Por un lado, desde su instalación, un grupo de constituyentes ha planteado la necesidad, a su juicio, de ‘terminar con el modelo extractivista’ que tendría Chile. Tanto es así que este aspecto fue incluido en la lista de temas mínimos que deberá tratar la comisión temática de Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico.

Durante las últimas semanas, además, surgió otra preocupación: el documento base para la consulta indígena. El texto originalmente propuesto por los coordinadores de la comisión de Derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad (Margarita Vargas y Victorino Antilef) decía: ‘Decrétese el fin a las concesiones mineras. Una comisión especial deberá evaluar, en un plazo no mayor a 2 años, condiciones de continuidad de aquellas que puedan continuar su funcionamiento’.

Si bien este fue reemplazado, igualmente el texto final aprobado por la comisión considera entre las propuestas preliminares la ‘revisión, modificación y/o revocación de las autorizaciones, permisos, concesiones de exploración y/o explotaciones minerales, aguas, forestales, energía geotérmica y demás bienes naturales ubicados en territorios indígenas, que no han sido consultadas, previa revisión con participación de las comunidades, para determinar si afectan derechos territoriales y derechos humanos’.

René Tapia, abogado de LyD, analizó el documento base para la consulta indígena y advierte, además, que ‘en la ficha sobre el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, el documento base define este derecho como el de los pueblos indígenas a poseer, controlar, conservar, utilizar y recuperar la propiedad de las tierras, territorios y bienes naturales que tradicionalmente han poseído, u otro tipo de ocupación o utilización o que hayan adquirido de cualquier otra forma, comprendiendo la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. Es decir, la superficie terrestre, los bienes naturales que están sobre dicha superficie y en el subsuelo, las aguas superficiales, subterráneas y marítimas. A su vez, dicha ficha explica que es parte del contenido mínimo de ese derecho, ‘el reconocimiento del derecho de propiedad sobre tierras y territorios de ocupación tradicional”.

Y una tercera alerta se encendió este fin de semana, cuando la comisión de Medio ambiente realizó el sorteo para definir a quiénes de los más de 1.700 solicitantes podrá recibir en las audiencias públicas que sostendrá dicha instancia hasta enero.

Ni el Consejo Minero, la Asociación de Industriales de Antofagasta, Aprimin, la Asociación de Industriales de Iquique, Red de Ingenieras de Chile, el Instituto de Ingenieros de Minas, la CPC, entre otros, podrán asistir a la comisión.

Uno de los pocos gremios que podrán hacerlo es la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Diego Hernández, presidente de la entidad gremial, señala que ‘sin duda ha sido positivo que la comisión nos haya seleccionado como representantes de la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica. Entregamos nuestra propuesta constitucional a cada uno de los constituyentes, algunos de los cuales, incluyendo la presidenta de la instancia, acusaron recibo y lo agradecieron’.

Representantes del sector se están reuniendo en talleres, foros y cabildos para debatir y analizar los desafíos del sector, donde reconocen a Chile como un país minero con historia y tradiciones, el cual representó al tercer trimestre de 2021 el 15% del PIB nacional y que a nivel regional llegó el 2019 a un 51,9% del PIB de Antofagasta; un 33,9% en Tarapacá; un 35,9% en Atacama; un 24,3% en Coquimbo y un 18,6 en O´Higgins 18,6%, según cifras del Banco Central.

Opiniones

Juan José Martin (INN), uno de los coordinadores de la comisión de Medio ambiente, afirma que ‘nos hubiese encantado recibir más organizaciones, pero cada sesión soporta 14 audiencias, o sea, máximo 280 exposiciones divididas en 20 sesiones, y no se puede más’.

Respecto de cómo ve la minería en la nueva Constitución, Martin comenta que aún la comisión no empieza el debate, solo está escuchando, pero en su opinión es importante avanzar en que la actividad económica se haga de forma complementaria con otras formas de vida, no solo humana. ‘Que se generen estándares donde la producción económica no esté por encima de los derechos humanos y de la naturaleza’, afirma.

Acerca de las concesiones mineras, al interior de la Convención están conscientes de que es un tema delicado para la actividad económica del país. En este contexto, cuentan que respecto a este asunto no hay definiciones del todo elaboradas, por lo que se están tomando su tiempo para estudiar la forma en cómo abordarán las concesiones.

Diego Hernández, de Sonami, ya prepara su intervención ante la comisión. Cuenta que dado que son solo diez minutos los que se pueden exponer, ‘nos enfocaremos en que sea posible constituir concesiones mineras y que sea el Poder Judicial el único que puede otorgarlas y extinguirlas. Ello permite un rápido, transparente y objetivo acceso a solicitar una concesión minera, sujetando su otorgamiento al cumplimiento de requisitos objetivos y no discrecionales, que buscan evitar que se produzcan hechos de corrupción. Este modelo ha sido reconocido internacionalmente por su transparencia y garantía de probidad, destacándose como una gran cualidad el que sea ‘virtualmente imposible’ que no se haga público el criterio de otorgamiento de una determinada concesión o grupo de concesiones’, agrega.

Respecto del punto, Elías Arze, consejero nacional del Colegio de Ingenieros de Chile, señaló en un foro, que ‘lejos de eliminar la propiedad minera, es necesario hacer una revisión de las obligaciones de los titulares de concesiones de exploración y explotación, que aseguren la realización de actividades que permitan expandir la actividad minera. Entre ellas, la aplicación de un sistema de patentes progresivas para las concesiones que no se encuentren en etapa de explotación, junto con limitar la temporalidad de la concesión de explotación para aquellas concesiones que no han sido desarrolladas’.