
Balance Ambiental de Fundación Terram: Desafíos, avances y un polémico acuerdo marcaron la agenda minera durante 2024
El informe anual analiza los hitos más relevantes del año en materia ambiental, incluyendo varios hechos mineros destacados, como la Estrategia Nacional del Litio, la entrada en vigor del nuevo royalty y las revisiones a la gestión de relaves. Fuente: Revista Nueva Minería y Energía, 16 de enero de 2025.
Un crítico análisis de lo que fue el año 2024 en materia ambiental realizó la Fundación Terram en el marco de su habitual balance anual, que evalúa algunos de los hechos más relevantes del año incluyendo varios hitos mineros.
De acuerdo con Terram, el 2024 estuvo marcado “por un impulso hacia la flexibilización de los estándares ambientales”, lo que se resume en el título elegido para el Balance Ambiental del 2024: “Con permiso para destruir”.
En este sentido, el documento analiza cómo el término “permisología”, promovido por el sector empresarial, “se ha posicionado como una crítica a las regulaciones ambientales percibidas como obstáculos para proyectos de inversión”.
En el informe, Terram aborda lo más relevante en diversas temáticas ambientales, incluyendo el sector minero, donde la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y el acuerdo entre SQM y Codelco para la extracción de este mineral, marcaron la agenda.
Estrategia Nacional del Litio
En relación con la Estrategia Nacional del Litio (ENL), el Balance Ambiental de Terram recuerda que en marzo del 2024 se aprobó la creación de la Red de Salares Protegidos, que definió 27 depósitos salinos que quedarían bajo protección oficial. Sin embargo, Terram asegura que “el criterio para esta selección no fue ecológico, ni tomó en cuenta la protección de la biodiversidad ni del ciclo hidrológico, por lo que presentó críticas de la academia y de la sociedad civil”.
Siempre en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, el documento de Terram también alude al acuerdo firmado en mayo entre SQM y Codelco, que según la organización ambiental, “estuvo marcado por el secretismo y la nula participación ciudadana”.
Este acuerdo planteó alcanzar una producción de 300 mil toneladas de litio para el periodo 2031-2060, donde el Estado tendría un control mayoritario y la administración de la sociedad. “Esta asociación ha sido cuestionada por parlamentarios en cuanto a su legalidad, como también por empresas del sector y por las comunidades atacameñas”, asegura el Balance Ambiental de Terram.
“Sin lugar a dudas, el acuerdo entre SQM y Codelco mantiene los vicios de implementación que ha presentado la ENL, siendo un proceso de negociación opaco y a espaldas de la ciudadanía y comunidades locales. Asimismo, este plantea un aumento de la producción en un Salar que presenta un evidente desbalance y afectación hidrogeológica, producto de su sobre explotación. Ahora bien, lo más complejo de dicho acuerdo es que el Estado se está asociando con una empresa que ha presentado hechos de corrupción, sanciones por incumplimiento ambiental y controversias por el pago de impuestos”, sostiene el investigador de Fundación Terram, Telye Yurish.
En esta materia Fundación Terram publicó dos estudios de investigación: “Diagnóstico de la Corrupción en la Industria del Litio en Chile” y: “Análisis de Transparencia de la Información de la Industria del Litio en Chile” donde se identifican 6 riesgos de corrupción, además “del proceso de captura política y del estado por parte de SQM, que influenció indebidamente en el diseño de leyes y muestra un evidente favoritismo en la explotación del litio en el Salar de Atacama”, señala la organización ambiental.
Royalty
Otro de los aspectos que destaca Terram es la entrada en vigencia en enero de 2024 de la Ley del Royalty Minero (N.º 21.591), que había sido aprobada en 2023 tras cinco años de discusión legislativa.
Cabe recordar que este nuevo esquema permitirá recaudar cerca de US$ 1.350 millones anuales a partir del año 2025, de los cuales US$ 450 millones se destinarán al desarrollo regional mediante el Fondo para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), entregado a los Gobiernos Regionales (GORE), el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCM), estos dos últimos serán traspasados directamente a las municipalidades.
Dado que los recursos del Royalty estarán disponibles a partir del 2025, el gobierno implementó como medida transitoria, los “Fondos Puente”, que adelantaron $93.000 millones de pesos a 307 comunas del país durante 2024. De estos, $70.755 millones se asignaron al fondo común municipal y $22.800 millones al FCM dirigido a 43 comunas afectadas directamente por la actividad minera.
Además, los Gobiernos Regionales recibieron US $20 millones adicionales para potenciar sus proyectos de desarrollo. Desde Fundación Terram señalan que “estos aportes representan un desafío para los gobiernos locales en materia de rendición de cuentas y eficiencia presupuestaria, develando riesgos de corrupción que se pueden expresar en espacios de cooptación y clientelismo sectorial”.
Gestión de relaves
En materia ambiental, uno de los principales temas de la agenda minera fue la actualización del Reglamento que regula el diseño, construcción y operación de los proyectos de relaves (Decreto Supremo N° 248 de 2006), donde se incorporan nuevos estándares internacionales.
Según el Catastro de Depósitos de Relaves 2023 del Sernageomin, cerca de 128 relaves deberán someterse a este cambio reglamentario. Desde la sociedad civil se han planteado inquietudes sobre la nueva propuesta, “considerando que los procesos de cierre no se abordan de manera integrada con las otras etapas del depósito de relave”, señala Terram.
Además, “aún existe ausencia de normativas específicas que regulen la explotación y no se incorporan variables sociales de participación que aseguren una gestión integrada, la cual permita avanzar en políticas de seguridad y control ciudadano ante desastres, como también en la planificación de los nuevos usos del territorio luego de procesos de cierre”, agrega el documento de Fundación Terram.
Transparencia de Industrias Extractivas
Otro de los hechos que destaca Terram en su balance anual es el proceso de adhesión que inició Cochilco en enero de 2024 a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que contempla la conformación de un Grupo Multipartícipe (GMP), integrado por representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, para después elaborar un Plan de Trabajo Nacional, que tiene como objetivo diagnosticar brechas normativas y establecer las bases para la implementación del estándar.
Para ello, Cochilco contrató a la consultora John T. Boyd Company, sin embargo, Terram advirtió que “el proceso ha sido cuestionado por parte de la sociedad civil y sus representantes debido a la falta de información sobre el contexto, la propuesta técnica y el plan de trabajo de la consultoría”.
Además, Terram agrega que “se han señalado incumplimientos” en los procesos formales de participación y transparencia que el propio estándar exige para la elaboración de los planes de trabajo nacionales. Se espera que Chile formalice su candidatura ante la secretaría internacional del EITI durante los primeros meses de 2025.