A pesar de que preliminarmente se habla de una cantidad derramada menor, que alcanza los 200 litros de IFO 180, autoridades y defensores del cuidado del ecosistema han expresado que no dejarán pasar un nuevo episodio de contaminación.

De hecho, Cristóbal De La Maza, superintendente del Medio Ambiente, confirmó ayer que se encuentran “realizando diversos peritajes en la zona para determinar si existen infracciones a la normativa ambiental regulada por este organismo, que tengan relación con el derrame de combustible. De ser el caso, quiero ser bien categórico, aquí lo que corresponde es aplicar el máximo rigor que nos permite la ley”.

Para el investigador del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (Secos), Ricardo Barra, el vertimiento de combustible al mar siempre genera alteraciones que son perjudiciales para los seres vivos: “Sin duda los impactos son importantes. Hay impactos ambientales en los ecosistemas. El petróleo contiene elementos de mucha toxicidad, tanto en términos físicos como químicos. Hay problemas con los organismos que se exponen al petróleo”.

“Con esta capa oleosa que se genera en el agua se impide el intercambio de oxígeno entre el aire y el agua. Entonces se produce toda una alteración del funcionamiento de un sistema desde el punto de vista ambiental”, añadió.

En esa misma línea, Alex Godoy, académico y director en estrategia y operaciones sostenibles de Círculo REP, comentó que “la acumulación de material hace de que sea un riesgo en las cadenas tróficas. Estos materiales son de difícil degradación y, segundo, que esas concentraciones van subiendo en las cadenas tróficas acumulándose en los huevos de larva o mariscos que terminan siendo consumidos por los seres humanos. Por tanto, el impacto puede ser enorme y aumenta los riesgos en la salud de la población”.

“Esta mancha oleosa también se evapora y termina llegando a los seres humanos, lo que significa problemas a la salud de las personas que pueden aspirar estos tóxicos del hidrocarburo evaporado. Esperemos que, en virtud de la magnitud, los efectos no sean tan fuertes como los anteriores. Pero por eso hay que ver cuáles son las estimaciones finales, ver que determina la autoridad marítima”, agregó, por su parte, Jorge Canals, director del área de medio ambiente y regulación de Moraga & CIA.
Golpe al turismo

Este último derrame en la zona de Quintero y Puchuncaví llega justo en una época esperada por su comunidad: el verano. Después de dos años marcados por las limitaciones surgidas por la pandemia del covid-19, el turismo se ilusiona con tener una temporada estival favorable a raíz de la baja en los contagios.

Sin embargo, una vez más sufren por la deficiencia de las empresas que componen el cordón industrial que lo rodea. El investigador de la Fundación Terram, Hernán Ramírez, aseguró que “es casi patear en el piso a una comunidad que ha sido afectada décadas por derrames y mucha contaminación. Ahora que ocurra este derrame justo en un periodo en el que había esperanza de mayores réditos económicos es un daño grande”.

“Lo que ocurrió esta semana es algo que confirma que esta zona sigue siendo de sacrificio, en total abandono de los servicios públicos encargados de fiscalizar y de las empresas que operan de manera inadecuada”, complementó.

Y en esa línea señalan que el trabajo que realizan los pescadores artesanales es vulnerado directamente. “Imagínense lo que significa para las personas que viven del mar, el poder sacar productos de esas zonas impactadas por estos eventos. También hay costos sociales para toda la actividad que se desarrolla en el sistema”, apuntó Ricardo Barra.