Iniciaron alegatos de clausura en caso SQM en medio de críticas por extensión de la causa

Las defensas de ME-O y Pablo Longueira afirmaron que la extensión del juicio atenta contra el derecho de los imputados a ser juzgados en plazo razonable: “No es posible que una persona esté siendo investigada 12 años, no es posible que una persona esté sometida además a juicio por dos años y medio”. Fuente: El Mostrador, 2 de junio de 2025

Tras cerca de diez años desde que estalló el caso y más de dos de juicio, este lunes comenzó la última etapa del caso SQM con los alegatos de clausura de las partes. La causa, derivada del caso Penta, es considerada uno de los más complejos casos de corrupción en Chile desde que existe la Reforma Procesal Penal (2000).

El caso estalló en 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Desde entonces, el Ministerio Público ha investigado los pagos ilegales a políticos de distintas tendencias. Se considera que la minera, controlada en 2015 por el exyerno de Augusto Pinochet Julio Ponce Lerou pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas vinculadas a la política, con el objeto de financiar campañas parlamentarias y presidenciales (Sebastián Piñera, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ME-O), además de financiar directamente a algunos partidos políticos.

La Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a ocho personas por, principalmente, delitos tributarios, como boletas y facturas ideológicamente falsas para el financiamiento irregular de la política.

Entre los acusados se cuentan el exsenador Pablo Longueira; el precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; y el exgerente general de la empresa minera, Patricio Contesse. El resto de los querellados son Cristián Warner, Marisol Cavieres, Carmen Valdivielso, Marcelo Rozas y Roberto León.

“Es bastante satisfactorio haber llegado a este punto ya casi a 2 años y medio de juicio. Hay una cierta satisfacción de haber llegado a este punto porque se hace una valoración de toda la prueba rendida”, expresó la abogada defensora de Longueira, Joanna Heskia, a la entrada de la sala de audiencia. En esa línea, aseguró que se encuentran tranquilos porque, “no obstante la inmensa cantidad de prueba que se ha rendido, nada ha permitido comprobar alguna responsabilidad de nuestro representado en los hechos que se le atribuyeron”.

Igualmente, reiteró sus reparos respecto a la duración de la investigación del caso y posterior juicio: “Hemos sido súper duros, dando cuenta de un excesivo tiempo que se ha tomado en rendir la prueba, se rindió muchísima que no era pertinente, otra que era repetida. Yo creo que este juicio pudo haber sido muchísimo más corto”.

Lectura del caso al que se sumó el defensor tanto de ME-O y Warner, Aldo Díaz: “Como siempre hemos señalado en la investigación y en este juicio se han vulnerado derechos, especialmente a ser juzgado en plazo razonable. No es posible que una persona esté siendo investigada 12 años, no es posible que una persona esté sometida además a juicio por dos años y medio”.

“Algunos fiscales del Ministerio Público han abusado de esta investigación y por tanto creemos que esta investigación y juicio evidentemente han vulnerado, por todo el tiempo transcurrido, los derechos de nuestro representado”.

Consultado sobre si la investigación en contra de Enríquez-Ominami afectó a sus opciones presidenciales, Díaz afirmó que, en efecto, existe un “matiz político” en la causa: “Se ha investigado a algunos y a otros no. Y eso ha sido decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Ministerio Público, y tendrán que hacerse cargo algunos fiscales como el SII de las infracciones que han existido acá y de la falta de igualdad en la investigación y el juicio”.