Presupuesto cero para el Medio Ambiente
En esta columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, plantea que el rechazo a la partida presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente para 2026 expone profundas contradicciones políticas y empresariales: mientras se exige agilizar la aprobación y fiscalización ambiental, se recortan los recursos necesarios para hacerlo. A partir del análisis del presupuesto y de las recomendaciones de la OCDE, advierte que la falta de compromiso real con la protección ambiental amenaza el cumplimiento de la legislación vigente y el desarrollo sostenible del país. Fuente: La Nueva Mirada, 20 de noviembre de 2025.
Esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el presupuesto de la nación para el año 2026 con 14 partidas rechazadas, entre las cuales se encuentran las de los ministerios de Energía, Minería y Medio Ambiente. Si bien es posible que esta situación se revierta en el Senado, este rechazo representa una clara señal de disconformidad. Entonces es necesario preguntarse cuales son las razones para no aprobar el presupuesto de la nación para el año 2026.
Tras revisar las notas de prensa que han circulado en distintos medios de comunicación, no se reporta una explicación clara para objetar el presupuesto de las partidas correspondientes a minería y energía.
Distinto es lo que ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente, donde los argumentos son contradictorios y opuestos, ya que por una parte algunos parlamentarios argumentaron su rechazo por considerar que se requiere mas financiamiento para esta cartera y las instituciones asociadas a ella, mientras que por otra se argumentó que esta era una amenaza para el crecimiento económico del país. Objeciones que van en direcciones opuestas.
Por este motivo, resulta necesario explicitar qué contempla la partida 25, correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, cuyo presupuesto total para 2026 asciende a poco más de $96 mil millones de pesos, con una disminución de 0,4 % respecto de 2025, y ocupando históricamente solo el 0.107 % del presupuesto de la nación.
Al revisar la propuesta de ley presentada al parlamento nos encontramos con que la mayoría de los programas que componen el presupuesto de Medio Ambiente disminuyen respecto del año anterior. Es así como los programas correspondientes a las Subsecretaria de Medio Ambiente disminuyen en 2,3%; Cambio Climático cae en 15,1 %; Desarrollo Sostenible baja en 25, 2 %. Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) disminuyen en 2,1% cada una.
Por otra parte, el programa correspondiente al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es el único que aumenta su presupuesto (+ 39,5%). La razón de este incremento es explicada en la propuesta presentada por el ejecutivo y que indica que el presupuesto presentado corresponde al del tercer año de funcionamiento de este servicio y está de acuerdo al informe financiero que acompañó la tramitación legislativa con que fue aprobada la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en el parlamento el año 2023. Si bien esto no es tan así, pues para el año 2026 se proyectaban ingresos del orden de $35.000 millones de pesos según el informe financiero. Lo cierto es que los argumentos esgrimidos para el rechazo de la partida no responden a la implementación de este servicio.
En todo caso, lo que debería ser motivo de reflexión es el rol del Ministerio de Medio Ambiente y las instituciones asociadas a esta cartera respecto del cuidado del patrimonio natural del país, tal como lo señalan las tres Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile de la OCDE, en las cuales se recomienda mayor gasto público en estos temas. Particularmente, debería ser motivo de revisión lo que nos señala la OCDE en relación a los recursos destinados a la evaluación, fiscalización ambiental y cuidado de la naturaleza.
En el ámbito nacional, los dos últimos años hemos escuchado insistentemente a los consorcios empresariales y líderes políticos hablar sobre la urgencia de agilizar la aprobación ambiental de proyectos, pero ¿cómo se hace esto sin presupuesto? Resulta muy contradictorio querer imponerle mayores exigencias al SEA y no destinar recursos para ello. En este sentido, llama la que ninguna de las voces que impulsan la discusión pública sobre la urgencia de acelerar la aprobación ambiental de proyectos haya reclamado por un aumento del presupuesto para este servicio.
Por otra parte, los mismos sectores señalan que están de acuerdo con respetar o cuidar el medio ambiente y por tanto deberían estar de acuerdo con que la fiscalización ambiental tiene un rol relevante para este resguardo del patrimonio natural de Chile. Sin embargo, en los hechos, pareciera que la fiscalización ambiental es una molestia y no algo básico con lo que quienes desarrollan proyectos en el territorio nacional deben cumplir.
De esta forma, al revisar los argumentos, posiciones y dichos, resulta evidente que estamos ante un escenario muy contradictorio, en el cual los líderes políticos y empresariales no se comprometen realmente por el resguardo ambiental, sino por el contrario, están dispuestos a profundizar su deterioro bajo un nuevo impulso de crecimiento económico.
A pesar de esta falta de compromiso por el cuidado del medio ambiente, al menos deberíamos contar con presupuestos básicos para cumplir con lo que establece la legislación vigente, esto no debería estar en discusión, tampoco deberían cuestionarse las recomendaciones en materia ambiental que nos indica la OCDE. Esperemos que el rechazo a la partida 25 se revierta en el Senado y que los líderes políticos y empresariales comprendan que en la actualidad el desarrollo de proyectos de inversión está íntimamente ligado a la protección ambiental.