De acuerdo con las informaciones, las primeras acciones judiciales fueron presentadas por cuatro exfuncionarios, entre ellos el primer abogado relator, dos asesores del área de ciencias y una administrativa, a fines de septiembre de este año. En ellas, los profesionales, funcionarios de carrera con más de cinco años en la institución, afirman que desde su arribo -en enero del 2022- la actual presidenta del tribunal dio señas de un liderazgo personalista, interviniendo no solo en la organización de las funciones jurisdiccionales del 1TA, sino además en aspectos de orden interno relacionadas con la gestión del personal técnico y administrativo.

Según reseña una de las demandas laborales de los involucrados, el “estilo” Álvarez se vio exacerbado con el alejamiento, en junio de este año, del ministro titular Marcelo Oviedo Gutiérrez. Con ello, el tribunal, un árgano colegiado en su definición, pasó a ser sólo encabezado por Álvarez.

“Ante el alejamiento del ministro Oviedo y la inexistencia de contrapesos al interior del Tribunal ciertos rasgos de su gestión se profundizaron, especialmente en lo que respecta a una escasa tolerancia -y en oportunidades abierta descalificación- de las opiniones distintas de las suyas que se pudieren plantear, tanto por los asesores expertos en los ámbitos de las ciencias o la economía, como por los demás funcionarios dentro de las tareas que le eran propias. Ciertamente y en atención a mi cargo de profesional asesor de ciencias económicas-que suponía una relación directa con ella en materias de mi especialidad-, no escapé de dicha dinámica, cuestión que fue deteriorando mi relación con ella”, sostiene la demanda de jean Carlos Durán, exasesor en ciencias.

Así las cosas, en agosto del 2023, tres funcionarios fueron notificados de su despido aludiendo al artículo 161 del código del trabajo, por “necesidades de la empresa”. En la carta, el 1TA sostuvo que se encontraba implementando una reorganización de las unidades del juzgado con la finalidad de “redefinir cargos y optimizar el desarrollo de nuestros procesos-.

Ante esto los demandantes sostienen que las dotaciones del Tribunal Ambiental se encuentran establecidas por ley, por lo que resultaría imposible redefinirlas por la sola voluntad de quien ejerce la presidencia del órgano. Por ello, y como parte de las pretensiones indemnizatorias, los exfuncionarios solicitaron al tribunal laboral, que se declare que el despido injustificado y se ordene su reincorporación a los cargos con el pago de las remuneraciones y demás prestaciones que se adeuden desde la fecha de su despido hasta la efectiva reincorporación.

Además, solicitaron el pago de indemnizaciones por años de servicio, por aviso previo y por daño moral, calculados sobre la base de los años trabajados y la última remuneración mensual devengada, con los reajustes e intereses legales correspondientes. Lo que en el caso de los tres demandantes superaría los $200 millones.

Un caso similar es del abogado Pablo Miranda, quien fue desvinculado en la misma fecha por motivos de “pérdida de confianza”. Ante ello, la defensa de Neira sostiene que el profesional ingresó al tribunal en el año 2017. Y si bien en el transcurso de estos años, ejerció la subrogancia de la secretaría del tribunal, su ingreso al servicio fue a través de un concurso público lo que también desestimaría la causa de despido aludida por el 1TA.

LLAMADO A CONCURSO

Fuentes ligadas al caso indican que la salida de los cuatro profesionales significó un fuerte impacto en un equipo de trabajo que no supera las 20 personas. La situación se complejizó aún más, ya que luego de las desvinculaciones se realizó inmediatamente el llamado a concurso para los nuevos cargos. ¿El problema? El S de julio, Marcelo Hernández y Ala-miro Alfaro habían sido ratificados por el Senado como nuevos ministros del 1TA. Y ambos asumieron sus labores oficialmente, el 22 de agosto.

Ello generó un nuevo escenario, por cuanto los nuevos magistrados habrían manifestado su desacuerdo con las cuatro desvinculaciones, solicitando la reincorporación de los funcionados a fin de evitar los juicios laborales, el pago de indemnizaciones y la exposición pública del tribunal.

El 3 de noviembre, el cuerpo colegiado volvió a abordar los problemas derivados de las desvinculaciones, la falta de personal para revisar el avance de las causas y la paralización de los concursos. El acta de esa reunión deja en evidencia las profundas diferencias entre la presidenta y los nuevos magistrados sobre el devenir del tribunal.

En dicha reunión, además, se planteó la renovación del contrato del abogado asesor-Javier González Cuevas, quien había asumido labores en noviembre del 2022. Las críticas de Hernández y Alfaro apuntaron a la falta de planificación en la agenda del tribunal y el retraso en la dictación de sentencias, un tema crítico en el desempeño del tribunal. Tareas en las que González tendría una responsabilidad directa, dado su rol como jefe administrativo del servicio.

Luego de una extensa discusión, por 2 votos contra 1, Hernández y Alfaro decidieron la no renovación de González. Ante ello la presidenta del tribunal pidió reserva de la resolución, solicitando una revisión de la jurisprudencia, por cuanto a su juicio, el ministro Alamiro Alfaro, en su calidad de subrogante, no estaría facultado para votar dicha disposición administrativa, lo que fue fuertemente controvertido por ambos ministros.

Finalmente, y lejos de apaciguar el temporal, Javier González, decidió demandar al tribunal por vulneración de derechos, apuntando a animadversiones por parte de los dos magistrados. En la tutela laboral interpuesta el 15 de noviembre, el ex agente de la Superintendencia de Salud, sostiene que la decisión de la no renovación fue “una vuelta de mano” por parte de los magistrados por el rol que habría jugado en la desvinculación de los cuatro funcionarios.