La Corte Suprema deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre el futuro del proyecto ‘Nueva Línea 2×220 Melipilla-Casablanca-Agua Santa’, tras la interposición de un recurso de casación por parte del abogado, Gabriel Muñoz, en representación de Isabel Tagle, expresidenta del Consejo Ambiental Comunal, y de la Comunidad Ecológica de Casablanca.

El recurso busca revertir el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que dejó sin efecto sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra la empresa.

El conflicto se originó tras un procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA al constatar la intervención de áreas con geófitas en estado de conservación, sin estudios en época favorable ni un plan de rescate y relocalización aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, exigencia establecida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Sin embargo, el tribunal acogió la reclamación de la empresa y ordenó retrotraer el procedimiento sancionatorio, incluso, al momento previo a la formulación de cargos, pese a que la controversia se limitaba al rechazo del programa de cumplimiento.

El recurso sostiene que el tribunal incurrió en un vicio de ultra petita, al pronunciarse sobre materias no reclamadas. ‘Lo que se está discutiendo no es un detalle técnico, sino si una empresa puede incumplir su RCA y luego intentar regularizar esos incumplimientos con medidas que la propia RCA prohíbe’, señaló Muñoz.

Asimismo, planteó que ‘acoge peticiones no solicitadas por el titular del proyecto y deja en completa incapacidad de sanción a la Superintendencia de Medio Ambiente‘.

A este frente judicial se sumó formalmente la SMA. La superintendenta Marie Claude Plumer confirmó que el pasado viernes 23 de enero la institución también presentó un recurso de casación ante el máximo tribunal.

Al respecto, señaló que la acción busca que la Corte Suprema anule la sentencia del Tribunal Ambiental, ‘confirmando la legalidad de la resolución que rechazó el Programa de Cumplimiento de Casablanca Transmisora de Energía’.