“El resultado electoral genera incertidumbre para la democracia y el espacio cívico”
CIVICUS conversa con Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Chile. La Fundación Terram es una organización de la sociedad civil chilena que promueve un modelo de desarrollo basado en la democracia, la transparencia, los derechos humanos y la justicia ambiental. El 14 de diciembre, el candidato de extrema derecha José Antonio Kast, del Partido Republicano, fue elegido presidente en segunda vuelta con alrededor del 58% de los votos, derrotando a Jeannette Jara. El resultado produce un cambio abrupto en el liderazgo político del país tras cuatro años de gobierno progresista. Fuente: CIVICUS, 13 de enero de 2026.
¿Qué factores explican el giro a la extrema derecha en la segunda vuelta presidencial?
El resultado de la segunda vuelta no puede explicarse por una sola causa, sino por la combinación de varios factores políticos y sociales. Uno de los más relevantes fue el cambio desde un sistema de voto voluntario hacia el voto obligatorio. Esto incorporó a una gran cantidad de personas que estaban menos informadas o involucradas en el debate político y cuyas preocupaciones no necesariamente se reflejaban en las propuestas de campaña.
A esto se suma una percepción negativa del gobierno saliente. En distintos sectores hay una sensación de falta de liderazgo, en particular del Frente Amplio, que llegó al poder con la promesa de impulsar transformaciones profundas y que, para muchos, no logró cumplir. Esa frustración y decepción terminaron impactando su desempeño electoral.
Además, durante el último tiempo, la agenda pública estuvo dominada por temas como la delincuencia, el narcotráfico y la migración, desplazando otras discusiones de largo plazo centradas en la salud, la educación, la desigualdad y el medio ambiente. En los sectores populares, la inseguridad se vive de forma directa, lo que favoreció un discurso de orden y control que fue capitalizado por la extrema derecha.
¿Cuáles eran las principales diferencias entre las plataformas de Jara y Kast?
Aunque ambos representan posiciones políticas opuestas, en materia económica y productiva compartían un punto central: la promoción de la inversión a través de la expansión de actividades extractivas, como la minería y la salmonicultura. Este enfoque mantiene un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico sin cuestionar de manera sustantiva sus impactos sociales y ambientales.
Las diferencias fueron más de tono y énfasis que de fondo. Ninguno de los dos candidatos abordó alternativas productivas ni los efectos acumulados de décadas de degradación ambiental, pese a que Chile enfrenta una crisis hídrica severa, incendios forestales cada vez más frecuentes y profundas desigualdades ambientales. Tampoco hubo propuestas claras para enfrentar problemas estructurales como las zonas de sacrificio, el acceso al agua o la débil fiscalización ambiental.
En derechos humanos, el contraste fue más discursivo que programático. Kast centró su campaña en la idea de un colapso institucional y la necesidad de un “gobierno de emergencia”, mientras que Jara intentó diferenciarse del oficialismo con un enfoque más social. Sin embargo, para una parte importante del electorado, ninguna de las dos plataformas logró conectar con las preocupaciones cotidianas ni ofrecer respuestas integrales.
¿Cómo buscó la sociedad civil posicionar el medio ambiente y los derechos humanos en la agenda?
Desde Terram y junto a otras organizaciones, intentamos posicionar estas preocupaciones enviando un documento que proponía compromisos mínimos: respetar la legislación vigente, evitar retrocesos y fortalecer la transparencia. A diferencia de procesos electorales anteriores, no recibimos respuesta de ninguno de los comandos electorales, reflejo del escaso interés por abrir un diálogo sobre estos temas.
Ante ese silencio, impulsamos acciones de comunicación en redes sociales para recordarle a la sociedad que la crisis ambiental no es secundaria y que es transversal a cualquier agenda de seguridad, desarrollo y bienestar. Aun así, es extremadamente difícil disputar espacio en un debate público dominado por la delincuencia y la migración.
¿Qué implicaciones tiene el resultado electoral para el espacio cívico?
El resultado abre un escenario de gran incertidumbre. Si bien no esperamos un cierre total del espacio cívico, la experiencia regional muestra que gobiernos centrados en el orden y la eficiencia estatal pueden avanzar gradualmente en restricciones a la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, imponiendo mayores exigencias administrativas o controles que dificultan la incidencia pública.
Para las organizaciones que trabajan en derechos humanos y medio ambiente, como Terram, existe el riesgo de que se prioricen inversiones rápidas por sobre garantías socioambientales, lo que podría intensificar conflictos entre comunidades, empresas y el Estado.
¿Qué debe hacer la sociedad civil frente a este nuevo escenario?
Muchos de los avances en derechos, incluidos los ambientales, dependen de reformas legales que requieren mayorías en el Congreso, lo que será difícil con la actual correlación de fuerzas. Por eso será fundamental fortalecer alianzas, visibilizar riesgos y sostener la presión pública para evitar retrocesos.
Chile cuenta con una sociedad civil con trayectoria técnica y organizativa. El desafío será mantener esa fuerza en un contexto político más adverso, defendiendo los espacios democráticos existentes y recordando que los derechos humanos y la protección del medio ambiente no son temas sectoriales, sino pilares fundamentales de cualquier proyecto democrático.