Del “primer gobierno ecologista” a la agenda procrecimiento: organizaciones evalúan la gestión de Maisa Rojas en Medio Ambiente
En marzo de 2022, el gobierno de Gabriel Boric asumió con la promesa de liderar el “primer gobierno ecologista” de Chile. En ese marco, la llegada de la climatóloga Maisa Rojas al Ministerio del Medio Ambiente se entendió como una señal clara de esa apuesta: una científica con trayectoria internacional para encabezar una agenda que prometía fortalecer la institucionalidad ambiental y acelerar la acción climática. Fuente: Codex Verde, 28 de febrero de 2026.
En marzo de 2022, el gobierno de Gabriel Boric asumió con la promesa de liderar el “primer gobierno ecologista” de Chile. En ese marco, la llegada de la climatóloga Maisa Rojas al Ministerio del Medio Ambiente se entendió como una señal clara de esa apuesta: una científica con trayectoria internacional para encabezar una agenda que prometía fortalecer la institucionalidad ambiental y acelerar la acción climática
No obstante, el escenario político y económico fue modificando las prioridades. Tras el rechazo constitucional de 2022 y en medio de un debate cada vez más centrado en crecimiento e inversión, la discusión sobre la llamada “permisología” pasó a ocupar un lugar central. En ese contexto, representantes de ONG y especialistas del sector ambiental evalúan la gestión: reconocen avances legislativos e hitos internacionales, pero advierten también retrocesos y tensiones que, a su juicio, relativizan la promesa inicial.
Avances legislativos y compromisos internacionales
Entre los principales hitos de la administración se cuentan la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, la elaboración de sus reglamentos y la publicación de planes sectoriales y regionales de mitigación y adaptación. También se aprobó y puso en marcha la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se promulgó la Ley de Delitos Económicos y Ambientales y se ratificó el Acuerdo de Escazú.
Para Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA ONG, estos avances fueron relevantes, aunque insuficientes frente a otras áreas donde no se produjeron cambios estructurales. “Existió efectivamente un impulso, por ejemplo, a nuevas áreas protegidas y sobre todo un impulso a que saliera la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es muy relevante; la Ley de Cambio Climático y la Ley de Delitos Ambientales que, si bien todavía no se han implementado completamente, creo que pueden generar una mayor protección del medio ambiente y las personas en Chile”, sostiene.
Sin embargo, advierte que el balance es más débil en materia institucional. “Desde el punto de vista institucional y la evaluación ambiental, es donde creo que hubo menos avances, en el sentido de que estos siguen siendo procedimientos que son preferentemente favorables a los intereses contrarios a la protección del medio ambiente y donde no hubo, además, grandes modificaciones”, afirma.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, también destaca hitos concretos de la gestión, como el cierre de la Fundición Ventanas y el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, junto con la aprobación del SBAP y la ratificación del Acuerdo de Escazú, reforzando —a su juicio— avances legislativos e institucionales del período.
Sara Larraín, directora de ChileSustentable, coincide en que hubo avances normativos relevantes, pero sostiene que el cumplimiento del “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad” fue desigual. Valora la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, la elaboración de sus reglamentos y la rápida tramitación del SBAP en 2023. También menciona la Ley de Delitos Económicos y Ambientales y la firma del Acuerdo de Escazú. No obstante, advierte que “muy pocos reglamentos han sido ingresados a Contraloría, y menos han recibido toma de razón, lo cual no facilita la implementación de la ley”.
La crítica de Larraín se concentra en la agenda de permisos y evaluación ambiental. Sobre la Ley de Permisos Sectoriales, afirma que el Ministerio de Economía tramitó vía fast track “un proyecto de facilitación de la inversión, regresivo para la protección de la salud y del medio ambiente”. Cuestiona especialmente la sustitución de autorizaciones sectoriales por “mecanismos habilitantes” basados en declaraciones juradas, que, a su juicio, “expropian la función de cumplimiento de las leyes y regulaciones bajo su responsabilidad”. Según la excandidata presidencial, la misma lógica se replicó en la Ley de Simplificación Regulatoria.
En cuanto a la reforma al SEIA, sostiene que el Ministerio del Medio Ambiente “no apuntó al sentido propuesto en el programa de gobierno” y que, durante la tramitación legislativa, “se debilitó aún más la evaluación ambiental, en la misma línea de la ley de permisos sectoriales”.
Asimismo, Larraín subraya que el proyecto de ley presentado para fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente, con el fin de mejorar la fiscalización, “durante la tramitación parlamentaria ha sido debilitado”.
Del eslogan ecologista a la hegemonía de la “permisología”
Cuando el gobierno se presentó como el “Primer Gobierno Ecologista”, el mensaje no fue recibido con entusiasmo unánime en el mundo socioambiental. Para el director ejecutivo de FIMA, esa etiqueta nunca tuvo demasiada justificación.
“Es una definición que nunca entendimos de dónde provenía. Desde el punto de vista de las organizaciones sociales ambientales y ecologistas, no hubo nunca una percepción de que este fuera a ser un primer gobierno ecologista”, afirma. Costa añade que cuando el Ejecutivo se autoasignó esa categoría, “en general hubo mucho escepticismo, un escepticismo muy bien fundado porque, como vimos, finalmente este no fue un gobierno ecologista”.
Más que una promesa incumplida, sostiene, se trató de una consigna vacía. “Ni siquiera se tomó como una promesa simbólica, sino simplemente como un eslogan que no tenía mucho sustento y que perdió muy rápidamente también la calidad de eslogan. Se utilizó quizás un muy breve tiempo y luego solo ha servido para refutar esta idea del primer gobierno ecologista, que nunca tuvo ningún sentido”, plantea.
En paralelo, el concepto que sí logró instalarse con fuerza fue el de la ‘permisología’. Para Costa, esa noción, proveniente del mundo empresarial, terminó desplazando la discusión de fondo sobre el carácter preventivo de la regulación ambiental. “El propio gobierno terminó cediendo frente a una visión de la regulación ambiental que es muy peligrosa, porque pone primero los intereses de los grandes grupos económicos antes que los intereses de las personas, antes que los intereses de las comunidades”, señala.
A su juicio, el debate invisibilizó la función esencial de los permisos. “Los procedimientos de permiso tienen como finalidad que las actividades que lleva a cabo cualquier persona no dañen a los demás; ese es finalmente el fin. Porque no es lo mismo prevenir que curar. Los permisos están ahí para prevenir los daños que se puedan producir, en lugar de buscar curarlos después cuando muchas veces son incurables”, explica. Y ejemplifica: “Cuando varias personas mueren de cáncer, como ha sucedido en Arica, ese daño es irreparable. Entonces se necesitan procesos de autorización que eviten esas muertes”.
Desde ChileSustentable, Sara Larraín sitúa el debate en una secuencia más amplia. Recuerda que “inicialmente, el programa de gobierno se consideró a sí mismo ‘ecologista’ e incorporó propuestas en consonancia con legislación recién aprobada o próxima a ser promulgada en materia de aguas, biodiversidad y cambio climático”. Además, subraya que, durante el primer año, se firmó el Acuerdo de Escazú, se impulsó la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se promulgó la reforma al Código de Aguas.
Sin embargo, según Larraín, a partir de 2023 el panorama cambió. El nuevo proceso constituyente “generó una atmósfera de incertidumbre, intensificada por la fuerte beligerancia y alta representación de la derecha y la falta de articulación y estrategias de negociación de los sectores progresistas”. En ese contexto, comenzaron a tramitarse proyectos que, a su juicio, implicaron una regresión normativa, como la reforma al SEIA y la Ley de Permisos Sectoriales, “que responden a demandas empresariales y están lejos de las demandas ciudadanas y de los compromisos del Programa de Gobierno Apruebo Dignidad”.
En su evaluación general, sostiene que se produjo “una deriva desde una impronta programática ecologista hacia una agenda procrecimiento, ampliando y profundizando varios problemas del modelo de desarrollo extractivista y exportador de recursos naturales sin valor agregado”.
Desde Terram, Flavia Liberona coincide en que existen señales de retroceso. “Desde la fundación no podemos responder por el mundo ambiental, pero lo que podemos decir es que existen hechos que avalan la percepción de que en este gobierno retrocedimos en materia ambiental”, afirma.
Respecto a la estigmatización del Servicio de Evaluación Ambiental, Liberona descarta que la responsabilidad recaiga en el organismo. “No creo que el SEA tenga responsabilidad en esta estigmatización. Desde que comenzó la ‘campaña’ por instalar el concepto de permisología, los grandes medios de comunicación se encargaron de posicionar el tema en el debate público y junto con ello estuvieron los gremios empresariales”, señala. A su juicio, muchos de los análisis difundidos evidenciaban desconocimiento técnico y, en el fondo, “lo que había detrás era buscar una flexibilización de las regulaciones ambientales”.
Futura administración: bajas expectativas y foco en el cumplimiento de la ley
De cara al gobierno que encabezará José Antonio Kast, las organizaciones ambientales consultadas coinciden en que el escenario es, al menos, incierto.
Antes de proyectar el nuevo período, Ezio Costa realiza un balance de la gestión saliente. “Creo que la administración de la ministra Rojas fue compleja; le tocó ir en algún minuto en contra de varios intereses internos también del gobierno, y creo que logró avanzar en algunas cosas, que son las que ya mencioné. Me hubiera gustado que hubiera más fuerza también para avanzar en más cosas, y eso claramente no se logró”, señala.
Respecto de la futura administración, su diagnóstico es crítico. “La verdad es que no tenemos muchas expectativas de que el gobierno entrante vaya a favorecer la protección ambiental porque, lamentablemente, tiene una ideología muy fuerte en contra de los derechos de las personas, en contra de las generaciones futuras, en contra del medio ambiente también. Y, por lo tanto, es muy difícil que cambie esa ideología y que se mueva a favor del país en estos temas”, afirma.
En ese contexto, plantea un estándar mínimo: “Lo mínimo que podemos esperar es que cumpla la ley. Y eso yo creo que es lo que tenemos que estar todos atentos y atentas: a que se cumpla la ley”. Advierte que experiencias comparadas muestran riesgos: “Lo que hemos visto de gobiernos de ultraderecha en otros lugares del mundo es que hacen lo posible por no cumplir la ley, por llevar adelante su ideología y sus planes sin ningún respeto por el derecho, por el estado de derecho, ni menos por la vida de las personas”.
Por ello, subraya el rol de los contrapesos institucionales: “Es común que quienes estén en el poder traten de abusar de ese poder, y para eso existen instituciones que tienen que frenar eso. Las mismas ONG, que están precisamente para frenar los abusos de poder; la propia ciudadanía, que tiene que estar alerta; y, por supuesto, los tribunales, la Contraloría, que tienen que hacer uso de sus funciones para frenar esos posibles abusos”. El riesgo que vislumbra es “no cumplir, o sea, no llevar adelante los planes y programas del Ministerio del Medio Ambiente a pesar de la obligación que existe”.
Consultado por la eventual designación de Francisca Toledo, ex investigadora de Libertad y Desarrollo, Costa reconoce no tener mayores antecedentes personales. “No conozco a la futura ministra Toledo, más allá de lo que ha salido en la prensa; entiendo que tiene una cercanía política con el mundo empresarial, pero no conozco en detalle cuáles son sus creencias ni veo tampoco que haya acciones particulares en este sentido”, señala.
Agrega que desconoce los criterios detrás de su nominación: “Tampoco sé cuáles son específicamente los méritos que vio el futuro presidente para elegirla; me imagino que el hecho de ser militante de Libertad y Desarrollo —esta organización que ha estado siempre del lado del gran empresariado— supongo que va a tener un peso en su elección. Pero la verdad es que no lo sé, y también hay que verlo en acción, porque no es lo mismo lo que haya estado haciendo en esta organización proempresarial versus lo que pueda hacer ahora como ministra”.
Desde ChileSustentable, Sara Larraín es categórica respecto de las expectativas. “Honestamente, ninguna expectativa de avance, sino más bien de incertidumbre, sobre si seremos capaces de frenar la estrategia de desregulación de la normativa ambiental y climática que Chile ha construido durante los últimos 30 años”, afirma.
A su juicio, lo que está en juego es el estándar alcanzado por el país. “Este avance en el resguardo de bienes públicos como el patrimonio de biodiversidad, el aire limpio, la prevención de daños y la remediación ambiental que han elevado el estándar del desarrollo económico, como incluso ha recomendado la OECD, bloque del cual somos miembros, hoy está en riesgo”. Y agrega: “La estrategia enunciada del gobierno electo es crecimiento del PIB a cualquier costo; ya sabemos lo que eso significa en países no industrializados y dependientes de recursos naturales”.
Sobre Toledo, Larraín desplaza la discusión desde la figura individual hacia el marco político general. “El problema no es Francisca Toledo, sino la línea editorial entregada hasta ahora por el candidato electo y su equipo. Espero que los partidos de derecha y centro derecha con trayectoria en el Ejecutivo y Legislativo no sean tentados por ideologías simplistas que han anunciado el desmontaje de los avances civilizatorios en materia social y ambiental que ha tenido el país durante los últimos ocho gobiernos democráticos”, sostiene.
Desde Fundación Terram, Flavia Liberona adopta una posición más institucional. “Desde Terram no podemos responder por las expectativas de la ciudadanía; por nuestra parte esperamos que se respete la legislación vigente, se mantengan o mejoren los estándares de transparencia de acceso a información pública y que no se promueva la regresión en materia ambiental”, afirma.