
Benavente defiende avances de la política del litio, pero admite riesgos en negociaciones entre SQM y Codelco
El vicepresidente de Corfo dijo que los “problemas de competencia” suponen riesgos de “judicialización” en los contratos especiales de operación que tienen que constituirse a futuro. A ello sumó el que las comunidades indígenas sean incorporadas en el proceso, algo que no ocurrió en experiencias anteriores y terminó tumbando la licitación que adjudicó el gobierno de Sebastián Piñera. Fuente: La Tercera, 14 de diciembre de 2023.
“Juntas representan una inversión cercano a los US$600 millones, con más de 1.000 personas en empleos, y en el cual la condición que nosotros pusimos es que más del 90% fueran chilenos, y es más, que fueran entrenadas”, enfatizó.
Sin embargo, en su respuesta Benavente también admitió algunas de las dificultades que está enfrentando actualmente la estrategia gubernamental. “Otra cosa es la velocidad a la cual me gustaría (avanzar)”, dijo, para luego enfatizar que “hay temas de procedimientos” a cautelar. Allí, enumeró que las definiciones en torno a la negociación entre SQM y Codelco por el futuro del Salar de Atacama “es una cosa”, la definición de salares estratégicos “es otra”, la licitación internacional de Contratos de Operación Especial de Litio (CEOL) “es otra”, además de la protección del 30% de los depósitos.
En una reflexión más profunda, alertó de algunos riesgos que están presentes en las conversaciones entre SQM y Codelco para definir el futuro del Salar de Atacama. “Hay un problema bien complejo, con el que estamos lidiando ahora, en que no queremos encontrarnos con la sorpresa después, que son los problemas de competencia”, lanzó, para luego recordar, sin nombrar directamente a las empresas involucradas, las restricciones impuestas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que pesan actualmente sobre Tianqi, la firma china que es propietaria del 22% de SQM, y que le impiden aumentar su participación en la principal productora de litio en Chile.
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Dichas restricciones, graficó, se traducen en que “uno de sus socios no puede participar en las decisiones de la compañía”, lo que, a su juicio, “no solo involucra a empresas que están en Chile, sino también a empresas que están listadas en Nueva York y en otros lugares, por lo tanto, tenemos que ver todas esas dimensiones jurídicas en el fondo para hacer los contratos, los CEOLes, para que justamente no se nos armen problemas y se nos judicialicen”, reconoció.
A ello sumó “otro tema tremendamente importante” que “obviamente tiene sus tiempos”, aludiendo a los diálogos con las comunidades indígenas comprometidos por el Ejecutivo para avanzar en el desarrollo de la industria del litio.
“En las versiones anteriores, de alguna manera lo que pasó es que no se consideró explícitamente el sentir, la mirada de los pueblos originarios con respecto a los salares”, dijo, en referencia a las acciones judiciales de pueblos indígenas que terminaron tumbando la licitación realizada a fines del gobierno de Sebastián Piñera.
En esa línea, defendió que las comunidades “tienen un genuino interés para saber qué es lo que pasa con los salares”, y aunque agregó que “no necesariamente están en contra, que no se haga nada”, el proceso “tiene ritmo distintos a los que uno le gustaría”.
Con todo, enfatizó que “tenemos todas estas restricciones y estamos tratando de atenderlas para que después no se nos judicialice, no se nos complique, porque eso sí nos traería bastantes problemas”.