Convenios era Piñera: Gobierno Regional de Antofagasta recibió 103 mil millones de pesos en aportes de SQM

En mayo pasado, el Gobierno Regional de Antofagasta recibió 103 mil millones de pesos en aportes de SQM Salar, esto tras firmar un “Convenio de Aportes” en julio de 2021 -entre la ex Intendencia de la región y la sociedad minera, durante el gobierno de Sebastián Piñera-. Sin embargo, a pesar de existir dos dictámenes de Contraloría que solicitan a las Municipalidades y Gobiernos Regionales abstenerse de recibir aportes de empresas, este acuerdo fue aprobado tanto por el ente fiscalizador como por la Dirección de Presupuestos. Fuente: El Ciudadano, 2 de agosto de 2023.

En junio pasado, El Ciudadano tuvo acceso vía Transparencia, a los registros de los aportes recibidos por la Municipalidad de Antofagasta provenientes de SQM Salar y Albemarle, los que en su totalidad están avaluados en $11.457.178.193, y que fueron entregados entre los años 2018 y 2023. Incluso, estas transferencias de privados, se efectuaron tras la firma de acuerdos y convenios entre la ex alcaldesa Karen Rojo y estas litríferas, quien en los últimos meses de su gestión -mientras era investigada por fraude al Fisco-, recaudó más de mil millones de pesos.

En los documentos recabados por este medio, se confirmó que el 28 de noviembre de 2019, esta Municipalidad firmó un “Convenio de Aporte” con SQM Salar, ante la presencia de la Corporación de Fomento para la Producción (CORFO), en donde la empresa minera se comprometió a donar $650.000.000, correspondientes al 0,1% de las ventas de productos elaborados “a partir de la salmuera obtenida de las Pertenencias en virtud del contrato de arrendamiento”, para financiar el proyecto de inversión “Plaza el Salar”, un espacio de recreación para sus habitantes.

En dicha firma estuvo presente Gerardo Illanes (SQM Salar S.A), Gonzalo Aguirre (SQM Salar S.A), Pablo Terrazas (vicepresidente ejecutivo de Corfo y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera), y la ex alcaldesa Karen Rojo.

No obstante, este no es el único convenio suscrito en la región de Antofagasta.

El pasado 13 de julio, El Ciudadano recibió vía Transparencia la respuesta de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, respecto a los aportes o convenios vigentes entre la comuna y litríferas, en donde señalaron que el “Departamento de Educación Municipal no tiene aportes ni convenio vigente con empresa minera explotadoras de litio del Salar de Atacama”.

Aquella respuesta llama la atención, puesto que, según información publicada en la página web de SQM -el pasado 24 de mayo-, en el año 2023 la Municipalidad de San Pedro Atacama recibió 15.983 millones de pesos en aportes provenientes de SQM Salar, mientras que los municipios de María Elena y Antofagasta obtuvieron 7.991 millones de pesos respectivamente.

No obstante, estas municipalidades no fueron las únicas beneficiadas, ya que, el Gobierno Regional de Antofagasta recaudó la suma de 103 mil millones de pesos en aportes de parte de SQM Salar durante este año; en tanto en el año 2022 recibieron 16 mil millones de pesos.

“Los recursos entregados son 7 veces más que el año anterior, duplicando incluso el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Antofagasta. Esto, debido al aumento en la producción, la que se ha triplicado, y a una mejora en el precio internacional del litio”, afirmó José Miguel Berguño, vicepresidente senior de Servicios Corporativos de SQM, durante la entrega de estos aportes en mayo pasado.

En la misma instancia, el gobernador regional de Antofagasta (GORE), Ricardo Díaz, sostuvo que “estos montos son mucho más que lo que se recibe desde el Estado, por lo que tenemos que ser responsables en cómo ejecutarlos, por lo que debemos tener una visión con proyectos de largo aliento que beneficien el desarrollo de la región, orientados a inversión en infraestructura, para cambiar el rostro de la región”.

Para corroborar lo anterior, El Ciudadano contactó al Gobierno Regional de Antofagasta, quienes confirmaron el monto recibido, aclarando que nace de un contrato firmado entre SQM y CORFO (en el año 2018), el que en su detalle explicita en qué se pueden utilizar dichos recursos donados al Gobierno Regional, ya sea para proyectos de inversión pública y/o proyectos y/o programas de desarrollo productivo de la región.

CORFO también fue consultado por este acuerdo, señalando que “SQM Salar S.A. y el Gobierno Regional de Antofagasta, suscribieron un convenio en el que se regula la forma en que se enterarán los aportes, el que fue aprobado por una resolución del Gobierno Regional, toma de razón por la Contraloría Regional de Antofagasta, por lo que CORFO no es parte de ese convenio, y su presencia sólo tiene por fin declarar que se dio cumplimiento a la obligación de entrega del aporte al GORE”.

Este medio tuvo acceso a este convenio, en el que se explicita que fue suscrito entre SQM Salar y el Gobierno Regional de Antofagasta el 8 de julio de 2021, ante la presencia de CORFO, en el que se establece que SQM deberá aportar el 1,0% de las ventas (de productos elaborados a partir de la salmuera del Salar de Atacama) como aporte al GORE, para financiar proyectos de inversión pública que sean financiados también con recursos del Gobierno Regional y/o del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Antofagasta. Además, SQM deberá aportar el 0,3% de dichas ventas como aporte al GORE, para financiar proyectos y programas de desarrollo productivo de la Región de Antofagasta.

Al igual que el convenio de la Municipalidad de Antofagasta, este documento fue firmado por Gerardo Illanes (SQM Salar S.A), Gonzalo Aguirre (SQM Salar S.A), Pablo Terrazas (vicepresidente ejecutivo de Corfo y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera), y Rodrigo Saavedra (RN), ex intendente de la Región de Antofagasta, quien fue designado en el cargo por el Presidente de la República de aquel entonces, Sebastián Piñera.

Es importante precisar, que Saavedra firmó este “Convenio de Aportes” cinco días antes de dejar la Intendencia Regional, tras la disolución del cargo el 14 de julio de 2021, asumiendo posteriormente como Gobernador Regional Ricardo Díaz, tras las elecciones de ese mismo año.

Sin embargo, dicho convenio fue suscrito a pesar de un dictamen de la Contraloría General de la República -del 2 de octubre de 2020-, que resolvió que “no procede que municipalidades y gobiernos regionales celebren convenios o reciban aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la calificación ambiental de proyectos o actividades, a menos que se realicen como consecuencia de esa evaluación y en las condiciones que se indican. Se desestima la reconsideración del dictamen N° 7.213, de 2020, y se complementa en la forma que señala”.

Respecto a lo anterior, el GORE afirmó que “este convenio en cuestión una vez suscrito fue visado tanto por Contraloría en su Oficio E158028/2021 de Fecha 22/11/2021 y también por DIPRES (Dirección de Presupuestos) en su ordinario 0218, lo que da cuenta que es un convenio que cuenta con aprobación del Estado en diferentes niveles de control, es así como el presente convenio de donación fue sancionado mediante la resolución 94 de 2021, la cual fue tomada de razón por la Contraloría”.

Tal como lo señaló el GORE de Antofagasta, Contraloría aprobó este convenio de aportes en noviembre de 2021 (a pesar de su dictamen), ya que, este convenio se efectuó en cumplimiento de una obligación contraída por SQM Salar S.A. en las modificaciones de los contratos suscritos entre CORFO y esa empresa en el año 2018, estableciéndose que SQM se compromete a aportar de manera anual, respecto de las ventas de la empresa del año calendario anterior.

“La Dirección de Presupuestos autorizó la donación contenida en el mencionado contrato, a través de ORD. N° 0218 de fecha 27 de enero de 2020, suscrito por el Director de Presupuestos (s) don Claudio Martínez Villa (…) con fecha 08 de julio de 2021 se suscribe Convenio de Aportes entre SQM SALAR S.A. y el Gobierno Regional de Antofagasta, en presencia de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) por el cual establecen y regulan la forma en que se realizarán los aportes comprometidos (…) En ese sentido, se hace necesario aprobar dichas convenciones, aceptando los aportes o donaciones insertas en dichos acuerdos con las modalidades ahí indicadas”, se lee en la resolución de Contraloría al que este medio tuvo acceso.

Por su parte, CORFO aclaró que los dictámenes de la Contraloría General de la República citados se refieren a donaciones o aportes de empresas a Municipalidades o Gobiernos Regionales, pactados entre ellos, mientras que los aportes acordados por Corfo y SQM Salar S.A. tienen la naturaleza jurídica de estipulación en favor de un tercero.

-SQM Salar S.A. se obligó a realizar determinados aportes a favor de un tercero ajeno a ese contrato, esto es, a las Municipalidades y el GORE, los que deben ser destinadas a las beneficiarias a un objeto determinado, cual es el financiamiento de proyectos de inversión y, además, para el caso del GORE, proyectos y programas de desarrollo productivo en la región de Antofagasta-, comentaron desde el Departamento de Comunicaciones de la Corporación.

Sobre la aprobación de este “Convenio de Aportes”, la Dirección de Presupuestos sostuvo que la ley N°19.896 establece que para aceptar donaciones, los servicios públicos deben contar con la autorización del Ministerio de Hacienda, la que es delegada en la DIPRES, como consecuencia de una disposición que se incorpora en las leyes de presupuesto de cada año, por lo que en este contexto, en el año 2019 el Gobierno Regional de Antofagasta, realizó la solicitud del oficio ordinario 2427, y el 27 de enero de 2020 la DIPRES -bajo la administración anterior- la autorizó, haciéndose efectiva la donación -esto tras el contrato de CORFO y SQM-.

Sin embargo, desde la DIPRES dejaron entrever una “cierta inquietud” respecto a los aportes recibidos por Gobiernos Regionales de parte de empresas privadas, especialmente por el dictamen de Contraloría que solicita abstenerse a los municipios y GORE de recibir aportes de personas naturales o jurídicas.

-Ante este dictamen, se puede indicar que este es un deber que pesa sobre los Gobiernos Regionales, ya que, el dictamen señala expresamente que es el órgano que recibe la donación el que puede ver afectada su imparcialidad. Cuando se solicitó la aplicación de la ley N°19.896, ya se había aprobado la donación por parte del Gobierno Regional. Además, el dictamen se basa en la posibilidad que tienen los órganos administrativos de aceptar o abstenerse de recibir donaciones eventuales. Si bien el dictamen de Contraloría es para los GORE, en este caso hay un contrato que establece el derecho-, explicaron desde la DIPRES.

Telye Yurisch, economista de Fundación Terram, comenta que lo que más preocupa más allá de estos aportes, es el desafío que tendrán las regiones mineras respecto a la distribución de estos recursos, la eficiencia fiscal, y la transparencia en qué serán utilizados, puesto que, estamos hablando de montos millonarios, sin contabilizar el royalty minero y las patentes mineras. Por lo que el principal desafío en estos casos es que la relación entre los Gobiernos Regionales y SQM no se transforme en clientelismo, es decir, que el GORE no se transforme en un cliente de SQM.

Por su parte, Cristián Vargas, abogado, profesor de derecho tributario, y ex subdirector jurídico del SII, respecto a este millonario convenio, sostiene que si bien la ley 19.896, en su artículo 4, otorga a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos -entre ellos los Gobiernos Regionales- la facultad de aceptar y recibir, con autorización previa del Ministerio de Hacienda, donaciones de bienes y recursos de privados destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan, el problema es otro, puesto que, se pone en riesgo la imparcialidad de los organismos públicos al momento de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

-Como ha dicho Contraloría, las entidades públicas deben abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deben ser analizados, conocidos o resueltos por el mismo órgano público, y que deben adoptarse los resguardos necesarios para garantizar el principio de probidad administrativa (…) según la ley se contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa al participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, y las autoridades y funcionarios deben abstenerse de participar en estos asuntos. Hay que considerar que entre las funciones del Gobierno Regional está el diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región-, explica Vargas, en conversación con El Ciudadano.

El abogado y experto tributario, también comenta que se encuentra a cargo del Gobierno Regional la evaluación ambiental estratégica de los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes regionales de desarrollo urbano, por lo que en consecuencia, le parece que con estas cuantiosas donaciones de SQM al Gobierno Regional, existe el grave riesgo o amenaza de afectarse la debida imparcialidad que debe tener el GORE cuando tenga que adoptar decisiones relativas al desarrollo regional y a la mitigación del cambio climático.

Lo anterior, debido a que la explotación de litio en el Salar de Atacama, afectaría la salmuera del lugar, generando un daño medioambiental.

La presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja y diputada de la comuna de Antofagasta, Yovana Ahumada, en conversación con este medio, explica que se debe tomar en cuenta que estos recursos que se generan, por el desarrollo de recursos no metálicos, no están siendo distribuidos de la mejor manera en la Región de Antofagasta y que, por sobre todo, están generando de alguna manera algunas diferencias dentro de la comunidad.

-La entrega de estos recursos que, independiente que son bajo el concepto del contrato de arriendo, genera diferencias. Entonces, creo que acá hay que analizar efectivamente si se está incurriendo en una falta en la forma en la que se estableció el pago de este arrendamiento, entregando recursos tanto al Gobierno Regional como a Municipalidades de manera directa, aunque además esté en detalle dónde y cómo se deben utilizar estos recursos, ya que, no son de libre disposición, sino que, más bien, tienen una línea, un margen para ser utilizados. Por lo cual, creo que lo que se debe hacer es ver si es que aquí la entrega de los recursos es equitativo, y que se cumpla la ley y la normativa para que no hayan suspicacias, y haya transparencia, sobre todo por las situaciones que hemos visto con los recursos públicos-, dice la diputada por la Región de Antofagasta.

Además, es necesario recordar que todo lo anterior está ocurriendo, mientras el Fisco (Servicio de Impuestos Internos) está alegando en la Corte Suprema contra SQM Salar, para evitar la devolución de 41 millones de dólares a la filial minera por el Impuesto Específico a la Actividad Minera; esto tras una sentencia a favor de SQM Salar en noviembre de 2022.