Investigación internacional: casi 50 auditoras ambientales certificaron como sostenibles a empresas forestales que cometieron infracciones
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), denominada Deforestation Inc. identificó 48 firmas auditoras que declararon sostenibles las prácticas de empresas de la industria forestal acusadas de infracciones, como talar bosques indígenas y reservas protegidas, usar permisos falsos e importar madera talada ilegalmente. Entre los hallazgos, por ejemplo, está una empresa brasileña de productos forestales -opera en la Amazonía- que afirmó estar “certificada con gran éxito”, pese a haber sido multada 37 veces desde 1998 por almacenar y transportar madera sin documentación legal, entre otras violaciones. En Chile, una empresa forestal japonesa obtuvo madera de proveedores que utilizaron documentos con información falsa sobre el origen de la madera. Fuente: El Mostrador, 3 de marzo de 2023.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) descubrió que las principales empresas de auditoría ambiental ignoran o no reconocen el daño ambiental causado por madereras u otros clientes, cuyas prácticas certifican como sostenibles.
La investigación, denominada Deforestation Inc. -que duró nueve meses y en la que participaron 39 medios y reporteros de 27 países-, identificó 48 firmas auditoras que declararon sostenibles las prácticas de empresas de la industria forestal acusadas de infracciones, como talar bosques indígenas y reservas protegidas, usar permisos falsos e importar madera talada ilegalmente.
Entre los hallazgos, por ejemplo, está una empresa brasileña de productos forestales -opera en la Amazonía- que afirmó estar “certificada con gran éxito”, pese a haber sido multada 37 veces desde 1998 por almacenar y transportar madera sin documentación legal, entre otras violaciones.
Un grupo de empresas madereras canadienses utilizó un “plan de gestión forestal sostenible”, certificado por un auditor local, para talar árboles en los bosques indígenas, alterando drásticamente el territorio y la forma de vida de la comunidad, según un fallo judicial.
En Chile, una empresa forestal japonesa obtuvo madera de proveedores que utilizaron documentos con información falsa sobre el origen de la madera.
La fundación periodística sin fines de lucro LaBot publicará próximamente el capitulo de Chile de la investigación.
La investigación del ICIJ contempló registros de inspección, datos de violaciones ambientales y documentos judiciales relacionados con empresas en al menos 50 países.
Video vía Twitter: @ConvocaPe
Según el ICIJ, desde 1998, más de 340 empresas certificadas en la industria de productos forestales han sido acusadas de delitos ambientales u otras irregularidades por parte de comunidades locales, grupos ambientalistas y agencias gubernamentales, entre otros. Alrededor de 50 de esas empresas tenían certificados de sostenibilidad en el momento en que fueron multadas o condenadas por una agencia gubernamental.
El consultor que trabaja en la industria de productos forestales Grégoire Jacob señaló a Radio France, socio del ICIJ, que “es todo el sistema en el que confiamos, en las certificaciones en general, lo que no funciona”. En esa línea, apuntó que “se nos hace creer que tendremos productos más virtuosos. A veces es verdad; a veces es falso”.
Jacob fue uno de los seis auditores y consultores forestales actuales y anteriores que le dijeron al ICIJ y a los medios asociados en Francia, Canadá, EE. UU. y otros lugares que los estándares de certificación eran inadecuados y los procedimientos ineficaces.
Certificados de sostenibilidad
Durante las últimas dos décadas, las multinacionales que cotizan en bolsa, los pequeños proveedores y las empresas de inversión han utilizado su asociación con esquemas voluntarios de certificación forestal para mostrar a los clientes y accionistas que están comprometidos con las pautas “ambientales, sociales y de gobernanza” (ESG) y que sus prácticas no dañan el medio ambiente.
En el corazón de este sistema de autorregulación se encuentran organizaciones internacionales como el Forest Stewardship Council (FSC), el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC) y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
Estas “dependen de firmas de auditoría externas para examinar a los clientes y certificar que las empresas de productos madereros, los productores de aceite de palma y otros cosechan de manera responsable y no utilizan materiales relacionados con la tala ilegal y otros delitos ambientales”, señala el ICIJ.
El sector de auditoría ambiental incluye unidades especializadas de gigantes auditores como KPMG y PwC, grandes empresas que cotizan en bolsa como la multinacional suiza SGS Société Générale de Surveillance SA y empresas más pequeñas como PT Inti Multima Sertifikasi en Indonesia.
Otros casos
De acuerdo al ICIJ, una “importante firma de auditoría ambiental” certificó en abril del 2022 que los productos de madera de un conglomerado austriaco de Rumania, un país conocido por sus vastos bosques primarios, cumplían con los estándares ambientales. A los pocos meses de la certificación, las autoridades rumanas iniciaron una investigación sobre la tala ilegal de algunos de los proveedores de madera del gigante austriaco.
“En los EE. UU., Italia y Nueva Zelanda, los fabricantes de cubiertas de yates y los comerciantes de madera continúan luciendo etiquetas verdes en los materiales de marketing incluso cuando importan teca de Myanmar, donde el comercio de recursos naturales financia un régimen militar que derrocó a un gobierno elegido democráticamente en 2021”, indicaron.
A su vez, revelaron que en Finlandia los auditores que monitoreaban las prácticas de dos empresas forestales no mencionaron en los informes que los tribunales habían multado a sus clientes por talar árboles en áreas protegidas ricas en biodiversidad. Las empresas mantuvieron sus certificados de sostenibilidad.
En Indonesia, los ambientalistas de la Red de Monitoreo Forestal Independiente (JPIK, por sus siglas en inglés), con sede en la ciudad de Bogor, informaron que en la última década, las firmas auditoras no detectaron violaciones ambientales por parte de al menos 160 empresas.