Peine recurrirá al Tribunal Ambiental por la aprobación de proyecto NX Uno
El presidente de la comunidad cuestionó la decisión del Comité de Ministros y aseguró que utilizarán “todos los recursos” disponibles para revertir la resolución favorable al proyecto de potasio. Fuente: El Mercurio de Calama, 12 de mayo de 2026.
La Comunidad Atacameña de Peine anunció que recurrirá al Primer Tribunal Ambiental tras la decisión del Comité de Ministros de otorgar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine”, iniciativa minera emplazada en el Salar de Atacama que contempla una producción estimada de 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio.
El presidente de la comunidad, Sergio Cubillos, informó que una de las primeras acciones será contactar a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación ambiental (SEA), encabezada por Arturo Farías, para conocer los plazos en que se notificará formalmente la resolución y los motivos por los cuales no fueron consideradas las cartas mediante las que solicitaron participar en la sesión del Comité de Ministros del pasado jueves 7 de mayo.
En esa línea, el dirigente adelantó que ya se encuentran preparando antecedentes para presentar acciones ante el Primer Tribunal Ambiental, pues están determinados a “utilizar todos los recursos de los que disponemos para revertir la decisión del Comité que, para nosotros al menos, no está debidamente fundada y técnicamente va en contra de toda la legislación ambiental vigente”, expresó Cubillos respecto de la resolución adoptada por los ministros.
El representante de la comunidad sostuvo además que el proyecto, que ingresó a Evaluación ambiental en 2009, presenta estándares insuficientes en materia de mitigación y evaluación de impactos y, según planteó, se trata de “el más antiguo del sistema y el que con menos estándares cumple a nivel de medidas de mitigación y de otros componentes que se debieron revisar con muchísima más profundidad”.
Tres veces rechazado
A través de una declaración pública emitida tras conocerse la decisión, la Comunidad Atacameña de Peine recordó que la iniciativa había sido rechazada previamente en tres ocasiones, 2012, 2017 y 2025, por organismos técnicos del Estado, y cuestionó que el Comité de Ministros revirtiera esas decisiones. La organización sostuvo que la aprobación obliga a revisar el escenario hidrogeológico completo del Salar de Atacama, debido al impacto acumulativo que tendría una nueva operación minera sobre los acuíferos y el balance hídrico del territorio.
En el mismo documento, la comunidad manifestó que el Salar de Atacama “vive en estrés hídrico crítico” y advirtió que continuará vigilando los proyectos y evaluaciones ambientales que se desarrollen en el territorio. Además, reiteró que hará uso de “todas las herramientas que la ley chilena y los tratados internacionales reconocen a los pueblos originarios” para defender las aguas, ecosistemas y formas de vida del pueblo Lickanantay.
Desde el Grupo Errázuriz, dueña del proyecto, aseguran que cumple plenamente con todas las exigencias legales vigentes, lo que habilita la concreción de la inversión estimada hoy en US$143 millones.