La inacción climática podría costar 250.000 vidas y un 4% del PIB global cada año hasta 2050
Un reciente informe del PNUMA estima que las medidas de transformación ambiental podrían evitar nueve millones de muertes prematuras para 2050, principalmente por reducción de la contaminación del aire. Este viernes se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Fuente: El Mostrador, 5 de junio de 2026.
El cambio climático podría recortar un cuatro por ciento del PIB global anual para 2050 y causar 250.000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050 por desnutrición, malaria, diarrea y estrés por calor.
Esas son las cifras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ponen sobre la mesa en el contexto de la conmemoración Día Mundial del Medio Ambiente, que este 5 de junio gira en torno a la campaña #NowForClimate del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El informe GEO-7 –elaborado por 287 científicos de 82 países– agrega que adoptar medidas de transformación ambiental podría evitar nueve millones de muertes prematuras para 2050.
Chile está entre los países más expuestos a esos impactos. La zona central figura como uno de los puntos calientes del planeta: los modelos climáticos proyectan allí algunos de los mayores cambios en temperatura y precipitación registrados a escala global. El país concentra además cinco de los nueve límites planetarios en estado crítico y enfrenta procesos acelerados de desertificación, pérdida de glaciares y variabilidad hídrica que ya afectan la agricultura, el abastecimiento de agua y los ecosistemas de alta biodiversidad endémica de su zona mediterránea.
Resiliencia
Eugenia Gayó, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), plantea que la respuesta a esa vulnerabilidad no pasa solo por reducir emisiones. “Cuidar la biodiversidad no es un gesto simbólico, sino que es fortalecer la resiliencia de las sociedades y abrir una posibilidad real de futuro”, señala Gayó, delegada de Chille ante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
Álvaro Salazar, también investigador del IEB y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), cifra el riesgo en términos concretos: si la desertificación avanza sin medidas de mitigación, la frontera árida se desplazará hacia el sur de manera sostenida.
“En zona central las consecuencias, los cambios en precipitación y temperatura que se esperan son de los mayores en todo el planeta”.
El desierto avanza hacia el sur
La región de Coquimbo registra el nivel de desertificación más grave del país. Salazar, que trabaja en esa zona desde el CEAZA, describe un proceso que combina factores climáticos con decisiones de manejo del territorio: la expansión del anticiclón del Pacífico (el sistema de alta presión que bloquea las precipitaciones) se acelerará con el calentamiento global y se desplazará hacia el sur, reduciendo las lluvias en zonas que hoy todavía las reciben. Con cambio climático, ese desplazamiento afectaría desde la Región del Maule hacia el sur.
El despeje de vegetación por ganadería u otras actividades intensifica la aridez local a través de un mecanismo de retroalimentación: menos vegetación produce una atmósfera más seca, lo que dificulta aún más la recuperación de la cobertura vegetal.
“Mientras más sacamos la vegetación, más seca es la atmósfera sobre esa vegetación y más difícil y exacerba el proceso de desertificación. Es un efecto sumado y obligativo”, señala el ecoclimatólogo. Sin intervención, agrega, esa dinámica seguirá avanzando.
Megasequía
La restauración de vegetación nativa aparece como la respuesta técnica más documentada. Un proyecto conjunto entre el CEAZA y la Universidad de La Serena, en la localidad de Quebrada de Talca, demostró que cerrar 100 hectáreas al ganado reactivó una quebrada que estaba completamente seca. Esa misma comunidad recibe hoy ingresos por turismo y dispone de agua para el ganado en plena megasequía, un resultado que al inicio del proyecto los propios habitantes consideraban improbable.}
Los experimentos de modelación climática del equipo de Salazar refuerzan esa evidencia. Al restaurar la vegetación de Chile central a sus condiciones originales en los modelos, el clima local cambia: la zona transita del árido al semiárido. La vegetación funciona como una bomba de agua que aumenta la humedad atmosférica. En ecosistemas áridos y semiáridos, ese efecto sobre la atmósfera es, según publicaciones en revistas especializadas, el mayor registrado entre todos los tipos de vegetación del planeta.
La ley Marco de Cambio Climático obliga a las instituciones chilenas a coordinar planes de adaptación y establecer metas de reducción de emisiones, lo que a juicio del investigador del IEB y CEAZA se trata de una externalidad positiva. Por primera vez, distintos organismos se ven forzados a abordar un problema que es, por naturaleza, intersectorial. Chile aporta apenas el 0,02 por ciento de las emisiones globales de CO₂, pero su exposición física a los impactos climáticos lo sitúa en una posición que requiere, precisamente, de acelerar la acción climática.
No son crisis paralelas: se retroalimentan
Para Álvaro Salazar, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no son crisis paralelas: se retroalimentan y se amplifican mutuamente, y las soluciones deben partir de esa constatación. La relación entre vegetación y clima es un ejemplo de esta triple conexión. Cuando se elimina cubierta vegetal, por deforestación o ganadería extensiva, la humedad atmosférica cae y la temperatura superficial sube de inmediato. “Lo que hace la vegetación natural es enfriar la superficie, es decir, nos ayuda a combatir los efectos negativos dentro de olas de calor”, explica el ecoclimatólogo.
Ese efecto es medible en las ciudades. De hecho, el PNUMA estima que incorporar naturaleza urbana puede reducir la temperatura hasta cuatro grados Celsius y disminuir el riesgo de inundaciones. Las áreas urbanas producen más del 70 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero también concentran las soluciones más eficaces disponibles.
Eugenia Gayó enfatiza que “la ciencia nos muestra que los ecosistemas sanos son capaces de regular la temperatura, proteger el agua y ayudar a reducir los impactos de los eventos extremos”.
La resiliencia climática podría desbloquear, según el PNUMA, 18 billones de dólares en oportunidades de desarrollo global si los países aceleran la transición. La campaña #NowForClimate –mensaje central del Día del Medio Ambiente 2026– convoca a gobiernos, ciudades, empresas y personas a actuar en esa dirección. El Secretario General de la ONU, António Guterres, remarcó que la solución es conocida, pero el ritmo de acción es demasiado lento.
Salazar también pone el acento sobre la premisa de que “crecimiento económico y conservación son incompatibles”. Para el investigador, la pregunta no es si crecer o conservar, sino cómo fundar las decisiones en evidencia científica sobre los sistemas naturales que sostienen la actividad productiva. En ese punto, identifica una brecha persistente en Chile. Como referencia, menciona el CSIRO australiano (la agencia gubernamental que desarrolló el protocolo Wi-Fi, entre otros avances) como modelo de institucionalidad que convierte el conocimiento científico en insumo directo para las políticas públicas.
En el ámbito empresarial, algunas compañías han comenzado a tratar la biodiversidad como un activo: mejora su posición en índices internacionales de sostenibilidad y les abre acceso a mercados donde los estándares ambientales son condición de entrada. En el sector eléctrico, empresas que instalan aerogeneradores han suscrito convenios con institutos de investigación regionales para producir semillas nativas y conservar in situ las especies intervenidas, subraya el académico. “La acción climática empieza cuando entendemos que la naturaleza no es un paisaje, es parte de la solución”, concluye Gayó.