La dramática ausencia de política pública: Incendios forestales
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, analiza cómo, a casi una década de la denominada ‘tormenta de fuego’ de 2017, Chile sigue sin contar con una política efectiva de prevención de incendios forestales. A partir del lento avance legislativo y de las falencias del actual marco institucional, la autora aborda las tensiones entre el rol del Estado y la propiedad privada, así como las deudas pendientes en materia de planificación territorial y prevención. Finalmente, advierte que, pese al aumento de recursos para el combate del fuego, el país continúa reaccionando tarde frente a una amenaza cada vez más recurrente. Fuente: La Nueva Mirada, 22 de enero de 2026.
Como sabemos la memoria es frágil y parece serlo más aún cuando se trata de avanzar en políticas públicas. Parece increíble que una vez más no estemos preparados como país para afrontar de mejor forma los voraces incendios forestales que en estos días afectan a varias regiones de Chile.
A pesar de esta memoria frágil, algunas personas recordaran que entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2017, varias regiones de Chile ardieron en lo que se conoció como “tormenta de fuego”. Hasta esa tragedia los incendios a nivel mundial se clasificaban en una escala de 1° a 5° generación, sin embargo, este fue calificado como el primer incendio de 6° generación a nivel mundial por el Sistema de Protección Civil de la Unión Europea debido a su comportamiento e impacto.
Producto de esta “tormenta de fuego”, a fines de marzo del año 2017 se aprobó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Entre las conclusiones de esta comisión se señalaba la importancia de contar con mejores políticas públicas para la prevención y combate de incendios. Cabe recordar que, en 2017 entre las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, fueron afectadas 280.500 ha de plantaciones forestales, 77.000 ha bosque nativo, 76.000 ha de praderas y matorrales, 31.000 ha de terrenos agrícolas y 1.700 ha, correspondientes a otro tipo de terrenos entre los cuales se consideraron las zonas urbanas, humedales y superficie sin vegetación. El resultado, más de 500.000 ha consumidas bajo los incendios con distinto nivel de severidad, afectadas en estas tres regiones. Pese a estos acontecimientos y a los posteriores incendios ocurridos en el país, Chile no cuenta en la actualidad con una la ley de prevención y combate de incendios.
Cabe recordar que cuando se desarrollaba esta comisión investigadora en abril del mismo año, el gobierno ingreso al parlamento un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional Forestal (boletín N°11.175), el cual en su título VI se refería a la protección contra incendios forestales, el texto en cuestión se refería a temas de prevención de incendios y más específicamente a establecer una normativa para regular la zona de interfaz urbano rural.
Lo triste es que este proyecto de ley recién fue aprobado por el parlamento en abril de 2025 (Ley N° 21.744), o sea 8 años después que ingresó al legislativo y lo más preocupante es que en el texto final no quedó consagrado nada de lo referente al interfaz urbano rural, aunque si se le entregan algunas competencias a este nuevo servicio en materia de incendios.
Por otra parte, en octubre de 2023, el gobierno del presidente Boric ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de Ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales (Boletín N° 16.335). Esta iniciativa legal fue aprobada por esta cámara en marzo de 2024 y comenzó su tramitación en el Senado durante el mismo mes donde fue aprobada en la comisión de Agricultura a fines de enero de 2025, para pasar a la comisión de Hacienda del Senado donde está radicado en la actualidad. ¿Qué falta para que se apruebe y se convierta en ley? Básicamente que sea probado por la Comisión de Hacienda y la sala del Senado para luego pasar a tercer tramite constitucional.
El proyecto que regula la prevención y el combate de incendios forestales y rurales tiene como propósito realizar esta tarea con un enfoque preventivo y coordinado, fortaleciendo capacidades ya existentes. En este sentido, la iniciativa del ejecutivo define la zona de interfaz urbano rural y establece que esta deberá quedar definida en los instrumentos de planificación territorial, también señala que en estas áreas se deberán establecer medidas de prevención de incendios y además se deberán actualizar y sumar nuevos instrumentos de gestión forestal, fundamentalmente se refiere a planes de manejo. También el proyecto de ley se refiere a zonas de amortiguación en zonas ruarles, donde se deberían ejecutar acciones de prevención de incendios. Un tema relevante es quien diseña y quien implementa estas acciones.
Sin embargo, el tema de fondo que se plantea en este proyecto de ley se refiere al rol del estado en terrenos privados. El que instituciones públicas tengan potestades para regular la zona de interfaz urbano rural, así como las de amortiguación, colisiona con el derecho de propiedad privada, que en Chile tiene categoría de supremo. Evidentemente lo que debemos discutir y enfrentar como discusión pública es el rol del estado en materia de políticas s forestales, cuando se trata de incendios. Hasta ahora los privados no han querido ser regulados y probablemente esta posición no va a cambiar. Entonces ¿cómo se hace para que las plantaciones de especies exóticas no colinden con zonas urbanas? ¿Cómo se desarrollarán e implementan acciones?
El drama que se ha vivido en estos días en regiones del sur de Chile nos hace reflotar las historias de incendios que han ocurrido en el país en los últimos años y si bien, desde el 2017 a la fecha se ha incrementado el presupuesto destinado al combate de incendios, resulta evidente que hemos avanzado muy poco en temas de prevención ante estos desastres. Lograr la aprobación del proyecto de ley sobre prevención de incendios forestales y rurales es solo es un primer paso, luego queda la elaboración de reglamentos para su implementación. Pero probablemente la discusión de fondo seguirá sin ser abordada, esto es el rol del y sobre todo las potestades que tiene el estado en políticas públicas como son la prevención y combate de incendios forestales.