Acuerdo de Escazú, ratificación e implementación
Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sobre la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, donde destaca que, más allá de ser un hecho simbólico, la correcta aplicación de este tratado podría jugar un rol clave a nivel de políticas públicas nacionales como comunales en materias de derechos humanos y medioambiente. Fuente: Articulación Ciudadana La Reina, 8 de junio de 2022.
La importancia de este tratado internacional radica en que es el primero de esta índole en Latinoamérica y el Caribe, que aborda en forma conjunta temas relacionados con derechos humanos y medio ambiente, además teniendo como principios rectores, entre otros, el principio de no regresión y progresividad junto al de transparencia y rendición de cuentas.
En términos generales, las materias que aborda este convenio son las siguientes: transparencia y acceso a información en materia ambiental, participación ciudadana informada en la toma de decisiones ambientales y deber del Estado de proteger a las y los defensores ambientales. Este último tema es el gran ausente en la actual regulación nacional.
Si bien Chile cuenta con algunos avances en los temas abordados por el Acuerdo de Escazú, ya que contamos con una ley de acceso a la información pública (N° 20.285) desde el año 2008 y una ley de participación ciudadana (N° 20.500) a partir de 2011, probablemente estas leyes deberán ser modificadas para cumplir de forma cabal los objetivos que comprende este tratado. Adicionalmente, el gobierno deberá generar mecanismos, hoy ausentes, mediante los cuales el Estado de Chile otorgue protección a las y los defensores ambientales.
Es importante destacar que la suscripción y ratificación del Acuerdo de Escazú no es solo un hecho simbólico, ya que su debida implementación puede jugar un rol muy relevante en todas las materias que este aborda tanto a nivel de política pública nacional como en su implementación a nivel comunal.
Sabemos que en la actualidad es posible acceder a alguna información por la Ley N° 20.285, pero esta regulación está lejos de proveer toda la información que se requiere en materia ambiental, por lo cual lo más probable es que deba ser modificada. Pero el mayor desafío no está en la regulación sino en que las instituciones del Estado, que muchas veces han protegido a los grandes consorcios empresariales, tendrán la obligación de transparentar y poner a disposición del público de forma accesible, información sobre temas ambientales que hoy no se encuentra disponible.
En cuanto a la participación de los habitantes del país en las decisiones ambientales, es evidente que esta es una materia en la cual existe una brecha importante y en la que se debe avanzar. Si bien existe una ley de participación ciudadana, sumada a la ley ambiental vigente (N° 19.300), que consagra la participación en algunos procesos normativos y de evaluación ambiental de proyectos, hasta ahora estos espacios distan mucho de contemplar mecanismos adecuados y, más bien, han sido definidos por las autoridades de turno como espacios de carácter informativo o consultivo. Esta situación no ha permitido que las comunidades cuenten con mecanismos efectivos de participación, lo cual sin duda está en la base de muchos conflictos socioambientales. En este sentido, las autoridades deberán realizar un trabajo importante en la modificación y/o creación de regulaciones que aseguren mejores estándares en los procesos de participación ciudadana desde lo local a lo nacional.
Por último, está el deber del Estado de generar los mecanismos apropiados para la protección de las y los líderes ambientales. Este es, sin lugar a dudas, el ámbito en el cual nuestro país se encuentra completamente al debe y, por tanto, el gobierno del presidente Boric deberá iniciar un proceso que permita establecer tanto regulaciones como instituciones responsables que aseguren el resguardo de personas que se sientan amenazadas debido a su rol como defensores ambientales. Si bien en el borrador de la nueva Constitución han quedado consagrados algunos temas que tienen que ver con la protección de defensores ambientales, es importante entender que la implementación del Acuerdo de Escazú es algo que no puede esperar, pues las y los habitantes del territorio hoy se encuentran privados de protección y de herramientas adecuadas para ejercer su liderazgo sin sentirse en peligro.
Es por lo antes señalado que, más allá de los cambios que nos traiga la nueva Constitución, es muy importante que el presidente Boric, junto a sus ministras de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores se comprometan a la implementación del Acuerdo de Escazú de forma inmediata.