asociadas al transporte de este insumo. Actualmente del orden del 40% del clínker es internado.

«Chile ha suscrito compromisos internacionales en materia de emisiones y próximamente seremos anfitriones del COP25, por lo que hay una evidente contradicción entre este espíritu y el impulsar impuestos que derivarán en un aumento de las emisiones globales por una importante fuga de carbono», dice, señalando que también habría efectos en la ley REP. Debido a que los hornos donde se fabrica el clínker permiten procesar neumáticos, que es uno de los productos priorizados en dicha normativa.

Agrega que es necesario que el Gobierno corrija esta propuesta. «El impuesto a las emisiones de CO {-2} está mal enfocado y puede transformarse en una zancadilla para la competitividad de diferentes sectores, entre ellos el del cemento, sin generar finalmente ningún beneficio recaudatorio o ambiental. Es necesario reformularlo o, mejor aún, avanzar a un sistema de mercado de precios de carbono alineado con la práctica generalizada en los países de la OCDE», dice.

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