Hitos y Desafíos: Edición 200 de InduAmbiente

Con motivo de la edición 200 de InduAmbiente, catorce personas que han aportado de distinta manera al progreso ambiental de Chile se pronuncian sobre los avances registrados en la última década y las brechas a superar para encaminarnos hacia el desarrollo sostenible. Fuente: Induambiente, 3 de julio de 2026.

Sentir el “aire pesado” en estos meses o acostumbrarnos a la presencia de un vertedero ilegal cerca de nuestro domicilio puede darnos la impresión de que Chile avanza poco y nada en materia ambiental. Sin embargo, numerosos datos y hechos relacionados con la descontaminación atmosférica o hídrica, la gestión de los residuos o la estructura institucional, muestran que sí hemos progresado de manera importante. Incluso, en algunos casos, hemos transitado por una senda que la mayoría de los países del mundo se quisiera, como ocurre, por ejemplo, con el tratamiento de los residuos líquidos domiciliarios e industriales.

Aprovechando el hito que significa la edición 200 de InduAmbiente, le solicitamos a catorce personas, con una destacada trayectoria y vinculadas desde veredas distintas a los asuntos ambientales, que se explayaran sobre los avances y desafíos de relevancia en estos temas. Los invitamos a leer sus respuestas.

Preguntas:

1.- Dentro de sus áreas de especialización y/ o ámbitos de acción ¿qué hitos o avances ambientales de la última década en Chile destacaría?

2.- ¿Qué brechas o desafíos se requiere abordar con mayor urgencia para que nuestro país transite hacia un desarrollo sostenible?

MARIE CLAUDE PLUMER
Ex Superintendenta del Medio Ambiente

1.- Indudablemente la reforma del año 2010 (Ley Nº 20.417) es el gran hito para la institucionalidad ambiental. En ella se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), siendo esta última el corazón de dicha reforma, además de los Tribunales Ambientales. La publicación de la ley Nº 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), es otro avance relevante por lo que significa en términos sustantivos para la protección de los ecosistemas, y porque con ella se completa la institucionalidad ambiental.

Un tercer hito es la Ley Marco de Cambio Climático (Ley Nº 21.455), dado que se incorpora un compromiso internacional a una ley de la República. Esto es, asegurar la carbono neutralidad al año 2050, creando para ello un modelo de gobernanza novedoso y complejo, basado en el principio de jerarquía administrativa, responsabilidad y participación. A partir de esta regulación, Chile tiene grandes desafíos para su cumplimiento, lo que requiere articulación entre los diferentes niveles y actores, pero por sobre todo decisión política para su implementación.

2.- Existen urgencias en diversas áreas que deben abordarse en términos más integrales y decididos. Está el ordenamiento territorial (terrestre, zona costera y mar), como parte angular de las falencias actuales y parte importante de los problemas. También los pasivos ambientales y la regulación del suelo, pero creo que hoy el gran desafío tiene que ver con la amenaza de retroceso en los estándares de protección ambiental vigentes, de desconocer consensos regulatorios que han fijado la base de nuestra institucionalidad ambiental (en sentido amplio). La urgencia y el reto es promover, articular y evitar que esto ocurra, y seguir avanzando en asegurar un desarrollo sostenible. Los falsos dilemas que se instalan (desarrollo o protección; protección o nulo empleo) se deben contrarrestar con debate, articulación, educación e información.

RACHEL BERNARDIN
Directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas

1.- A nivel normativo los avances han sido importantes y aquí destaco la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), cuyas metas y plazos han transformado la gestión de residuos exigiendo a fabricantes e importadores la recolección de productos prioritarios. Otro hito es el fin de las bolsas plásticas de un solo uso que redujo drásticamente la contaminación por plásticos.

Además, resalto la Ley Marco de Cambio Climático con la que Chile se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad al año 2050; la creación del SBAP, que modernizó la institucionalidad ambiental; y la reforma al Código de Aguas de 2022, que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial, asegurando su disponibilidad por sobre cualquier actividad productiva. Desde entonces el uso de las aguas equilibra las actividades económicas con la preservación ecosistémica y la sustentabilidad de los acuíferos.

2.- Chile está dentro de los países más afectados por el cambio climático y, por lo tanto, el desarrollo de obras que garanticen la provisión de agua es una urgencia que no podemos desatender. Debemos planificar y tomar decisiones hoy para que las futuras generaciones sigan contando con el recurso. Hay que trabajar en una estrategia país que convoque a todos los actores. Es esencial que todos los sectores puedan seguir desarrollando sus actividades de la mano con una gestión sostenible de las cuencas y de los recursos hídricos.

Hay brechas que aún persisten en muchos rincones del país, pero principalmente falta acceso a servicios dignos. Por ejemplo, en Chile cerca de la mitad de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable y debe abastecerse con camiones aljibe o con agua que no cumple con la norma chilena de agua potable. La gestión del agua y el desarrollo de su infraestructura debe ser abordada de manera integral y con una mirada de largo plazo, porque es un motor de crecimiento, desarrollo y progreso para el país.

RICARDO KATZ
Director de Gestión Ambiental Consultores

1.- Sin perjuicio de los avances en materia ambiental, que los ha habido, como contar con más áreas y especies protegidas, nuevas normas que regulan a diversos contaminantes, desarrollo de instrumentos para gestionar el cambio climático y otros, me gustaría destacar que durante la última década hemos sido testigos de cómo la gestión ambiental pública ha ido distanciándose de las directrices políticas materializadas a través de la legislación vigente (leyes y sus reglamentos), transformándose en una gestión dominada por la discrecionalidad administrativa.

2.- Es una pregunta enorme, pero quisiera proponer, en el marco de la definición de desarrollo sustentable de nuestra legislación, que apunta “al proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, considerando el cambio climático de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”, lo siguiente: que la gestión ambiental pública (y, por lo tanto, la respuesta del sector privado) considere que las dimensiones de calidad de vida de las personas incluyen aspectos más allá y complementarios con los ambientales, por lo que esta gestión debe cubrir todos estos aspectos sin menoscabar ninguno en la medida de lo posible. Y, de manera relevante, incluir la distribución de los costos y beneficios para no perjudicar (de nuevo en el contexto de las definiciones y prioridades de nuestra legislación) a ninguno de los componentes analizados. Para lo anterior, es básico que nuestras autoridades enmarquen su accionar en la legislación existente, que de no ser suficiente debería modificarse democráticamente en el Congreso, o sea, no de forma arbitraria ni discrecional.

JUAN ANDRÉS SALAMANCA
Gerente Comercial de Hidronor

1.- Durante la última década, Chile ha experimentado importantes avances en materia ambiental, destacando el fortalecimiento de la normativa, la consolidación de la economía circular y la incorporación de criterios de sustentabilidad como pilares fundamentales en la gestión de residuos y el desarrollo productivo del país. En este contexto, iniciativas como la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y, especialmente, la implementación de la Ley REP han impulsado una transformación estructural en la forma en que las empresas gestionan sus residuos. Estas políticas han fortalecido la trazabilidad, la innovación y la profesionalización de la industria ambiental.

Hidronor ha sido un actor relevante en este proceso, contribuyendo activamente a la gestión de residuos prioritarios definidos por la Ley REP, como aceites lubricantes usados, envases y embalajes, baterías y otros residuos industriales, aportando soluciones que favorecen al cumplimiento de los objetivos ambientales del país. Desde nuestra perspectiva, uno de los cambios más significativos ha sido la creciente incorporación de soluciones de valorización y economía circular por parte de sectores estratégicos como la minería, energía, manufactura y agroindustria.

2.- Una de las urgencias es el fortalecimiento y modernización del marco regulatorio ambiental, particularmente en materias relacionadas con la gestión de suelos contaminados, remediación ambiental y recuperación de pasivos ambientales. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no cuenta con una ley marco específica para suelos que establezca criterios, estándares y procedimientos vinculantes para la identificación, evaluación, remediación y recuperación de sitios contaminados.

Contar con una regulación moderna y específica para suelos contaminados y pasivos ambientales históricos no solo contribuiría a una mayor protección de la salud de las personas y de los ecosistemas, sino que también impulsaría la recuperación de terrenos afectados, facilitaría la reconversión de espacios para nuevos usos productivos y promovería mayores inversiones en tecnologías de remediación y recuperación ambiental.

Desde la perspectiva de Hidronor, avanzar hacia una gestión más integral de los pasivos ambientales representa una oportunidad estratégica para el país, permitiendo transformar sitios impactados y degradados en activos ambientalmente seguros y productivos, fortaleciendo así los principios de la economía circular y contribuyendo a un desarrollo sostenible de largo plazo.

JAIME SOLARI
RMD Advisor – Regional Management en SLR Consulting

1.- Chile ha tenido avances ambientales relevantes, especialmente en política climática, energía y gestión de recursos. Destacaría los siguientes hitos: liderazgo en energías renovables, principalmente en generación solar y baterías de almacenamiento (BESS); compromisos climáticos y promulgación e implementación de Ley Marco de Cambio Climático; plan de retiro de centrales a carbón, que ha sido voluntario y con un fuerte impulso público-privado; expansión de la electromovilidad, con políticas públicas para promoverlo y con Santiago con una de las mayores flotas de buses eléctricos fuera de China; desarrollo del hidrógeno verde, incluyendo una estrategia nacional y potencial por sus recursos solares y eólicos; impulso a la economía circular e implementación de Ley REP, que obliga a empresas a hacerse cargo de ciertos residuos; protección de la biodiversidad, con expansión de las áreas marinas protegidas y la creación del SBAP; e introducción de un impuesto al carbono para fuentes fijas y avances hacia mecanismos más sofisticados de mercado de emisiones.

2.- Chile enfrenta desafíos importantes, como crecimiento económico y equidad social, pero también facilitar la desalación para resolver la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático y en lo relativo a conflictos socioambientales y legitimidad de proyectos. El desarrollo económico es importante porque permite financiar la transición energética, adaptación climática e infraestructura. Además, genera empleo y legitimidad social para políticas públicas y atrae inversión extranjera, lo cual es clave en sectores como minería, energía e hidrógeno verde.

Tenemos que enfrentar el desafío del crecimiento bajo y volátil en la última década, que está marcado por alta dependencia de recursos naturales y baja productividad. Si el crecimiento es débil disminuye la capacidad de financiar la transición verde y aumenta la presión social y el riesgo político/regulatorio. Por otro lado, avanzar en equidad social es un factor decisivo, ya que determina la legitimidad del modelo de desarrollo, influye directamente en la aceptación de los proyectos y reduce conflictividad y riesgos de disrupción. En definitiva, el verdadero desafío en Chile no es solo “más sostenibilidad”, sino que hacer compatible el crecimiento, la equidad y la transición ambiental sin que colapsen entre sí.

JOAQUÍN VILLARINO
Presidente Ejecutivo del Consejo Minero

1.- Partiendo por lo más general, la minería chilena ha sido parte y ha acompañado todos los avances en materia de exigencias y buenas prácticas ambientales. Fue el sector pionero en evaluación ambiental de proyectos, en tener una legislación específica de cierre de faenas, y es por lejos el que más ha impulsado la desalación de agua de mar y la generación eléctrica renovable, por dar algunos ejemplos. También fue el primero en declarar públicamente sus metas en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de la carbono neutralidad al 2050.

Desde el Consejo Minero, en representación de la gran minería, hemos participado en todos los debates de políticas públicas ambientales de la última década, como las reformas al SEIA y sobre biodiversidad, responsabilidad extendida del productor, relaves, desalación de agua de mar, y mitigación y adaptación al cambio climático, tratando siempre de aportar una mirada de largo plazo, con el desarrollo sustentable como guía central. Un resultado visible es que hoy cerca del 80% de la electricidad que consume la gran minería proviene de fuentes renovables, con proyecciones de acercarnos al 100% al año 2030. Además, más de 1/3 del agua que usa el sector proviene del mar y, de acuerdo a los proyectos en carpeta, se alcanzarán los 2/3 a comienzos de la próxima década.

2.- El mayor desafío que vemos es que las exigencias ambientales respondan a criterios técnicos, sean aplicadas con eficiencia y sus modificaciones sean predecibles y fundadas. Afortunadamente, en el último tiempo se ha tomado mayor conciencia de que la protección de bienes valiosos para la sociedad, como el medio ambiente, no tiene por qué significar una acumulación incoherente de exigencias, porque con eso caemos en lo que se ha denominado permisología.

Dentro de los retos ambientales del sector está la generación de relaves, los que, pese a todas las medidas de prevención y cuidado adoptadas por las empresas, siguen siendo desechos mineros. Otro desafío es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero directas, particularmente el uso de diésel en los grandes camiones de extracción, que concentran cerca del 80% de éstas. Aquí todavía no existen tecnologías costo-efectivas para una sustitución masiva por soluciones de bajas emisiones, y los estudios disponibles proyectan que recién hacia 2035 comenzaríamos a ver los cambios. Acelerar esa transición requiere que los fabricantes de equipos adelanten las innovaciones requeridas y condiciones habilitantes, como un costo competitivo de la energía eléctrica, que hoy no están resueltas.

ÁLVARO OLIVER
Gerente de Operaciones en Ambiente y Tecnología (AyT)

1.- Desde la mirada de AyT, uno de los avances más relevantes de la última década ha sido la consolidación de una cultura de monitoreo ambiental más robusta, trazable y permanente. Chile ha progresado de manera importante en exigir datos confiables para la toma de decisiones, especialmente en calidad del aire, emisiones atmosféricas y reportabilidad en línea hacia la autoridad. Esto ha permitido que la industria entienda que el cumplimiento ambiental no es solo una obligación normativa, sino que una herramienta concreta para mejorar su gestión, anticipar riesgos y operar con mayor transparencia frente a las comunidades y al país.

2.- El principal desafío es acelerar la capacidad del país para transformar la información ambiental en acciones oportunas. Hoy contamos con más tecnología, mejores instrumentos y mayores exigencias, pero aún existen brechas en integración de datos, fiscalización preventiva, continuidad operacional y formación técnica especializada. Para avanzar hacia un desarrollo sostenible necesitamos fortalecer la colaboración entre el sector público, la industria, la academia y los proveedores tecnológicos, promoviendo soluciones que aseguren mediciones confiables, trazabilidad, automatización y decisiones basadas en evidencia. En AyT creemos que la sostenibilidad se construye con compromiso, innovación y datos de calidad al servicio de una mejor gestión ambiental.

FLAVIA LIBERONA
Directora Ejecutiva de Fundación Terram

1.- El avance ambiental de Chile ha sido lento. Si bien en los últimos 10 años han pasado muchas cosas, estamos muy lejos de ser un país que tiene regulaciones ambientales de acuerdo a las necesidades de la población y resuelta la protección del patrimonio natural, pues aún está abierto el debate entre cuidado del medio ambiente y fomento a la inversión. De hecho, si se revisan las Evaluaciones de Desempeño Ambiental de la OCDE de los años 2005, 2016 y 2024 en reiteradas oportunidades se señala que debemos fortalecer la institucionalidad ambiental y la protección de la naturaleza. Además, sus recomendaciones plantean muchos desafíos, particularmente sobre normativa.

Entre los avances de estos años podemos mencionar la aprobación de un número importante de regulaciones, como la Ley REP, la Ley de Humedales Urbanos, la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley que crea el SBAP. Sin embargo, muchas veces estas regulaciones carecen del presupuesto adecuado para su implementación, o la elaboración de los reglamentos es lenta y, por lo tanto, no se logra el objetivo de la ley.

2.- Lo primero es señalar que es muy difícil que Chile transite hacia un desarrollo sostenible cuando la mayoría de los actores políticos se ocupan de facilitar la inversión y no del bienestar de la población y/o de la conservación del patrimonio natural. En ese sentido, carecemos de actores políticos que tengan una visión más integral sobre los desafíos ambientales del país, que miren el futuro, por ello una de las grandes brechas es la ignorancia o la poca importancia que le atribuyen estos actores a la temática ambiental. Un desafío concreto, que fue señalado en el informe OCDE 2024, es la implementación de la Ley N° 21.600 con un presupuesto adecuado. También es muy relevante avanzar en la protección de glaciares y gestión del agua; actualizar la normativa ambiental de acuerdos a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lograr tener una normativa sobre suelos, hoy inexistente.

JORGE CÁCERES
Director del Centro Medio Ambiente y Energía de Sofofa

1.- Destaco la continuidad a la baja en las concentraciones de MP2,5 en la RM, en un contexto de rendimientos decrecientes de escala, dado que las medidas más costo-efectivas ya se implementaron entre 1996 y 2016. Lo anterior resulta significativo considerando el aumento del parque vehicular a tasas del orden del 10% anual desde la pandemia. Durante la reciente Cumbre Ambiental de Sofofa, el profesor Petros Koutrakis de la Universidad de Harvard, principal expositor de la jornada, señaló que cuando Santiago tenía 70 microgramos por metro cúbico, se producían 2.800 muertes anuales por efectos agudos. Ahora, gracias a que los niveles se han reducido a la cuarta parte, se registran alrededor de 700 muertes anuales. Por lo tanto, la mejora en la calidad del aire supone un beneficio neto de 2.100 muertes evitadas anualmente. Expuso también que la mortalidad crónica anual actual rondaría las 4.600 muertes, mientras que en 1989 la cifra ascendía a 74.600.

Otros logros ambientales relevantes son el protagonismo de las energías renovables no convencionales, hasta superar el 45% de la matriz de generación en el país, y el fuerte avance de la desalación, que con más de 30 plantas en el país ya supera los 14.000 litros por segundo. Y no sólo para satisfacer la demanda productiva sino también, progresivamente, la de agua potable.

2.- Hablar de desarrollo sostenible conlleva intrínsecamente el desafío de armonizar crecimiento económico con protección ambiental y de la salud de los habitantes del país. Tenemos la convicción de que lo anterior no sólo es posible, sino también urgente dados los cuestionamientos al sistema de permisos ambientales y sectoriales.

Respecto a las brechas, una muy importante sigue siendo el uso intensivo de leña para calefacción residencial, que explica hoy de manera mayoritaria los altos niveles de MP2,5 que se observan en las ciudades del centro y sur del país. En la cumbre de Sofofa presentamos también una agenda ambiental estructurada en base a 3 ejes, que buscan continuar propiciando la colaboración público-privada para ir adelante con soluciones a desafíos como los expuestos. El primero se enfoca en el desarrollo de instrumentos económicos altamente efectivos. En adición al desarrollo de metodologías de compensación de emisiones, hemos impulsado el uso del mercado del carbono en sus dimensiones actualmente disponibles. Un segundo eje apunta a la necesidad de elevar los estándares de monitoreo de emisiones y descargas, ya que no contamos aún con sistemas consolidados de aseguramiento y control de la calidad de los monitoreos y reportes. Y el tercero se vincula con los desafíos de modernización regulatoria. Con ello nos referimos a vacíos como los que existen en la gestión de residuos. También existen retos relevantes en adaptación climática.

FRANCISCO DE LA BARRERA
Director del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción

1.- Destacaría, en primer lugar, la creciente profesionalización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el desarrollo de numerosas guías técnicas por parte del SEA que han permitido facilitar la elaboración de declaraciones y estudios de impacto ambiental, incorporando mejores criterios y mayor certeza en materias como biodiversidad, cambio climático y seguimiento
ambiental.

Un segundo avance relevante ha sido la digitalización y apertura de datos ambientales. La disponibilidad de información de monitoreo, seguimiento y plataformas geoespaciales ha incrementado la transparencia y fortalecido la toma de decisiones basada en evidencia, además de potenciar la investigación aplicada y la participación de diversos actores.

Finalmente, es destacable el proceso de descarbonización impulsado en el país, particularmente el cierre progresivo de centrales termoeléctricas a carbón y la expansión de las energías renovables, con estudios estratégicos a nivel territorial para reducir la conflictividad y orientar la inversión.

2.- El principal desafío es pasar desde una etapa de consolidación institucional a una de innovación ambiental. Muchas de nuestras normas y metodologías de evaluación requieren actualización para incorporar la mejor tecnología disponible, nuevas herramientas de monitoreo y el conocimiento científico generado en los últimos años. Los problemas ambientales son hoy más complejos, interdependientes y dinámicos, y nuestras respuestas deben evolucionar al mismo ritmo.

Asimismo, las medidas de mitigación, reparación y compensación han mostrado escasa innovación en la última década. Se requiere avanzar hacia enfoques más sistémicos, basados en la naturaleza y orientados a generar beneficios ambientales y sociales de largo plazo, fortaleciendo la resiliencia de los territorios.

Otro desafío es incorporar voluntariamente herramientas emergentes, como el capital natural y los enfoques de naturaleza positiva, que permitan reconocer el valor estratégico de los ecosistemas para la economía y el bienestar humano. En un contexto de crisis climática e incertidumbre creciente, Chile necesita fortalecer la investigación aplicada y la articulación entre ciencia, sector público, empresas y comunidades, para transformar el conocimiento en soluciones concretas y anticiparse a los riesgos del futuro.

ANTONIA BIGGS
Gerenta General de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR)

1.- Sin duda, uno de los avances ambientales más relevantes de la última década ha sido la promulgación e implementación de la Ley REP. Esta política pública marcó un cambio estructural en la forma en que Chile aborda la gestión de materiales descartados, al incorporar el principio de responsabilidad compartida y establecer metas para la recolección y valorización de materiales prioritarios.

La Ley REP no solo impulsa el reciclaje, sino que también promueve una transformación cultural y productiva orientada a prevenir la generación de residuos y avanzar hacia una economía circular. Su implementación ha impulsado también inversiones y ha generado nuevas oportunidades para recicladores de base.

2.- Uno de los desafíos más urgentes para avanzar hacia un desarrollo sostenible es enfrentar la creciente presión que existe sobre la infraestructura de disposición final de materiales descartados. En muchas regiones del país, rellenos sanitarios y vertederos se encuentran próximos a cumplir su vida útil, generando una situación que requiere atención prioritaria desde la política pública y la gestión territorial.

Si bien Chile ha avanzado significativamente con la implementación de la Ley REP y el fortalecimiento de la economía circular, aún es necesario acelerar la recuperación de materiales antes de que éstos lleguen a disposición final. Esto implica fortalecer la prevención, reutilización, reparación, reciclaje, compostaje y valorización energética, así como ampliar la infraestructura necesaria para valorizar residuos a lo largo del país.

También resulta fundamental generar mayores incentivos para el uso de materiales reciclados, fomentar la innovación y promover una participación más activa de ciudadanos, empresas y gobiernos locales. La transición hacia un modelo sostenible no depende únicamente de una buena regulación, sino de la capacidad de construir ecosistemas colaborativos que permitan mantener los recursos en circulación el mayor tiempo posible. Reducir la dependencia de los rellenos sanitarios es hoy una necesidad ambiental, económica y social para Chile.

SUSANA BUSTOS
Directora Ejecutiva del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)

1.- El principal avance ambiental ha sido la construcción de un consenso transversal en torno a la importancia de la acción climática, consolidándola como una política de Estado, más allá de gobiernos e instrumentos específicos. En ese contexto, la Ley Marco de Cambio Climático constituye un hito fundamental, ya que establece obligaciones permanentes para el Estado, fija la meta de carbono neutralidad al 2050 y asigna responsabilidades a ministerios, gobiernos regionales y municipios para implementar y monitorear medidas de mitigación y adaptación.

Otro avance destacado es la transformación de la matriz energética. Hace diez años, las energías renovables no convencionales representaban cerca del 5% de la capacidad instalada; hoy generan alrededor del 45% de la electricidad del país. A ello se suma el Plan de Descarbonización, que ha permitido el cierre de 14 unidades a carbón, equivalentes a la mitad del parque original.
En biodiversidad, la creación del SBAP y del SNAP apuntan a fortalecer la conservación de ecosistemas y especies, junto con impulsar la expansión de áreas marinas protegidas, la protección de especies amenazadas y la restauración ecológica. Finalmente, valoro la incorporación de la protección ambiental al debate público.

2.- Un gran desafío es evitar retrocesos en los compromisos climáticos del país. La acción climática ha logrado consolidarse con un consenso transversal, reconociéndose que la transición hacia una economía resiliente al clima es clave para el desarrollo y la competitividad de Chile. Sin embargo, este consenso enfrenta cuestionamientos que minimizan la urgencia de la crisis climática, y para un país altamente expuesto a los impactos del cambio climático es fundamental continuar avanzando de manera decidida en esta agenda.

La implementación de la Ley Marco de Cambio Climático conlleva importantes desafíos como fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, impulsando la investigación interdisciplinaria, el estudio de riesgos climáticos compuestos, la gobernanza de datos climáticos, la modelización hidrometeorológica, el diseño de medidas efectivas de adaptación y mitigación y herramientas de monitoreo. Asimismo, se requiere fortalecer la articulación entre ciencia y políticas públicas, la gobernanza climática y la formación de capacidades.

En materia energética, el desafío es desarrollar sistemas de almacenamiento y fortalecer las redes de transmisión para aprovechar mejor la generación disponible. Al mismo tiempo, Chile debe avanzar con mayor rapidez en la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles.

MARCEL SZANTÓ
Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

1.- En la última década, Chile ha experimentado una transformación estructural profunda en la gestión de sus residuos, pasando de una acción sanitaria hasta lo que hoy conocemos como modelo de economía circular regulada. La transición hacia este modelo es muy desafiante. Es un tema que ha tomado la relevancia y ocupado la agenda de instituciones públicas y privadas con mayor claridad desde este decenio. Hoy podemos decir que este paradigma será un desafío para nuestra sobrevivencia. En ese contexto, hay que tener muy claro que la ley REP es una medida ecoeficiente y no eco efectiva: la intervención y procesamiento de los residuos se hace a posterior, cuando éstos ya son tales, y no se examina ni se legisla sobre los procesos que han generado esos residuos.

Respecto a hitos, destaco la vigorización de la Ley REP, la puesta en marcha de grandes sistemas de gestión colectivos y el desarrollo del ecoembalaje. También la prohibición en la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio, la Ley de Plásticos de un Solo Uso, la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, y el reconocimiento y formalización de los recicladores de base.

2.- Para avanzar hacia un desarrollo sostenible integral hay que tener una estrategia de desarrollo consensuada que implique recuperar tasas de crecimiento económico cercanas al 4% anual. Para eso, hay que elevar las tasas de inversión en todos los sectores de la economía, fortalecer el capital humano y aumentar las tasas de la productividad, entre otros factores. Lo segundo es disminuir persistentemente la desigualdad y el centralismo, para finalmente combatir con rigor y consistencia las externalidades ambientales negativas como la contaminación y deforestación. Además, debemos cuidar y respetar la biodiversidad, profundizar y extender políticas que incentiven la economía circular en todas las regiones y contar con una estrategia de corto, mediano y largo plazo que vaya minimizando los efectos negativos del cambio climático en todo nuestro territorio.

CLAUDIO SALAS
Gerente General de Simtech

1.- Los avances ambientales más destacados en Chile durante la última década han sido variados. Los principales son la descarbonización de la matriz energética, la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y la revisión de los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigentes en distintas regiones. También se ha progresado en el resguardo de las áreas mareas marinas protegidas, en el marco regulatorio integral para el uso de agua de mar (Ley 21.813), en la construcción de plantas desalinizadoras multipropósito para aumentar la cobertura de abastecimiento hídrico, y en la gestión de cuencas. Otros hitos han sido el retiro gradual de las centrales termoeléctricas a carbón, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, la aplicación de la Ley de Eficiencia Energética y la incorporación de flotas de buses eléctricos en el transporte público de la RM y de otras regiones.

2.- Las brechas más urgentes que Chile debe resolver para alcanzar un desarrollo sostenible se centran en la crisis de gestión del agua relacionada con la escasez y seguridad hídrica. Respecto a esto último, urge implementar planes de gestión integrada de cuencas para frenar el sobre otorgamiento de derechos de agua. Y en infraestructura se debe acelerar la inversión en plantas desalinizadoras público-privadas y complementarlas con sistemas de reutilización de aguas servidas y grises.