La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió la clausura total y definitiva del vertedero ilegal ubicado en el humedal Vasco Da Gama, en la comuna de Hualpén, luego de acreditar una serie de infracciones por parte de sus responsables, quienes operaban una escombrera sin autorización ni medidas de mitigación ambiental en un ecosistema protegido.

La decisión, publicada esta semana en el sitio oficial del organismo, se dictó tras un largo proceso de investigación iniciado en 2018 y contempla además una multa de $1.800.000. Sin embargo, la resolución ha generado molestia y desconfianza entre autoridades locales y representantes de la comunidad, quienes cuestionan no solo la baja cuantía de la sanción, sino también la capacidad real del Estado para hacerla cumplir.

“Nos parece bastante irrisorio el resultado de una investigación de más de cinco años. Toda la irregularidad del relleno ilegal estaba a la vista. La multa es de solo $1.800.000, cuando en el mismo informe se acredita que esta familia ha ganado más de $300 millones cobrando por la descarga de escombros. ¿De qué sirve tanto trámite si las sanciones dan risa?”, manifestó el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera.

Desde el municipio señalaron que incluso han instalado barreras físicas en el sector para impedir el paso de camiones, pero que ha sido la misma Superintendencia la que ha solicitado retirarlas. “Nos piden dejar pasar y después tardan cinco años en actuar. La verdad es que no sé si es poco serio, pero al menos es irrisorio”, agregó el jefe comunal.

La resolución se emite en un contexto de creciente presión ciudadana por la recuperación del humedal, declarado urbano en 2023 y parte fundamental de la red ecológica comunal. Para Luisa Valenzuela Martínez, fundadora del Comité de Defensa y Restauración del Vasco Da Gama, el fallo representa un avance, pero insuficiente y poco creíble frente al historial de incumplimientos del titular.

“No nos deja conformes. Esta familia no cumplió ni la primera ni la segunda resolución, ¿por qué habrían de cumplir esta vez la clausura? Han hecho lo que quieren porque tienen recursos, abogados y porque el sistema lo permite”, declaró la dirigenta, quien también es encargada de Medio Ambiente de la Junta de Vecinos Parque Central.

Valenzuela recordó que junto al municipio presentaron en 2023 una querella penal amparada en la nueva Ley de Delitos Ambientales, vigente desde ese mismo año. En ella se apunta directamente a los propietarios del recinto como responsables del daño ambiental al humedal, por permitir el ingreso de camiones con escombros, residuos de demolición e incluso restos de vehículos.

“Este es un caso ejemplar, no solo por la magnitud del daño, sino por cómo han operado sin ningún tipo de permiso, sin pagar impuestos, sin registro alguno. Lo más grave es que hoy cualquiera podría hacer lo mismo, total, se paga una multa ridícula y se sigue igual. Eso es lo que queremos evitar”, expresó la dirigenta, quien esta semana sostuvo reuniones con la Fiscalía para reforzar la arista penal del caso.

Según consta en la resolución sancionatoria N° 1/R-2024 emitida por la SMA, se ordena aplicar la sanción de clausura total y definitiva del recinto, debido a infracciones graves cometidas al operar un vertedero sin permisos en una zona protegida. La resolución detalla que los responsables obtuvieron beneficios económicos estimados en $312.480.000 por permitir el ingreso de residuos a un terreno ubicado en pleno humedal urbano.

En el texto se lee que “los ingresos obtenidos por el titular producto de su actividad irregular contrastan significativamente con la multa impuesta, y permiten evidenciar una conducta persistente en el incumplimiento de la normativa ambiental”, lo que ha intensificado las críticas a la sanción monetaria, considerada baja frente al daño provocado.

Respecto al proceso de clausura, la SMA explicó que esta debe ser visada por el Tercer Tribunal Ambiental, como lo establece el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), una vez vencidos los plazos para presentar recursos de reposición. Solo tras esa autorización, se procederá a la ejecución formal del cierre.

“La ejecución práctica de la medida es de cargo del titular, debiendo intervenir la oficina regional de Biobío de la SMA para fiscalizar el cumplimiento de dicha medida”, indicaron desde la entidad. Añadieron que, dada la naturaleza del caso, se contempla un plan de fiscalización posterior para evitar la reactivación del vertedero y nuevos ingresos de residuos.

No obstante, desde la comunidad existe desconfianza. Valenzuela insiste en que “si no se instala vigilancia permanente o una barrera efectiva, los camiones van a seguir ingresando. Aquí hay una desarmaduría, siguen botando metales y restos de vehículos. Hay una impunidad evidente”, sostuvo.

Además, la SMA advierte que el incumplimiento de la clausura definitiva puede constituir delito, con penas que van desde presidio menor en su grado mínimo hasta multas de 50 a 500 UTM, según el artículo 37 ter de la LOSMA. Pero desde la Municipalidad de Hualpén y el Comité de Defensa temen que esa eventualidad se vuelva nuevamente letra muerta si no existe presencia activa del Estado.

“Llevamos años peleando por proteger este ecosistema, instalamos vallas, hicimos denuncias, presentamos querellas. Y mientras tanto, el relleno seguía funcionando frente a todos. Si la clausura no se cumple, la señal es gravísima”, concluyó el alcalde Rivera.