Mapuches acusan matonería de Frei por llamar a “matar” la Ley Lafkenche para quitarles el cuidado del mar y expandir salmoneras
Tras el llamado del ex presidente Eduardo Frei a “matar” la Ley Lafkenche para aumentar la exportación salmonera, comunidades mapuche y congresistas criticaron el tono “matonesco” y destacaron el rol de la ley para proteger la biodiversidad marina y las actividades artesanales en el mar. Fuente: El Desconcierto, 24 de junio de 2025.
Durante la conferencia sobre océanos en Francia, la relatora especial de la ONU, Astrid Puentes, publicó un artículo sobre el aporte de los pueblos mapuche para cuidar la biodiversidad marina de Chile a través de la Ley Lafkenche. Unos días después, en la expo Osaka en Japón, el ex presidente Eduardo Frei llamaba a “matar la ley Lafkenche” porque “está matando la industria salmonera en Chile”.
Los dichos generaron un amplio rechazo por parte de comunidades mapuche y de otros pueblos indígenas que han optado por la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios a través de la ley Lafkenche.
Al rechazo se sumó también el senador Francisco Huenchumilla, también de la Democracia Cristiana, acusando el tono de Frei como “prepotente” y llamando a “respetar a la gente”. “Se lo digo porque ambos somos demócratas cristianos, tributarios de su padre Eduardo Frei Montalba”, que según el senador se jugaba por los vulnerables, “por los campesinos, por los pobladores”.
Otra congresista que alzó la voz por las declaraciones de Frei fue la diputada huilliche Emilia Nuyado, que calificó los dichos como “matonescos e inaceptables”, recordando el rol de la Ley Lafkenche para ordenar el territorio y resguardar la biodiversidad marina de la que también dependen los pescadores artesanales del país.
“Eliminar la Ley Lafkenche no es avanzar. Es retroceder en democracia, en descentralización y en respeto por quienes viven, trabajan y cuidan el borde costero desde mucho antes que llegaran los intereses industriales. La inversión no puede pasar por encima de la dignidad ni de los derechos colectivos”, sostuvo.
¿Qué es la Ley Lafkenche?
Ley Lafkenche crea una figura llamada Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO); una figura de protección que permite a comunidades indígenas administrar territorios costeros de los que sus pueblos han hecho uso ancestral.
Para poder administrarlos, se genera un proceso participativo con todos los actores que tienen intereses sobre ese territorio, desde pescadores artesanales y mariscadores hasta el sector industrial, para definir en conjunto el ordenamiento de ese lugar y las actividades que se pueden permitir en cada sección. Este ordenamiento debe garantizar la conservación del ecosistema marino y de los usos tradicionales indígenas, así como de las actividades artesanales.
La Ley Lafkenche no es excluyente ni entrega el uso total del espacio a un solo actor, como si lo hacen otras concesiones costeras. En este caso, los administradores del espacio deben cumplir requisitos de diálogo y también de cuidado de la biodiversidad en los ECMPO. Tampoco se puede impedir dentro de estas áreas la actividad de concesiones industriales que ya hayan sido otorgadas.
Salmoneras vs. Ley Lafkenche
Lo que sí se puede hacer en estos espacios, y que es la razón de conflicto con la industria salmonera, es frenar el otorgamiento de nuevas concesiones hasta que no se termine de tramitar el espacio, lo que en algunos casos ha demorado más de 7 años. Esto ha puesto un límite a la rápida expansión salmoneras en mares que han sido usados por pueblos indígenas durante generaciones.
Ante esto, desde la industria del salmón ha surgido una campaña de descrédito a esta ley, difundiendo incluso información falsa en gremios de la pesca artesanal y generando división entre comunidades indígenas y pescadores que habían logrado acuerdos para proteger el mar.
Los intentos por cuestionar la ley han llegado al Congreso, donde se tramita un proyecto presentado por los senadores Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gaston Saavedra y David Sandoval que modifica la ley Lafkenche y ha generado alertas entre especialistas en derecho ambiental.
Se incorporan nuevos requisitos a las comunidades que soliciten los espacios, se excluye del área protegida a caletas y caladeros y se obliga a rechazar la solicitud de ECMPO si CONADI no responde dentro del plazo establecido, además de acotar el tiempo por el que deben quedar suspendidas las solicitudes de concesiones industriales dentro de espacios en trámite.
Para especialistas en derecho ambiental, las reformas propuestas no son necesarias ya que están establecidas en la ley, y el problema es que las tramitaciones se alargan por sobre los plazos estipulados debido a demoras en el Estado, por lo que se puede mejorar su implementación para lograr los objetivos de la reforma sin necesidad de cambiar la ley.
Para Lorena Arce, co directora del Observatorio Ciudadano, la amenaza del proyecto de reforma no son las modificaciones que propone sino que se le puedan sumar otras indicaciones a lo largo de su tramitación.
Otros especialistas y comunidades critican que se haya presentado una reforma a esta ley sin que haya una consulta indígena, como lo estipula el convenio 169 de la OIT para los procesos que afectan directamente la vida de comunidades indígenas.