El nudo del conflicto se remonta al 14 de julio del año 2022 cuando el Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el Cambio Climático que preside la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. aprobó el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos y que según indican a Interferencia habilitaría el traslado de elementos tóxicos.

Según señalan a esta redacción, que el problema radica en que dicha normativa contraviene el Convenio de Basilea que Chile suscribió en el año 1992 y que señala en parte de su preámbulo que: “En la medida en que ello sea compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente, los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en que se hayan generado”.

Quienes sostienen que el reglamento va en dirección errónea, argumentan que dentro de los residuos el más problemático es el de las baterías de vehículos, pues señalan que, si el traslado es por vía marítima, hay riesgo de que parte del cargamento termine en los océanos dañando el ecosistema acuático. Pero también advierten que los desechos como las baterías son utilizados por el crimen organizado para sintetizar drogas.

Dicho punto sería uno de los conflictivos, pues el reglamento aprobado iría en la dirección contraria a lo establecido en el Convenio.

Pero también advierten que los desechos como las baterías son utilizados por el crimen organizado para sintetizar drogas, pues el ácido sulfúrico que contienen es uno de los elementos esenciales para la producción de cocaína y pasta base.

Aunque el Convenio indica que los desechos deben ser eliminados por el Estado que los genere en tanto sea compatible con una manejo medioambiental, en una reciente entrevista en CNN Chile la representante regional del Convenio de Basilea, Leila Devia, indicó que “Chile, al igual que toda América del Sur, tiene un potencial muy grande en todo lo que es su capacidad técnica y también en lo que es la capacidad extendida del productor […] las autoridades competentes deben tener en cuenta las capacidades y desarrollo tecnológico del país”.

En ese sentido, Devia sostiene que si bien el Convenio no prohíbe la exportación de materiales peligrosos con la condición de que la autoridad competente evalúe la capacidad técnica del país, tarea que descansa precisamente en el Ministerio del Medio Ambiente.

La capacidad técnica en Chile para reciclar baterías

Interferencia contactó al Ministerio de Medio Ambiente para conocer la argumentación del reglamento, pues los diputados que han participado de las conversaciones afirman que no han recibido una respuesta oportuna que fundamente la creación de la normativa que contravendría un acuerdo internacional que por norma tiene mayor rango constitucional que la regulación que busca impulsarse.

Una fuente del Ministerio que decidió hablar fuera de micrófono, afirmó a esta redacción que los intereses en frenar la reglamentación vienen desde la empresa Recimat, que serían los únicos que pueden reciclar baterías y que con la nueva norma, su modelo de negocio se vería directamente afectado. Dicha aseveración, no se condice con la realidad, pues la empresa Ecovalor de Derco y Gildemeister, recicla baterías, neumáticos y otros deshechos producidos de la plaza automotriz.

No obstante, desde la secretaría de Estado señalaron que no podían referirse al contenido hasta después de presentarlo porque aún están trabajando con Salud en su configuración. Aunque sí, aseguraron que el ordenamiento no transgrediría el Convenio en cuestión.

Asimismo, una fuente del Ministerio que decidió hablar fuera de micrófono, afirmó a esta redacción que los intereses en frenar la reglamentación vienen desde la empresa Recimat, que serían los únicos que pueden reciclar baterías y que con la nueva norma, su modelo de negocio se vería directamente afectado.

Dicha aseveración, no se condice con la realidad, pues la empresa Ecovalor de Derco y Gildemeister, recicla baterías, neumáticos y otros deshechos producidos de la plaza automotriz.

Asimismo, Interferencia accedió a un documento del 21 de noviembre de este año en que la empresa Gecop, había sido habilitada por la Seremi de Salud de Valparaíso al funcionamiento de la instalación de eliminación de residuos peligrosos en aceites dieléctricos. Totalizando, de momento, tres empresas que podrían dedicarse al tratamiento de residuos peligrosos.

Los actores involucrados

Es en ese contexto que la disputa entre el poder Legislativo y el Ejecutivo se ha ido agudizando con el correr de los meses. El punto de inflexión data del 14 de junio de 2023, cuando la ministra Maisa Rojas asistió hasta la comisión de Medio Ambiente de la Cámara junto a su equipo asesor para tratar lo referido al reglamento de residuos transfronterizos.

A raíz de ese encuentro, se han sostenido entre los legisladores y el Ministerio diversas reuniones. La última de ellas estaba fijada para este martes 12 de diciembre, sin embargo, la ministra Rojas se ausentó debido a su presencia en la COP28 que se está desarrollando en Emiratos Árabes Unidos. Dicha reunión quedó programada para la próxima semana.

El diputado Sebastián Videla señaló que “lo que nos complica es que todas las voces medioambientales y expertos dan cuenta que el Gobierno estaría violando el Convenio que firmó. Nosotros no queremos que se elimine el reglamento, queremos que se confíe en la capacidad instalada que tiene Chile”.

En conversación con Interferencia, el diputado Luis Malla (PL) señaló que “nosotros como un gobierno que es ambientalista no podemos cometer el error de exportar desechos tóxicos. No sabemos qué tratamientos se le darán ni a quién van a afectar. Desde mi punto de vista, no quiero hacerle a otros países y a otras ciudades, lo que nos hicieron a nosotros en Arica”. Esto, en referencia a los desechos que la empresa sueca Boiden Mineal AB llevó hasta el cerro Chuño en Arica en los años 80 generando problemas en la salud de los ciudadanos por residuos de plomo, manganeso y arsénico.

Por otra parte, el diputado Sebastián Videla señaló que “lo que nos complica es que todas las voces medioambientales y expertos dan cuenta que el Gobierno estaría violando el Convenio que firmó. Nosotros no queremos que se elimine el reglamento, queremos que se confíe en la capacidad instalada que tiene Chile”.

Las tratativas entre ambos poderes del Estado no han sido fructíferas y los congresistas han pedido que el ministro de Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), interceda para frenar el reglamento que desde Medio Ambiente están impulsando. Distintas voces indican que incluso la ministra Rojas se ha negado a escuchar a los diputados.

Distintas fuentes, afirman a Interferencia que Elizalde coincidió con los diputados respecto al punto de que Chile debía hacerse cargo del almacenamiento y reciclaje de las baterías precisamente por los problemas asociados al traslado transfronterizo de los residuos tóxicos y que ha estado en conversaciones con la repartición medioambiental para poder llegar a un punto en común.

En ese mismo sentido, durante el estudio de la Ley de Presupuestos 2024, el senador José Miguel Insulza (PS) se refirió a esta problemática. “¿Se pueden exportar residuos peligrosos desde Chile? Me parece que, con la experiencia que tenemos en Arica con la importación de residuos peligrosos hace algunas décadas atrás que todavía dañan la salud de los ciudadanos, que este país no debería importar residuos peligrosos y punto. Y tendrá que ver como lidia con ellos”, comenzó el senador.

Y agregó: “pero tener la posibilidad de trasladarlos a otras partes, me parece de sentido contrario a nuestra política y por lo demás un tema al cual el presidente de la República se ha referido manifestándose completamente contrario a la exportación de residuos peligrosos […] Podríamos pedirles [a los otros países] que nos presten la tecnología, pero no hacer con ellos lo que hizo el reino de Suecia hace cuarenta años con este país”.

En esa línea, durante el año 2016, el presidente Gabriel Boric en su investidura como diputado afirmó en Sala que: “Esto resulta un sinsentido porque se quiere promover el reciclaje en Chile, pero abriendo las fronteras para que se exporte la materia prima a reciclar. Esto significa que el Ministerio del Medio Ambiente está desconociendo el camino que se había avanzado cediendo al lobby de los importadores de baterías, por ejemplo, la empresa Derco”.

En esa línea, durante el año 2016, el presidente Gabriel Boric en su investidura como diputado afirmó en Sala que: “Esto resulta un sinsentido porque se quiere promover el reciclaje en Chile, pero abriendo las fronteras para que se exporte la materia prima a reciclar. Esto significa que el Ministerio del Medio Ambiente está desconociendo el camino que se había avanzado cediendo al lobby de los importadores de baterías, por ejemplo, la empresa Derco”.

“Esto es un golpe importante a la industrialización de Chile, porque se destruyen todos los incentivos para el desarrollo de una industria sustentable en el país. No hay una visión de largo plazo, no hay una visión de empleo y generación de valor de una industria de reciclaje en Chile. Cómo nos queremos ver, como exportadores de residuos peligrosos o en cambio como exportadores de tecnología patentada e innovación en el reciclaje industrial”, añadió Boric.

En adición, pero desde el punto de vista académico, el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a esta problemática en un documento titulado informe en Derecho sobre los problemas interpretativos surgidos a propósito de la propuesta de reglamento que “regula el movimiento transfronterizo de residuos” en relación con lo dispuesto en el Convenio de Basilea y otros cuerpos normativos fechado el 5 de septiembre de 2022, tres meses antes de aterrizar en la cartera que hoy encabeza.

En las conclusiones del informe, Cordero detalla que: “La propuesta de Reglamento, al parecer, descansa en una interpretación extensiva de la Enmienda de prohibición del Convenio de Basilea y de algunas de las recomendaciones de la OCDE, en el sentido que la regulación sobre exportación para valoración implicaría una regla especial que permitiría pura y simplemente la actividad, a diferencia de la exportación para la eliminación de residuos, que requeriría de la inexistencia en el país de capacidad técnica para eliminarlos”.

Por otra parte, advierte que la decisión tomada no incluyó un análisis respecto a las capacidades técnicas que Chile posee para tomar cartas en el asunto. “La decisión de derogación del DS 2/2010 fue adoptada sin mediar –al menos de acuerdo con los antecedentes públicos que han sido tenidos a la vista– un análisis reciente acerca de la suficiencia de las capacidades técnicas instaladas en el país. Atendido el propósito del Convenio de Basilea, de minimización de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, resulta razonable que se efectúe un análisis tal de manera previa a la derogación del decreto en comento”, concluye.