La disputa legal que se avecina por la explotación de litio en Maricunga

Empresa australiana, por medios de prensa, manifestó que empezaría con labores de extracción en dicho salar, situación que estaría contraviniendo decretos sobre este mineral. Fuente: El Mercurio de Calama, 7 de julio de 2023.

En enero pasado Minera Salar Blanco (MSB), de propiedad de la australiana Lithium Power International, afirmó en medios de prensa que durante este año iniciaría la construcción de su proyecto para producir litio en el Salar de Maricunga, ubicado a unos 170 kilómetros al noroeste de Copiapó. Pero, ya transcurridos seis meses, las obras aún no parten.

Según lo publicado, la compañía espera producir unas 15 mil toneladas de carbonato de litio anuales durante 20 años en sus 2.550 hectáreas de pertenencias en ese salar, afirmando que es dueña de licencias previas y posteriores a 1979.
1979: año clave

¿Por qué ese año es relevante? Porque es clave en la disputa jurídica por los derechos para explorar y explotar litio en todos los salares del país. Según consta en documentos oficiales, en noviembre de 1979 entró en vigencia el Decreto Ley N° 2.886, que declaró dicho mineral como estratégico para el país, reservando su explotación para el Estado.

En otras palabras, el decreto estableció que este mineral no se puede entregar en concesión. La razón de este carácter tan singular del litio se encuentra en la ley que creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear (1965), que lo declaró -junto al circonio, el titanio, el cadmio, el cobalto, el helio y el uranio, entre otros-, como “material de interés nuclear”.

Luego de su publicación en el Diario Oficial, el decreto de 1979 fue ratificado en distintas legislaciones, como la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (N° 18.097) de 1982 y el Código de Minería de 1983.

La Constitución de 1980 fue la encargada de determinar que todas estas sustancias minerales declaradas como no concesibles sólo podían ser explotadas “directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

En conclusión, las posibilidades de los privados para explotar litio quedaron reducidas a dos: haber constituido pertenencias mineras o estarlas tramitando antes del 1 de enero de 1979, por alguna de las sustancias metálicas incluido el litio (conocidas como concesiones pre 1979) o conseguir un CEOL con el Estado.

Maricunga

El conflicto en Maricunga con las concesiones pre1979

Según los allegados al tema minero, lo clave de la disputa jurídica sobre la explotación de litio es que en el Salar de Maricunga la totalidad de las pertenencias mineras pre1979 se constituyeron por los llamados “minerales no metálicos”, por lo cual ninguno de los privados tendría derechos sobre el litio en el salar, que se considera como el segundo mejor de Chile en términos de su concentración de litio, y cuya superficie es una décima parte del mejor salar del país, el de Atacama.

Estas pertenencias pre1979 están hoy en manos de Codelco y dos privados: MSB, perteneciente a la australiana Lithium Power International, y SIMCO formada por la taiwanesa Simbalik y Cominor, perteneciente al Grupo Errázuriz.

De hecho, la Estrategia Nacional del litio del actual gobierno, entregada por el Presidente en Antofagasta, en su actualización de junio pasado, incluye expresamente a Maricunga dentro del grupo de salares donde “no hay pertenencias sobre litio, por lo que cualquier proyecto de exploración o explotación con participación privada requiere de un CEOL”.

En otras palabras, queda de manifiesto que MSB y SIMCO cuentan con derechos previos a 1979 en Maricunga, pero sólo para explotar minerales diferentes del litio. Para explotar este mineral, en cambio, requieren de un Contrato Especial de Operación de litio que no tienen.
También lo necesitan todas las empresas del salar que constituyeron pertenencias mineras post 1979, incluyendo a las mismas MSB y SIMCO, además de SQM y varios terceros.

Esta situación dejaría sólo una empresa con un CEOL para operar en dicho salar, y es estatal: Codelco, la misma compañía a la que el Estado, a través de la Estrategia Nacional del litio, le dio un rol fundamental en Maricunga: encargarse de buscar una solución que habilite el desarrollo de proyectos, “donde actualmente existen diversas empresas interesadas en la explotación de litio“.

Requerimientos

Codelco ha presentado tres requerimientos al Ministerio de Minería entre 2020 y 2022 para que le extienda el CEOL que obtuvo en 2018 a todo el salar de Maricunga, de modo de consolidar en un único proyecto los derechos exclusivos para explorar y explotar el litio que no es concesible para ninguna de las pertenencias del salar. Su solicitud no sólo la basa en que es la única empresa que cuenta con un CEOL, sino que, especialmente, porque es relevante para la protección del salar, cuya escasa superficie no admitiría dos operaciones simultáneas. Según, explicaron desde la estatal, en su momento: “Esta última razón está en sintonía también con la estrategia gubernamental que exige proteger la sustentabilidad ecológica a largo plazo de estos ecosistemas”.

El gobierno indica que Codelco y Enami tendrán un rol fundamental en aquellos salares donde se están desarrollando proyectos de litio, pudiendo solicitar permisos CEOL para habilitar la explotación del litio, ya sea que los desarrollen por sí mismos o con apoyo de privados.
Tras el último requerimiento realizado por Codelco en octubre pasado, el Ministerio de Minería lo acogió a trámite.
Cabe recordar que la compañía estatal terminó en mayo su campaña de exploración en Maricunga con resultados auspiciosos, como lo informó el presidente de su directorio.